Por la causa de las fotocopias Bonadío citó a Cristina Kirchner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra a declarar
En el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, el juez federal Claudio Bonadío citó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto ex funcionarios de su gobierno, y más de cien empresarios, entre los que se encuentran el primo del presidente y el presidente del Grupo Roggio.
Como es de público conocimiento, Ángelo Caltaterra es el primo de Mauricio Macri, a quien el presidente le transfirió Iecsa, la ex constructora del Grupo Sociedad Macri (SOCMA), involucrada también en el caso Odebrecht por la obra del tren Sarmiento.
A partir de la investigación del fiscal Franco Picardi, quien actúa en la causa de coimas en el soterramiento del Sarmiento, una licitación otorgada a IECSA y Odebrecht junto a Ghella y Comsa, Ángelo Calcaterra no se desprendió realmente de la constructora familiar IECSA y la controla a través de una offshore junto a Marcelo Mindlin, quien apareció como comprador de la empresa.
El caso de Aldo Roggio es menos conocido. Se trata de un empresario ligado a la construcción, vinculado a la última dictadura cívico militar, hoy dueño de Metrovías y máximo jefe del Grupo Benito Roggio e hijos, con quien mantiene intereses en común con el Gobierno de la Ciudad, donde el Pro gobierna hace más de 10 años.
Entre 1976 y 1983, el Grupo Roggio fue favorecido en la construcción de ATC y el estadio Chateaux Carreras, en la previa del Mundial 78. Todas las obras de ese evento fueron denunciadas por los fenomenales sobreprecios y estafas.
Pero, además, durante esos años los Roggio hicieron negocios con las obras de la Central Térmica y el aeropuerto de Tucumán, los Tribunales, el aeropuerto y la Central de Policía de Córdoba, y empezaron a recolectar la basura gracias a su relación con el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore, cercano a la familia Macri. También se beneficiaron con otras obras, como parte de la Asociación Argentina de Carreteras, que manejaba junto a los militares los fondos de Vialidad Nacional.
Los Roggio ganaron durante ese período 1.000 millones de dólares, según sus propias fuentes (Luis Majul, Los dueños de la Argentina). También tuvieron tiempo de crear la Fundación Mediterránea, una usina de ideas liberales que aportaría funcionarios a la dictadura. Uno de ellos sería Domingo Cavallo, el hombre que en 1982 estatizaría las deudas privadas de todos los grandes grupos empresarios.
Las declaraciones indagatorias se llevarán a cabo en los tribunales de Comodoro Py a partir del 20 de febrero.