El titular del PJ bonaerense cerró el encuentro nacional de Salud en esa localidad entrerriana, junto a referentes vinculados al área.

Máximo Kirchner cerró este sábado la novena edición del Encuentro Nacional de Salud en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, cuando faltan pocos días para que Cristina Kirchner vuelva a encabezar un acto: será el próximo jueves en el Estadio Único de La Plata, con motivo del Día de la Militancia, a 50 años del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina.

“Creo que si le ponemos garra, cabeza, mucho corazón… porque creo que muchas de las cosas que faltan, son eso. No hay que usar la palabra empatía como si fuera un slogan, sino como como lealtad. A la empatía hay que creerla, sentirla, practicarla, esto es muy necesario”, dijo el secretario general de La Cámpora.

Y añadió: “El rol de cada compañero o compañera, más allá del rol particular, tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar a nuestro país adelante. Porque realmente, a cada uno y cada una nos da tristeza tener el país como lo tenemos, más cuando supimos, entre 2003 y 2015, que se podía”.

En su discurso, el legislador oficialista cuestionó a la oposición: “Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los 90. La Argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás”.

En su cierre, hizo una referencia a las elecciones de 2023, pero aclaró que los nombres no son lo importante: “Démonos la oportunidad de volver a soñar, terminemos con los imposibles. No importan los nombres y los apellidos, sino las ganas que tenga el pueblo de volver a tener una Patria libre, justa y soberana”.

Además de Máximo Kirchner y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijeron presentes funcionarios de otras provincias como la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez; su par de Chaco, Carolina Centeno; el intendente de Gualeguaychú, Esteban Piaggio, y representantes de sindicatos, de asociaciones de profesionales, de colegios médicos y decanos de universidades.

La iniciativa fue presentada en el Senado por Oscar Parrilli. Se debatirá el miércoles que viene en el recinto de la Cámara Alta.

El miérocles próximo se tratará en el plenario de las comisiones de presupuesto y de Educación del Senado, el proyecto de ley presentado por el senador de Neuquén, Oscar Parrilli para crear la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

La sede de la institución universiataria se encuentra ubicada en la ciudad de Buenos Aires y la estructura del Instituto del organismo que dirige Hebe de Bonafini.

Parrilio presentó el proyecto apenas asumió como senador, pero perdió estado parlamentario y volvió a escribirlo durante 2022 para que sea aprobado y así las Madres puedan contar con su universidad.

El instituto fue estatizado en 2014 y pasó depender del Ministerio de Justicia. La oposición de entonces no aprobó esa ley porque lo vinculaba a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, denunciada por supuestos desmanejos en la gestión de planes de vivienda a cargo de Sergio Schoklender, despedido por Bonafini. A dos años de asumir, Mauricio Macri la intervino.

Si se sanciona esta ley, la Universidad de las Madres ingresará al sistema de universidades nacionales y se podrá sumar al presupuesto educativo que aprueba cada año el Congreso.

La iniciativa establece que “los contenidos de los planes de estudio en las carreras, posgrados, diplomaturas y demás cursos, extensión o enseñanza que imparta la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo estarán orientados en la defensa y protección de los Derechos Humanos”.

Mientras que se delega en el Poder Ejecutivo la “transferencia de las carreras y de los programas educativos, alumnos, personal docente, no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos ‘Madres de Plaza de Mayo'”.

El Estatuto de la de la Universidad deberá contemplar en la conformación de su Consejo Superior, con la participación de dos miembros de la Madres; y se crea una comisión especial con el rector, un funcionario del Ministerio de Justicia, otro de Educación y otro elegido por Bonafini.

En los fundamentos, Parrilli señala que “los Derechos Humanos deben ser incorporados a todos los conocimiento humanos, por técnicos y duros que parezcan en algunos de sus ámbitos”.

“Sería altamente deseable que toda la formación universitaria sea acompañada por una idea muy clara de los efectos que para sus semejantes han de tener las aplicaciones de la respectiva ciencia, arte o saber en qué se sumerge el estudiante”, agrega el neuquino.

La Secretaría de Comercio convocó a fiscalizar a los municipios. Se quedarán con un porcentaje de las multas a las empresas que incumplan.

El Gobierno puso en marcha un acuerdo con empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados para mantener congelado el precio de 1.500 productos por cuatro meses, que llega con una doble novedad: no sólo el control, que podrán hacer los usuarios con una app sino la fiscalización de los intendentes, que se quedarán con parte de las multas que se le labren a las compañías incumplidoras.

Junto con el acuerdo de congelamiento mediante el plan Precios Justos, este viernes se publicó una resolución que apunta a controlar que las empresas mantengan los valores de sus productos hasta marzo, con ayuda de los municipios. La resolución 75/2022 de la Secretaría de Comercio indica que los jefes comunales que se sumen al control, se llevarán una comisión del 25% de las multas que se apliquen.

Para corroborar el cumplimiento de los acuerdos, la Secretaría de Comercio firmará convenios con cada municipio del país que pretenda colaborar. De esa manera, se asegura tener mayor capilaridad para hacer el seguimiento de precios y “amplía la dotación de fiscalizadores” en todo el país.

La Secretaría de Comercio ideó una especie de contrato con los municipios para que sean ellos los que fiscalicen el acuerdo de precios. Serán los intendentes “los que realicen todas las tareas inherentes a la fiscalización, al control y al juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios”, indica la norma.

La Secretaría dará a las intendencias las pautas técnicas y las capacitaciones necesarias para la realización de las inspecciones y luego el proceso de sanción se realizará a través de los mecanismos habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. A cambio de la fiscalización, “transferirá mensualmente, computando los ingresos percibidos del primero al último día de cada mes, en concepto de retribución por los gastos operativos que genere la ejecución del presente convenio, el monto equivalente al 25% nominal de cada multa, firme y consentida, que efectivamente perciba la Secretaría en sede administrativa a través de la plataforma eRecauda”, dice el acuerdo que deberán firmar entre las partes.

El Gobierno también podrá a disposición una aplicación para sistemas operativos en Android e IOS mediante la que el usuario podrá realizar un seguimiento de los productos. Según se especificó, la app permite escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo. También conocer el listado de productos incluidos en el programa, precios, y denunciar los incumplimientos.

El 40% de las instituciones educativas privadas bonaerenses tienen menos matriculados que en 2022. Además, aumentó el nivel de morosidad.

Según un relevamiento realizado por AIEPBA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires) determina, además, que el 60% de los establecimientos educativos no estatales de la provincia tienen retrasos en los pagos que alcanzan al 30% de los estudiantes.

La entidad que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de gestión no oficial en todo el territorio consultó a los propietarios a través de una encuesta y reveló que apenas el 5% de los institutos tienen morosidad en menos del 12% de sus matriculados. El resto presenta demoras en el pago de los aranceles acordados con los padres de los alumnos.

La consulta expone además, que el 30% de los establecimientos presenta más morosidad que en 2021. Pero el 65% declara tener igual morosidad que en 2021, cuando se registró un pico histórico de falta de pago como consecuencia de las secuelas de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

“Nos preocupan los retrasos en el cumplimiento de los compromisos pero también es un dato que alarma la caída en el número de inscriptos que tenemos para el año que viene. Si bien la matriculación está en pleno proceso, hay una merma aproximada del 15 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. Y el nivel inicial es el más afectado”, dijo el Secretario Ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.

Los jardines maternales son los que presentan menos morosidad. Un 50% de los consultados en esos niveles educativos registran un incremento en el porcentaje de cobrabilidad. Lo contrario ocurre con los establecimientos de educación especial y en los centros de formación profesional donde más del 50% de los propietarios admite que hay más retrasos en los pagos que en el año 2021.

Pero hay otro dato que resulta elocuente: En la encuesta, el 41% de los colegios declaró tener menos matriculados que en 2021. Los niveles maternal, inicial y primaria son los que tienen menos matriculación y consultas. “Advertimos un corrimiento desde colegios con matrículas más altas -que ofrecen servicios educativos complementarios- hacia institutos que resultan más económicos. Y además, este panorama se presenta luego de que la pandemia provocó el cierre de por lo menos 80 establecimientos en toda la Provincia. Eso representa casi 50 mil pupitres menos en el sistema privado de enseñanza”, comentó Zurita.

En inicial, jardines de infantes, el 48% de los consultados registra menos consultas e inscripciones para 2023 que las plazas que cubrió en el presente ciclo lectivo. Este año, los aumentos en los valores de los aranceles que autorizó la Provincia de Buenos Aires estuvieron por debajo del porcentaje de inflación que informó el Indec y también fue menor al aumento otorgado a los docentes del sistema.