Mafia macrista-judicial
El magnate inglés Joe Lewis, propietario de una estancia en Lago Escondido donde viajaron los magistrados y funcionarios porteños que son investigados por dádivas por la Justicia federal de Bariloche, figura entre los 500 hombres más ricos del mundo, posee inversiones en corporaciones energéticas y se encuentra en conflicto con la ley argentina. ¿Quién es?
Lewis tiene además una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, que en más de una oportunidad visitó las tierras que posee este millonario en la zona cordillerana de Río Negro, donde también se alojó el exmandatario estadounidense Barack Obama durante una visita de Estado que realizó a Argentina en 2016.
En los últimos años, Lago Escondido se convirtió en un lugar en el cual personajes relacionados con el poder y los negocios mantienen reuniones en medio de un paisaje idílico de ríos, lagos y montañas.
En octubre pasado, el diario Página12 publicó que un grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) viajaron a Lago Escondido.
Los involucrados en ese viaje son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth (ex agente de la AFI); Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
A raíz de esa filtración, el Gobierno nacional presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare -quien fue aludida en los chats como receptiva a dar cobertura en los tribunales a la versión que los involucrados planificaban- le pidió a la Justicia profundizar la investigación para determinar si se cometió un delito de dádivas.
“En principio creíamos que se trataba de una acción destinada a planificar una estrategia para el 2023 o con hechos que habían sucedido en la zona. Pero cuando vi y escuché las conversaciones y los audios que se filtraron me sorprendí”, señaló en diálogo con Télam Roxana Ferreyra, concejal del Frente de Todos (FdT) de Bariloche que publicó en sus redes sociales la información sobre la llegada a la zona de este grupo de magistrados y funcionarios que luego se trasladaron a la estancia de Lewis.
