La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de asesinato que sufrió la exmandataria en septiembre de 2022 reclamó tener acceso “de modo urgente” a información llegada al juzgado sobre el teléfono del diputado opositor Gerardo Milman, imputado en la pesquisa. Hasta el momento del intento de magnicidio, Milman era la mano derecha de Patricia Bullrich en temas de seguridad. Trabajaron juntos en el ministerio de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri.
El planteo se hizo ante la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, luego de que la magistrada resolvió “mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital” relativa a Milman y enviada al fiscal del caso, Carlos Rívolo, por compañías de telefonía. La justicia no quiere avanzar en el caso, más allá de la persona que disparó. Hay un tema intrigante: ¿sectores macristas sabían del atentado antes de que se hiciera? ¿cumplieron algún rol?
Los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un “recurso de reposición” contra esta decisión que tomó la jueza el 15 de septiembre pasado y le reclamaron que la anule porque “debe poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Gerardo Milman de modo urgente”.
“Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó, que lo aquí se investiga es un intento de asesinato contra la Vicepresidenta”, advirtieron los letrados.
Según recordaron en el escrito, la jueza tomó esta decisión porque las empresas de telefonía remitieron a pedido del fiscal información sobre los IMEI de celulares de Milman junto a un informe de sus llamados entrantes y salientes.
Este último punto hubiera requerido una orden firmada por la magistrada en base al artículo 236 del Código Procesal Penal vinculado a la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación.