El Gobierno nacional puso en marcha una nueva ofensiva legislativa para profundizar su esquema de incentivos a las grandes empresas. Bajo el nombre de “Súper RIGI”, la administración de Javier Milei busca ampliar los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado el año pasado junto con la Ley Bases. El RIGI no generó un salto en el empleo ni inversiones extranjeras directa, de hecho, Argentina es el país de peor rendimiento en ese aspecto de toda Sudamérica.
La propuesta oficial apunta a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, los centros de datos y otras actividades de alta tecnología. A cambio de inversiones multimillonarias, las empresas recibirían estabilidad regulatoria por 30 años, ventajas impositivas, beneficios aduaneros y facilidades para operar con divisas.
El inicio del debate parlamentario coincide con una creciente discusión sobre los resultados concretos del RIGI actualmente vigente. Cuando el régimen fue aprobado, el oficialismo aseguró que se transformaría en un motor de inversiones extranjeras y generación de empleo. A casi un año de su puesta en marcha, los números todavía están lejos de mostrar un impacto significativo sobre la economía real.
Si bien se anunciaron proyectos por miles de millones de dólares en sectores como energía, minería e hidrocarburos, buena parte de esas inversiones continúan en etapas preliminares o con cronogramas de ejecución de largo plazo. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa no registró hasta ahora un salto que permita atribuirle un cambio estructural a la economía argentina.
Las dudas también aparecen en materia laboral. De acuerdo con los datos informados por el propio Gobierno, los proyectos aprobados bajo el régimen generarían decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Aunque se trata de una cifra relevante, resulta modesta frente al deterioro del empleo registrado producido durante el último año y frente a las expectativas que acompañaron la sanción de la Ley Bases.
Los sectores críticos del proyecto sostienen que el RIGI terminó convirtiéndose en un esquema de beneficios extraordinarios para grandes corporaciones sin garantías suficientes de desarrollo local. Entre los cuestionamientos más frecuentes aparecen la ausencia de exigencias de integración con proveedores nacionales, la falta de compromisos concretos de generación de empleo y las amplias garantías otorgadas a los inversores durante tres décadas.
En ese marco, el “Súper RIGI” promete reabrir una discusión que atravesó buena parte del debate económico de los últimos meses: hasta qué punto la reducción de impuestos y regulaciones es suficiente para atraer inversiones productivas en un país que continúa enfrentando problemas estructurales vinculados al mercado interno, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad macroeconómica.
Mientras el oficialismo busca acelerar el tratamiento parlamentario de la iniciativa, la oposición prepara una batería de cuestionamientos sobre la eficacia del régimen vigente. La discusión comenzará así con una pregunta de fondo que atraviesa todo el debate: si el RIGI todavía no logró demostrar resultados contundentes en materia de inversiones y empleo, ¿qué justifica avanzar hacia una versión aún más amplia y beneficiosa para las grandes empresas?
