Para tener acceso al expediente de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta, el diputado de JxC pidió que acepten la representación del mismo abogado de los gendarmes en la causa de Santiago Maldonado.
En el marco de la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien ha denunciado que la Jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo no han investigado el financiamiento y los vínculos políticos en el atentado en su contra, se presentó el diputado Gerardo Milman para tener acceso al expediente.
En ese marco, se autoimputó al pedir que le acepten la designación como su defensor del abogado Manuel Barros, activo integrante de la Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad.
La Impunidad al Palo!. Gerardo Milman que fue funcionario de Bullrich, se autoimputo en la causa del atentado de @CFKArgentina para poder tener acceso al exp. judicial, teniendo como abogado a Manuel Barros que es el mismo abogado defensor de el gendarme Imputado Emanuel Echazú.
— Sergio Maldonado (@vikingomaldo) June 2, 2023
Hasta ahora el diputado de Juntos por el Cambio, exjefe de campaña de la precandidata a la presidencia Patricia Bullrich, no estaba formalmente imputado pese a todos los misterios que lo rodean en relación al caso.
A él un testigo lo escuchó decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa” en el bar Casablanca de la esquina del Congreso. Su presentación, apenas después de que se conociera el pedido de suspensión de la elevación a juicio que hizo la vicepresidenta, apunta a poder acceder a todo el expediente.
El escrito que presentó Milman dice que si bien él es “ajeno al expediente”, como se lo mencionó tantas veces con “acusaciones” que considera “disparatadas” y que atribuye a la querella de la vicepresidenta, prefirió poner un abogado de su “confianza”. Para exigir que lo acepten dijo que está en juego el derecho de defensa en juicio.
Barros, el letrado designado por Milman, trabajó en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Gendarmería y en 2012 fue denunciado por la gestión de Nilda Garré en Seguridad, junto con otros miembros de la fuerza, por administración fraudulenta, tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario público. La sospecha era que estaban en connivencia con estudios jurídicos y jueces para resolver reclamos masivos por complementos salariales en perjuicio del Estado.
Con el gobierno de Mauricio Macri se convirtió en el representante legal de los gendarmes imputados en la causa por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, estrategia que incluía. Barros también es el abogado de los gendarmes involucrados en el contrabando de municiones a Bolivia, donde también son investigados Bullrich y Macri. Fue muy cercano al director de Gendarmería de esa gestión, Gerardo Otero.
