Se trata de casi seis millones de kilos de alimentos que permanecen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.
El Ministerio de Capital Humano apeló este miércoles el fallo del juez Martín Cormick, que había exigido un informe detallando cómo el Gobierno garantizaría la entrega de alimentos a los comedores, en un plazo de 48 horas.
Son casi seis millones de kilos de alimentos que permanecen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán. El oficialismo alega que la decisión judicial obedece al pedido del dirigente social Juan Grabois y es por ello que apelaron.
Pettovello también había apelado el fallo del juez federal Sebastián Casanelo, que ordenaba la entrega de los alimentos almacenados. En aquella ocasión, argumentaron que el magistrado “violó la Constitución Nacional” al “entrometerse” en una política pública del Gobierno nacional.
Desde la Justicia, insistieron el martes con el pedido de informe y señalaron: “La causa comprende el análisis de una medida que pretende garantizar los derechos a la alimentación, a la vida, a la salud y al desarrollo holístico”.
Los alimentos deben ser distribuidos entre comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales que maneja el Ministerio.
“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2 de dicha resolución”, señaló el fallo judicial.
Esta presentación refiere a la medida cautelar que había emitido el juez Walter Lara Correa, haciendo lugar al recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
En un contexto de creciente pobreza y caída del poder adquisitivo, la negativa de Petovello a entregar los alimentos almacenados a los comedores comunitarios es una medida inaceptable y condenable. Las acciones del Ministerio de Capital Humano no solo violan resoluciones judiciales, sino que también ignoran las necesidades urgentes de las comunidades más vulnerables.
