Insólito: 18 años despues, la Corte falló a favor de Aranguren y Shell

El máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido un fallo que anula una normativa de 2006, favoreciendo a la multinacional Shell en una disputa que lleva casi dos décadas. Con esta decisión, el máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

La historia que llevó a este fallo comenzó hace 20 años, cuando Shell Argentina llamó la atención del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien planeaba adquirir la empresa para lanzar una gran petrolera del Sur como parte de su proyecto de “Patria Grande”. Meses después, Néstor Kirchner, entonces presidente argentino, convocó a un “boicot” contra la compañía que, pese a todo, se mantenía firme en el país. Un aumento de precios fue el detonante para que Kirchner pidiera a los argentinos que no compraran “ni una lata de aceite” de la multinacional.

Lo que parecía una cruzada por defender los intereses del pueblo argentino pronto se tradujo en acciones concretas: 33 piquetes se llevaron a cabo en estaciones de servicio. Sin embargo, la verdadera controversia comenzó en 2006, cuando Guillermo Moreno emitió una resolución que le permitió inspeccionar y multar a la empresa. Shell, una compañía extranjera, se convirtió en uno de los principales blancos del gobierno, y su directivo, Juan José Aranguren, pasó de estar en el ojo de la tormenta a ser ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri.

Este capítulo parecía cerrado hasta que, días antes de su cumpleaños, Aranguren recibió la noticia que reveló el verdadero desenlace: la Corte Suprema de Justicia declaró nula la normativa de Moreno, alegando que excedía sus funciones. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron la sentencia que anuló la resolución 25/2006, desestimando las multas por US$21,5 millones impuestas a Shell, uno de los enemigos públicos del expresidente Kirchner. Si bien Aranguren celebró la decisión, afirmando que “tarde o temprano, tuvimos éxito”, la pregunta que queda en el aire es: ¿éxito para quién? ¿Para una empresa extranjera que busca maximizar sus beneficios a costa de los argentinos, o para un pueblo que esperaba que la ley defendiera sus intereses?

La Corte argumentó que la resolución de Moreno excedía sus competencias, citando un decreto de 1991 que promueve “la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado”. Pero, ¿no debería la libertad económica ir de la mano con la protección de los derechos de los ciudadanos y no solo con la defensa de los intereses de grandes corporaciones?

Además, la ley de abastecimiento, que permitía a Moreno sancionar a Shell, fue derogada por el “megadecreto” de Milei a fines del año pasado. Mientras el decreto esté vigente, no se podrán imponer multas como las aplicadas en su momento por el exsecretario de Comercio. ¿Esto marca el fin de la regulación estatal en favor de los intereses de las grandes empresas?

Moreno había establecido que las estaciones de servicio y los usuarios de gasoil que no recibieran el suministro solicitado podían denunciar la situación, lo que permitía sancionar a las empresas responsables. Sin embargo, este intento de proteger a los consumidores fue descartado por la Corte, que favoreció a la multinacional en lugar de abogar por los intereses del pueblo argentino.

Aranguren reveló que Shell fue objeto de 113 investigaciones y recibió 86 sanciones económicas entre 2007 y 2008. Incluso enfrentó una solicitud de prisión de entre 6 meses y 4 años. Según él, todo esto no fue más que una “represalia”. Pero, ¿no era acaso un intento legítimo de regular las prácticas de una empresa que había decidido aumentar los precios en medio de una crisis?

El llamado de Kirchner al “boicot” en 2005 fue una clara señal de que el gobierno argentino no toleraría los abusos de las grandes corporaciones. “Tenemos que decir: ‘a Shell, no’. Yo mismo como Presidente lo digo, porque nos quieren cobrar más de lo que corresponde”, expresó Kirchner, instando a los argentinos a no comprar nada de la compañía. Pero hoy, con el fallo de la Corte, parece que ese espíritu de resistencia ha sido doblegado.

En aquellos días, Shell había dispuesto un aumento de precios de entre 2,6% y 4,2%, lo que desató la furia del gobierno. Sin embargo, mientras el gobierno argentino veía en Shell a un enemigo, el venezolano Hugo Chávez consideraba a la empresa de “interés”. Esta contradicción plantea preguntas incómodas sobre quién realmente estaba defendiendo los intereses de su pueblo.

Aranguren también mencionó que el Gobierno argentino, en 2004, creó Enarsa con la intención de comprar Shell, pero la compañía se negó a retirarse de Argentina. Lo que siguió, según él, fue “una especie de venganza”. No obstante, parece que la verdadera venganza fue la del poder económico sobre los intentos de regulación estatal.

A pesar de las sanciones impuestas por Moreno, Shell nunca pagó las multas, y puso a disposición de la Justicia sus activos en forma de “prenda” hasta que hubiera una decisión judicial. Hubo fallos en primera, segunda y tercera instancia, pero el de la Corte Suprema pone fin a 18 años de litigio. “La parte medio vacía del vaso es que pasaron 18 años”, lamentó Aranguren. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién llenará el vaso de los argentinos?