En el Día de la Industria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el sistema para atraer inversiones al territorio.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes de un evento en Ituzaingó donde se celebró el Día de la Industria. Allí, el Gobierno provincial brindó detalles sobre la propuesta del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bonaerense.
La reunión se realizó bajo la consigna “En defensa de la industria nacional” y participaron cámaras empresariales y sindicatos. Kicillof cuestionó la política económica que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei.
En referencia al contexto que atraviesa Argentina, el Gobernador sostuvo:”Esta situación no tiene precedentes en la industria nacional. Van seis meses, donde la actividad cayó. Son datos de crisis profundísima. La industria cayó 16 puntos en seis meses, la construcción 32 puntos, el consumo 23 puntos, ha caído fuertemente el empleo”, y agregó: “Hoy mientras nos dicen que quieren traer inversión desde el exterior, vemos que la mitad de las máquinas de la provincia de Buenos Aires están paradas”.
Con respecto al RIGI bonaerese, Kicillof reflexionó: “No podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones en Argentina sea la de primarizar, la de rifar recursos naturales y la de no agregar valor a lo que tenemos. Es por eso que lo que presentamos es una ley que reconoce, y un régimen que acompaña, a quienes inviertan para generar más valor agregado, para generar empleo de calidad, para desarrollar proveedores locales, para incluir nuevas tecnologías, para diversificar nuestra matriz productiva, para aumentar exportaciones, pero también sustituir importaciones”.
En esta línea, el Gobernador expresó: “No hay nación sin industria. Nuestro compromiso es luchar contra las políticas de desindustrialización y plantearnos para un futuro más y mayor industria para la provincia”.
Los puntos más importantes del RIGI bonaerense
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, detalló algunos puntos de la propuesta:”Junto al Gobernador estuvimos trabajando en un régimen provincial de desarrollo productivo y fomento de grandes inversiones, estratégicas en la provincia de Buenos Aires, en el marco de esta extorsión que nos pretendieron hacer desde el gobierno nacional de que si una provincia no adhiere al RIGI, es darle la espalda al desarrollo”.
En este sentido, Costa agregó: “Nosotros desde la Provincia entendemos que hay que tener herramientas normativas que impulsen la producción y que las inversiones que se realicen en nuestra provincia cumplan con nuestros objetivos”.
“Nuestro régimen provincial de desarrollo productivo y fomento de inversiones es un régimen de industrialización, de generación de producción y generación de trabajo”, expresó el ministro de Producción.
En un comunicado oficial, el BCRA, liderado por Santiago Bausili, aclaró que el nivel de reservas en oro al 23 de agosto de 2024 asciende a aproximadamente 4.981 millones de dólares.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó hoy que ha enviado parte de sus reservas en lingotes de oro al exterior, aunque la entidad no precisó los destinos de estos envíos. En un comunicado oficial, el BCRA, liderado por Santiago Bausili, aclaró que el nivel de reservas en oro al 23 de agosto de 2024 asciende a aproximadamente 4.981 millones de dólares.
En su comunicado, el BCRA explicó que la administración y el destino de las reservas son confidenciales para preservar la seguridad de los activos. “La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad”, indicó la entidad. La Auditoría General de la Nación y los entes de control pertinentes tienen acceso a esta información bajo las mismas condiciones de confidencialidad.
Según se explicó la Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos.
“Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”, señaló la entidad monetaria.
A su vez indicó que estas operaciones de rebalanceo “no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente US$ 4.981 millones según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024”.
Al mismo tiempo la entidad consideró que se hizo una difusión irresponsable de información cuando por ejemplo en X se publicaban imágenes de camiones de caudales en la ruta y se sugería que se trasladan las reservas.
La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la AFA y dispuso la suspensión de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023.
El Juzgado Federal de Mercedes falló hoy a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó al Estado Nacional la suspensión de los artículos del DNU 70/2023 referidos a la posible privatización de los clubes y de la Reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) hasta que sea dictada una sentencia definitiva.
Por estatuto, la AFA solo acepta a asociaciones civiles en sus competencias. La conducción de la entidad rechaza la posibilidad de modificar su reglamento para incluir a los clubes que se conviertan en SAD y asegura que el Gobierno deberá intervenir al organismo rector del fútbol argentino para llevar adelante estos cambios.
El juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la AFA y dispuso la suspensión de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023, que establecen que las federaciones deportivas estarán obligadas a aceptar a los clubes en sus competencias sin discriminación de su forma jurídica. También pausó los efectos de los artículos 2 y 5 del Decreto Reglamentario 730/2024, publicado el 13 de agosto de este año, que daba un año a estas entidades para aggiornar sus estatutos a la nueva legislación.
Insólito. No se sabe de que vive el hombre que maneja el gobierno, pero no firma ningún acto administrativo ni presenta declaración jurada.
El diario La Nación, cada vez más enfrentado a Javier Milei, reveló que Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente para una empresa llamada Zefico el 1 de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei.
Mientras, Caputo se consolidó como el hombre fuerte del gobierno aunque no puede firmar resoluciones porque no tiene un cargo formal.
Además, se supo que llamativamente no tiene ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria ni ingresos conocidos. Es decir, no se sabe de que vive el hombre que maneja el gobierno, pero no firma ningún acto administrativo ni presenta declaración jurada.
En un comunicado, reivindicaron la soberanía argentina sobre el comercio en el Puerto de La Plata y defendieron la ampliación de su acceso. Además, apoyaron la posición de Provincia en relación al Canal Magdalena.
Trabajadores del Astillero Río Santiago, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Ensenada, advirtieron que “la provincia de Buenos Aires está siendo asfixiada por el Gobierno Nacional.
“Cada iniciativa que tiene el gobierno de Kicillof es atacada por el poder concentrado y la corporación mediática intentando mostrar que el único camino posible es el ajuste permanente sobre el pueblo trabajador”, apuntaron en un comunicado.
Soberanía nacional
En ese marco, indicaron que “con el vencimiento de la concesión del puerto de Quequén se han desatado todo tipo de operaciones mediáticas para instalar que la licitación se haga en los términos exactos que se realizó en los años 90, cuando el país entregó su sistema Fluvio-Maritimo”.
Y continuaron: “A tal punto que diseñaron una Vía Troncal de navegación que va desde Rosario hasta el acceso al puerto de Montevideo, que solo contempla sus intereses. ¿Y el resto de la producción del país? iAFUERA! Literalmente los argentinos hemos sido expulsados del agua, dicen que para muestra sobra un botón”, señaló ATE en un comunicado.
En defensa del Canal Magdalena
En este punto, hicieron referencia a las declaraciones de Axel Kicillof con respecto a la necesidad de priorizar las obras del Canal Magdalena.
“Revertir ese modelo requiere de una visión integral en la cual las vías navegables, los puertos, la flota y la industria naval formen parte de un modelo de desarrollo. Por eso defendemos y apoyamos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulse la construcción del Canal Magdalena, porque nos permite unir la Argentina fluvial con la Argentina marítima y nos posibilita navegar al sur donde están nuestros intereses”.
“Por eso defendemos y apoyamos que el Puerto de La Plata tenga un acceso a 14 metros, para que el tráfico de contenedores que pertenecen a nuestro comercio exterior no se concentre en el puerto de Montevideo”, concluyeron.
Cabe recordar que recientemente fueron adjudicadas las obras de dragado en el canal de acceso al puerto de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para llevar la profundidad de este canal a 32 pies (10 metros). Esta importante decisión pone en valor la capacidad de la terminal TecPlata para recibir buques grandes y de gran calado, tipos de embarcaciones que las compañías navieras utilizan cada vez con mayor frecuencia en el comercio marítimo internacional.
Según un estudio de la consultora CEOP, dos de cada tres argentinos está en desacuerdo con el veto a la nueva fórmula previsional y sostiene que se debe priorizar a los jubilados y no el déficit fiscal cero.
La paciencia parece acabarse. Una enorme mayoría, dos de cada tres argentinos, está en desacuerdo con el veto a la nueva fórmula previsional y sostiene que se debe priorizar a los jubilados, no el déficit fiscal cero. Pero eso está en sintonía con lo que está pasando en casi todos los hogares. Prácticamente, nueve de cada diez ciudadanos dicen que no llega a fin de mes o que tiene dificultades para llegar al día 30 o 31. Por lo tanto, casi el 40 por ciento compra sólo los medicamentos imprescindibles; el 50 por ciento consume mucho menos carne o directamente dejó de consumir carne, más de la mitad restringió el uso de luz y gas; dejó de usar cable o se pasó a un plan más accesible y bajó la frecuencia de utilización del transporte público, los taxis o aplicaciones. Y, los que tienen, redujeron drásticamente el uso de su auto. El 44 por ciento afirma que no soporta más el ajuste y otro 20 por ciento sostiene que aguanta entre uno y seis meses más, o sea, se sienten al límite. El malestar, la temperatura del enojo está subiendo de nivel semana a semana y no sólo afectan a los que se autodenominan opositores, sino a los que se consideran independientes e incluso a una parte de los que se sienten cercanos al gobierno.
Las conclusiones surgen del trabajo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), la consultora que dirige Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1.486 ciudadanos, respetando las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y lugares de residencia. La muestra se constituyó con usuarios de las grandes plataformas de internet -Facebook, Instagram y otras-, a los que se les formularon las preguntas, siempre respetando las proporciones existentes en la sociedad.
Con los jubilados no
Entre los consultores está el dicho de que “los jubilados no tienen gran capacidad de movilización, pero toda la sociedad empatiza con ellos”. El mejor ejemplo es el golpe casi decisivo que recibió el gobierno de Mauricio Macri cuando produjo una fuerte quita en jubilaciones y pensiones en diciembre de 2017. Venía de ganar las elecciones dos meses antes y entró en un declive del que no se pudo recuperar.
Con los jubilados noparece ser la frase que subyace en las opiniones. Los argentinos están convencidos que a los jubilados hay que protegerlos y cuidarlos. Ojo, este es un desafío importante para Javier Milei: el costo político que puede llegar a tener el veto a la ley que mejora los magros haberes jubilatorios, es muy alto. El desacuerdo con esa medida pega en dos segmentos, incluye a los independientes y parte de los propios mileistas periféricos, o sea a los que no son del núcleo duro. Además, la represión a los jubilados, arrojándoles gases urticantes en los rostros, causa estupor”.
Y los medicamentos también
El azote no sólo golpea a unas jubilaciones y pensiones bajísimas, que sufrieron el recorte del 8,1 por ciento que la ley pretende devolverles, sino que el ajuste pega también en los medicamentos. Uno de cada tres consultados (33,6 por ciento) sostuvo que compra solo los medicamentos más importantes e imprescindibles y hay un cuatro por ciento que directamente no puede comprar más medicamentos. Está claro que es una decisión más que difícil, porque la salud es prioridad en todas las familias.
Según el último informe del CEPA, las políticas de Milei estan orientada a promover enclaves extractivistas para la exportación, reprimiarizando la economía argentina y relegando la industria nacional a un segundo plano.
Con motivo del Día de la Industria, el 2 de septiembre de 2024, el Centro de Estudios para la Producción (CEPA) ha publicado un informe que pone de manifiesto la grave situación que atraviesa el sector manufacturero argentino. Tradicionalmente pilar fundamental de la economía nacional, la industria manufacturera representa una quinta parte del empleo registrado privado del país, ofrece salarios un 15% superiores a la media y lidera en inversión en investigación y desarrollo. Sin embargo, el informe del CEPA evidencia un panorama preocupante.
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, se perdieron 28.554 puestos de trabajo en unidades productivas industriales, equivalente a una disminución del 2,35%. Proyecciones de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sugieren que para junio de 2024 el número de puestos perdidos podría alcanzar los 33.983.
La producción industrial sufrió una caída interanual del20,4% en junio, la peor del año según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). La Utilización de la Capacidad Instalada se redujo al 54,5%, niveles comparables a los de junio de 2020, durante la pandemia. Además, la producción industrial de las PyMES se contrajo un 17,8% en julio, acumulando seis meses consecutivos de retroceso.
El informe del CEPA también documenta el cierre y la suspensión de actividades en varias industrias manufactureras durante 2024. Empresas como Talleres Belgrano, Textilcom, Canale, El Miguelito, Imperial Cord y MAR Maquinarias han cerrado sus plantas, destacando la falta de medidas efectivas para proteger y revitalizar la industria nacional.
Las políticas públicas implementadas desde la asunción de Javier Milei han tenido un impacto negativo en el sector. Entre las medidas destacadas se encuentran el aumento de tarifas de luz y gas, que ha afectado a talleres y pequeñas industrias, y la suba de costos a través del Impuesto PAIS. La derogación de la Ley de Compre Nacional y del PRODEPRO, que establecía Aportes No Reembolsables (ANR) para empresas de sectores estratégicos, ha sido un golpe significativo. Además, la eliminación de aranceles de importación y la desregulación en el sector del acero han generado preocupación por sus posibles efectos adversos en el empleo sectorial.
Otras políticas incluyen cambios en el régimen antidumping, limitando los derechos aplicados a ciertas importaciones y reduciendo el plazo máximo para estas medidas, así como la eliminación de políticas de créditos productivos para pymes. También se ha producido un desfinanciamiento significativo en programas y áreas asociadas a la política industrial, con una caída del 89% en la ejecución real de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo entre enero y julio de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior.
El informe del CEPA concluye que la apuesta del gobierno de Milei por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley Bases, está orientada a promover enclaves extractivistas para la exportación, reprimiarizando la economía argentina y relegando la industria nacional a un segundo plano.
En este Día de la Industria 2024, el informe del CEPA pone de relieve la crítica situación del sector manufacturero argentino, subrayando la necesidad urgente de reevaluar las políticas públicas para proteger y fortalecer una de las áreas más vitales para el desarrollo económico y la innovación del país.
“Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades” afirmo la diputada libertaria que sube de tono las declaraciones contra la vicepresidenta.
En el marco de la interna en La Libertad Avanza (LLA), la diputada Lilia Lemoine acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de “perseguir personas en democracia” por decir que “va a meter presos a todos los montoneros”. Pero no se quedó ahí sino que también preguntó si encerraría a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su pasado en la organización guerrillera peronista.
“Villarruel está con el síndrome de la vice. Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades. No está defendiendo a la gente que la apoyó y para taparlo mete un acto diciendo que va a meter presos a todos los montoneros, ¿también a Bullrich que está haciendo bien su trabajo?”, acusó Lemoine en declaraciones radiales
A pesar de continuas desmentidas del presidente Javier Milei y su vice, desde sus entornos dejan trascender en off el malestar y desconfianza mutua. En esta disputa, como en otras discusiones internas de LLA, la diputada Lemoine parece ser una de las voceras del Ejecutivo.
En una entrevista en CNN Radio, Lemoine acusó a la vicepresidenta de querer armar “un gobierno dentro del gobierno”. A pesar de eso, luego le bajó el precio: “No es un problema institucional. Si se va (Victoria Villarruel), la reemplazaría el que sigue. Los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir. Somos seres humanos y si está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice hay que decirle”.
Las promesas que la Vicepresidenta lanzó desde el Senado respecto a la reapertura de causas de “víctimas de terrorismo” generó reacciones encontradas en distintos espacios del arco político.
El máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido un fallo que anula una normativa de 2006, favoreciendo a la multinacional Shell en una disputa que lleva casi dos décadas. Con esta decisión, el máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.
La historia que llevó a este fallo comenzó hace 20 años, cuando Shell Argentina llamó la atención del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien planeaba adquirir la empresa para lanzar una gran petrolera del Sur como parte de su proyecto de “Patria Grande”. Meses después, Néstor Kirchner, entonces presidente argentino, convocó a un “boicot” contra la compañía que, pese a todo, se mantenía firme en el país. Un aumento de precios fue el detonante para que Kirchner pidiera a los argentinos que no compraran “ni una lata de aceite” de la multinacional.
Lo que parecía una cruzada por defender los intereses del pueblo argentino pronto se tradujo en acciones concretas: 33 piquetes se llevaron a cabo en estaciones de servicio. Sin embargo, la verdadera controversia comenzó en 2006, cuando Guillermo Moreno emitió una resolución que le permitió inspeccionar y multar a la empresa. Shell, una compañía extranjera, se convirtió en uno de los principales blancos del gobierno, y su directivo, Juan José Aranguren, pasó de estar en el ojo de la tormenta a ser ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri.
Este capítulo parecía cerrado hasta que, días antes de su cumpleaños, Aranguren recibió la noticia que reveló el verdadero desenlace: la Corte Suprema de Justicia declaró nula la normativa de Moreno, alegando que excedía sus funciones. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.
Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron la sentencia que anuló la resolución 25/2006, desestimando las multas por US$21,5 millones impuestas a Shell, uno de los enemigos públicos del expresidente Kirchner. Si bien Aranguren celebró la decisión, afirmando que “tarde o temprano, tuvimos éxito”, la pregunta que queda en el aire es: ¿éxito para quién? ¿Para una empresa extranjera que busca maximizar sus beneficios a costa de los argentinos, o para un pueblo que esperaba que la ley defendiera sus intereses?
La Corte argumentó que la resolución de Moreno excedía sus competencias, citando un decreto de 1991 que promueve “la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado”. Pero, ¿no debería la libertad económica ir de la mano con la protección de los derechos de los ciudadanos y no solo con la defensa de los intereses de grandes corporaciones?
Además, la ley de abastecimiento, que permitía a Moreno sancionar a Shell, fue derogada por el “megadecreto” de Milei a fines del año pasado. Mientras el decreto esté vigente, no se podrán imponer multas como las aplicadas en su momento por el exsecretario de Comercio. ¿Esto marca el fin de la regulación estatal en favor de los intereses de las grandes empresas?
Moreno había establecido que las estaciones de servicio y los usuarios de gasoil que no recibieran el suministro solicitado podían denunciar la situación, lo que permitía sancionar a las empresas responsables. Sin embargo, este intento de proteger a los consumidores fue descartado por la Corte, que favoreció a la multinacional en lugar de abogar por los intereses del pueblo argentino.
Aranguren reveló que Shell fue objeto de 113 investigaciones y recibió 86 sanciones económicas entre 2007 y 2008. Incluso enfrentó una solicitud de prisión de entre 6 meses y 4 años. Según él, todo esto no fue más que una “represalia”. Pero, ¿no era acaso un intento legítimo de regular las prácticas de una empresa que había decidido aumentar los precios en medio de una crisis?
El llamado de Kirchner al “boicot” en 2005 fue una clara señal de que el gobierno argentino no toleraría los abusos de las grandes corporaciones. “Tenemos que decir: ‘a Shell, no’. Yo mismo como Presidente lo digo, porque nos quieren cobrar más de lo que corresponde”, expresó Kirchner, instando a los argentinos a no comprar nada de la compañía. Pero hoy, con el fallo de la Corte, parece que ese espíritu de resistencia ha sido doblegado.
En aquellos días, Shell había dispuesto un aumento de precios de entre 2,6% y 4,2%, lo que desató la furia del gobierno. Sin embargo, mientras el gobierno argentino veía en Shell a un enemigo, el venezolano Hugo Chávez consideraba a la empresa de “interés”. Esta contradicción plantea preguntas incómodas sobre quién realmente estaba defendiendo los intereses de su pueblo.
Aranguren también mencionó que el Gobierno argentino, en 2004, creó Enarsa con la intención de comprar Shell, pero la compañía se negó a retirarse de Argentina. Lo que siguió, según él, fue “una especie de venganza”. No obstante, parece que la verdadera venganza fue la del poder económico sobre los intentos de regulación estatal.
A pesar de las sanciones impuestas por Moreno, Shell nunca pagó las multas, y puso a disposición de la Justicia sus activos en forma de “prenda” hasta que hubiera una decisión judicial. Hubo fallos en primera, segunda y tercera instancia, pero el de la Corte Suprema pone fin a 18 años de litigio. “La parte medio vacía del vaso es que pasaron 18 años”, lamentó Aranguren. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién llenará el vaso de los argentinos?
Hay advertencias de industrias, comercios y constructoras, que dan por perdido el segundo semestre y patean la recuperación para 2025. Reclaman al gobierno una política de reactivación.
Un grupo de referentes pymes se entrevistó el jueves con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, para hablar de la situación del sector y pedir medidas para reactivación del mercado interno.
En el encuentro que se realizó días atrás en la sede de la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera), el planteo en particular fue la vuelta de los programas de crédito Ahora 12 y Ahora 18.
La propuesta se hizo después de repasar los indicadores oficiales de actividad económica, como una sugerencia para revertir las caídas de la actividad y el consumo que afectan tanto las ventas de bienes de consumo masivo como de durables y que encienden las alertas por el impacto en el empleo.
Los referentes, que llevaban meses pidiendo una reunión, destacaron el acercamiento con Francos y la orientación del temario general, pero también lamentaron que el pedido para la vuelta de los programas de incentivo al consumo no tuvo respuesta.
Las reuniones van a seguir, pero el funcionario no hizo ninguna promesa sobre lo que se considera como más inmediato. En el análisis posterior a la cita, es extendida la idea de que el segundo semestre se perdió y que las chances de recuperación se patearon para el año que viene (ver aparte).
Salarios en alerta
En la previa de la reunión con Francos, varias cámaras empresariales hicieron pública la urgencia de sus asociadas por políticas para recuperar la actividad y las ventas y plantearon que el pago de salarios y el mantenimiento del empleo se complican y se agravan.
En la semana, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que una parte muy importante de las 414 industrias que consulta a nivel país reconoció que en julio tuvo dificultades para pagar los salarios.
El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elaboró la entidad arrojó una caída de la actividad de las fábricas del 17,8% y agregó que las encuestadas trabajaron al 60,6% de su capacidad. Del total, el 19,3% advirtió complicaciones para reunir la masa de dinero que destina a pagar salarios, un deterioro que anticipa nuevas suspensiones y despidos.
Todos los rubros industriales considerados para la confección del IPIP cayeron en el séptimo mes del año, especialmente el rubro Químicos y Plásticos, que produjo un 27,5% menos que en julio de 2023, el mes que se toma como referencia para la comparación.
En la parte cualitativa del informe, los empresarios manifestaron problemas con los costos energético, con el peso de los impuestos y con los precios de los insumos y el acceso a esos productos y servicios.
Estancamiento y despidos en marcha
Otro informe crítico de la semana fue la Encuesta de Supermercados del Indec, que reveló que casi nueve de cada diez empresas percibe su situación actual entre mala y normal; a la par de un 83,1% de encuestados que aseguró que su actividad cayó o en el mejor de los casos se mantuvo sin variaciones.
Consultados sobre los factores que limitan sus ventas, el 61% señaló la caída de la demanda, que está atada a la pérdida del poder adquisitivo del salario; contra un 25,4% que indicó el costo laboral.
En ese contexto, el 18,6% de los comercios consultados admitió que despedirá personal y sólo el 3,4% dijo que contratará trabajadores en los próximos tres meses.
En tanto, un 17,6% de los consultados para la Encuesta de Autoservicios Mayoristas del ente estadístico oficial, adelantó que reducirá personal y un 82,4% dijo que va a mantener su dotación. Ninguno de los mayoristas consultados esperaba contratar personal entre agosto y noviembre.
La contracción del empleo fue especialmente fuerte en la construcción, un sector de la economía virtualmente parado desde diciembre. El informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) reportó una caída de puestos del 0,4% en junio respecto a mayo, y calculó que el retroceso del segundo semestre fue del 21,3% comparado con igual tramo de 2023.
El Indec también registró las malas perspectivas de los industriales y los constructores. En su informe sobre la marcha de la industria, con datos de julio y en base a una encuesta a 5000 empresas, surgió que la mitad de los encuestados espera un retroceso de la demanda interna en el conjunto del tercer trimestre; que apuntan a eliminar stocks con una caída del uso de la capacidad instalada. De allí que un tercio de los industriales prevea una reducción de las horas trabajadas y uno de cada cuatro apunte a una reducción del personal.
En la construcción, una de cada tres firmas dedicadas a la obra pública despedirá personal hasta septiembre, mientras que entre las empresas dedicadas a la construcción privada, las perspectivas son de estancamiento.
