En un contexto de creciente tensión social, Patricia Bullrich decidió crear un “Comando Antibloqueos”, destinado a intervenir en situaciones de protestas que, según su visión, afectan principalmente a las empresas multinacionales que operan en el país.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha implementado una controvertida medida destinada a desactivar protestas y movilizaciones en sectores productivos clave del país. A través de la Resolución 893/24, Bullrich estableció el Comando Unificado de Seguridad Productiva, cuya misión es “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, como Vaca Muerta y las zonas portuarias de Rosario y Bahía Blanca.
Este nuevo organismo estará integrado por las cuatro fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con representantes de los cuerpos policiales de las provincias que decidan sumarse a la iniciativa. Además, la norma invita a los ministros provinciales de Seguridad a designar un representante para integrar el comando, que estará bajo la autoridad directa de Bullrich, quien “tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo”.
Combatiendo “Amenazas a la Seguridad Nacional“
El origen de este comando se basa en lo que el Gobierno de Javier Milei ha calificado como “graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción”, en zonas críticas como puertos, áreas mineras o parques industriales. Según fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, estas acciones no solo afectan la economía, sino que también podrían considerarse como actos que rozan el terrorismo, al poner en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad del país.
La resolución, sin embargo, no ofrece detalles específicos sobre los incidentes o los responsables, pero enfatiza que estos actos han generado “un peligro colectivo para la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas, así como para la libre circulación de los trabajadores y su actividad productiva”. En este sentido, el comando unificado se percibe como una herramienta esencial para evitar que estas protestas se conviertan en un foco de desestabilización, que en el discurso del gobierno podría ser interpretado como una forma de terrorismo.
En Defensa de la Seguridad Productiva
Con la creación de este comando, el Gobierno busca “desplegar territorialmente tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano en zonas de alta productividad”, lo que podría enfocarse principalmente en desactivar las medidas de fuerza de los trabajadores. Aunque no se menciona explícitamente en los fundamentos, es posible que esta acción esté vinculada con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que desde su concepción prometía “garantías” para evitar conflictos en áreas estratégicas, considerando cualquier alteración del orden como una amenaza directa a la seguridad del Estado.
Una Coordinación Centralizada
La coordinación del comando está a cargo de la máxima autoridad ministerial, es decir, de Patricia Bullrich. La ministra tendrá la responsabilidad de dirigir los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad involucradas en el operativo, en colaboración con las autoridades jurisdiccionales correspondientes, en lo que podría ser visto como un esfuerzo concertado para prevenir cualquier actividad que pueda ser catalogada como terrorista, especialmente en áreas de alta relevancia económica.
