Por medio de su vocero, el presidente desautorizó a Guillermo Francos y descartó cualquier posibilidad de modificar el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La controversia interna estalló cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sugirió ante los diputados opositores la posibilidad de revisar y modificar la normativa si fuera necesario. “Estamos dispuestos a analizar cualquier cambio”, declaró Francos durante su visita al Congreso, lo que fue interpretado como una posible flexibilización de la postura gubernamental. Sin embargo, Adorni desmintió esta interpretación, asegurando que el gobierno no tiene ninguna intención de revertir las restricciones impuestas. Según el vocero, las palabras de Francos fueron malentendidas y no representan un cambio en la firme posición del Ejecutivo.
Restricciones que Generan Críticas
El decreto en cuestión ha sido una fuente constante de críticas, ya que establece nuevas limitaciones al acceso a la información pública, restringiendo significativamente el alcance de la Ley 27.275. Esta normativa, que había sido diseñada para promover la transparencia gubernamental, ha sido modificada para otorgar al Poder Ejecutivo la autoridad de decidir qué información es considerada de interés público y, por lo tanto, accesible para la ciudadanía.
Los cambios implementados incluyen la exclusión de datos de carácter privado, como reuniones familiares o visitas íntimas, y la prohibición de divulgar “deliberaciones preparatorias” o documentos preliminares relacionados con actos de gobierno. Además, se establece un blindaje de 10 años para datos confidenciales en áreas sensibles como defensa, política exterior o seguridad interior, dificultando el acceso a información crucial para la rendición de cuentas.
Una Postura Inflexible del Gobierno
A pesar de las crecientes tensiones y las denuncias de inconstitucionalidad, el gobierno de Milei ha mantenido una postura inflexible. Esta decisión de mantener el decreto sin cambios refuerza la percepción de que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) prioriza un control más estricto sobre la información disponible al público, en detrimento de los principios de transparencia y acceso que la ley original pretendía garantizar. Críticos de la medida argumentan que estas restricciones no solo limitan la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar las acciones del gobierno, sino que también representan un retroceso en los avances hacia un Estado más abierto y transparente.
