Es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un decreto. A su vez, la Cámara alta blindó y actualizó los presupuestos de las casas de altos estudios nacionales.
En la madrugada del viernes, el Senado asestó un duro y doble golpe al gobierno de Javier Milei que venia valentonado por su triunfo sobre los jubilados. En una sesión que marcó una importante derrota para el oficialismo, la Cámara Alta rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgaba fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y, además, aprobó un proyecto clave para blindar y actualizar el presupuesto de las universidades públicas. A pesar de estos reveses, el Senado aprobó la Boleta Única, que ahora deberá regresar a la Cámara de Diputados.
El primer golpe empezó a fraguarse semanas atrás, cuando la Casa Rosada, acostumbrada a jugar al límite, intentó evitar el debate del DNU en el recinto. A último momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugirió una jugada desesperada: convocar a una sesión secreta para retirar el decreto del temario oficial. Sin embargo, este movimiento no obtuvo el respaldo necesario y dejó al Ejecutivo en minoría, permitiendo que el DNU se debatiera y, finalmente, fuera rechazado por una mayoría contundente con 49 votos en contra frente a solo 11 a favor y dos abstenciones. Fue la primera vez que el Congreso rechaza un DNU, marcando un hito en la debilidad del gobierno de Milei.
El rechazo al DNU, que otorgaba 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la restaurada SIDE, simboliza no solo la fractura interna del oficialismo, sino también la creciente resistencia de la oposición. A pesar de los intentos de la Casa Rosada para asegurar su aprobación, incluso con negociaciones con sectores del radicalismo, la maniobra fracasó, evidenciando la pérdida de control político del gobierno sobre el Senado.
El segundo golpe llegó con la aprobación de una ley que incrementa significativamente el presupuesto de las universidades públicas. El proyecto, que también incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que representa el 0,14% del PBI. Con 57 votos a favor, la ley fue aprobada de manera contundente, a pesar de la clara oposición del gobierno, que ya ha insinuado la posibilidad de vetarla, al igual que hizo previamente con la reforma jubilatoria lo que en el caso de las universidades podría generar una contundente reacción social en las calles.
Para el oficialismo, esta ley es un obstáculo más en su intento de mantener una política de superávit fiscal en base a un brutal ajuste que recae exclusivamente en los trabajadores . El impacto económico de esta medida va en contra de los pretendidos objetivos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca controlar el déficit fiscal. No obstante, si Milei opta por vetar la ley, se enfrentará a una nueva ola de protestas, tal como ocurrió con el rechazo al aumento de las jubilaciones. El gobierno, debilitado por esta doble derrota, queda expuesto a una creciente presión social y política que amenaza con erosionar aún más su poder.
