Así resolvió el Juzgado Federal N°2 de La Plata. Según detalló el juez federal subrogante, Alejo Ramos Padilla, si el oficialismo quiere disponer la privatización del banco deberá hacerlo a través del Congreso.
La decisión judicial pone un freno contundente a las intenciones privatizadoras del gobierno de Javier Milei, destacando el papel esencial de la justicia en limitar acciones que podrían socavar la naturaleza pública de instituciones fundamentales. La maniobra del gobierno, que buscaba transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima como un paso previo para permitir la incorporación de capitales privados, ha sido declarada nula por el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Este fallo fue un golpe a los intentos del oficialismo de avanzar sin el respaldo del Congreso, y refuerza la idea de que los cambios estructurales en el Banco deben estar sometidos al poder legislativo.
En el día de hoy la Justicia Federal de La Plata resolvió que el Directorio del BNA no puede avanzar ni en transformar en S.A., ni en ningún intento privatizador, porque solo podrá ser tratado en el ámbito del Congreso.
— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) September 25, 2024
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El gobierno de Milei había mostrado desde el inicio de su gestión una clara tendencia hacia la privatización de organismos públicos, entre ellos el Banco Nación, considerado una “joya” para los planes de venta. Aunque la Ley de Bases aprobada en el Congreso inicialmente incluía una cláusula que permitía la privatización de la entidad bancaria, dicha disposición fue modificada durante el debate legislativo para excluir al Banco Nación de esa medida. No obstante, el gobierno encontró un atajo al proponer el cambio a Sociedad Anónima, lo que permitiría incorporar capital privado sin necesidad de una ley expresa de privatización.
El juez Ramos Padilla, sin embargo, bloqueó esta maniobra, argumentando que ni el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ni la resolución 348 del Banco Nación otorgaban al Poder Ejecutivo la autoridad para modificar el estatus jurídico de la entidad. En su fallo, el magistrado enfatizó que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la institución, basándose en la Ley 27.742 (Ley de Bases), la cual reflejó de manera clara la voluntad de los legisladores de mantener al Banco Nación fuera de cualquier proceso privatizador.
Este fallo ha sido celebrado por los gremios bancarios, especialmente por la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), que desde el inicio de los rumores de privatización se manifestó en defensa del carácter público del Banco Nación. Los trabajadores han resaltado el rol crucial de la entidad en el desarrollo económico y social del país, subrayando su función en el pago de jubilaciones, el apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes) y su presencia en regiones donde las instituciones privadas no llegan. Además, se destacó la fortaleza financiera de la entidad, avalada por calificadoras de riesgo que le otorgaron una excelente puntuación en términos de endeudamiento y capacidad de pago.
El fallo también arrojó luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en procesos de privatización, criticando la contratación prematura de un estudio jurídico externo por parte del Banco Nación para asesorar sobre el cambio de estatus. El juez cuestionó la falta de consulta a organismos públicos como el Cuerpo de Abogados del Estado (CAE), que habrían podido confirmar la necesidad de una ley para cualquier reforma estructural.
En definitiva, esta resolución judicial no solo protege al Banco Nación de una privatización encubierta, sino que también establece un precedente importante en la defensa del carácter público de instituciones clave. Reafirma que cualquier intento de modificar el estatus de entidades como el Banco Nación debe pasar por el Congreso, manteniendo así los mecanismos democráticos y evitando que el Poder Ejecutivo actúe de manera unilateral. Con este fallo, la justicia ha desempeñado un papel crucial al frenar un proyecto que muchos consideran autocrático, recordando que las decisiones que afectan a instituciones públicas de gran relevancia no pueden tomarse sin un debate amplio y sin el respaldo de las leyes aprobadas por el poder legislativo.