El gobierno de Javier Milei ordenó el cierre total del hospital, generando una incertidumbre alarmante sobre cómo afectará esto al sistema de salud mental a nivel nacional.
El gobierno nacional ha tomado una medida que ha generado fuerte preocupación en el ámbito de la salud pública: el cierre total del servicio de internación del Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte. Esta decisión incluye, además, el cierre del servicio de guardia, dejando a cientos de pacientes en una situación de desamparo y a miles más al borde de perder un espacio vital de atención.
El impacto de este cierre es devastador, ya que el hospital había brindado atención a más de 25 mil personas en lo que va del año, incluyendo a niñas, niños y adolescentes que dependían de estos servicios para su tratamiento y contención. La clausura del Hospital Bonaparte no solo limita el acceso a la salud mental, sino que desprotege a una población que necesita atención urgente y especializada, en un contexto de creciente demanda por este tipo de servicios.
Este anuncio precede al cierre total del hospital, lo que genera una incertidumbre alarmante sobre cómo afectará esto al sistema de salud mental a nivel nacional. La falta de estos servicios, que no cuentan con una infraestructura alternativa clara, deja a muchos sin una red de contención, con un riesgo evidente para su salud y bienestar.
La resistencia de los trabajadores y la comunidad
Frente a esta situación crítica, los trabajadores del hospital no se han quedado de brazos cruzados. En una asamblea general, decidieron permanecer en sus puestos, desafiando el cierre y lanzando una convocatoria urgente. “Llamamos a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública”, expresaron en un comunicado que busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de defender este espacio.
El cierre del Hospital Laura Bonaparte pone en evidencia una crisis en la política de salud pública del gobierno, que no solo desprotege a los pacientes, sino que deja en el aire la situación de los trabajadores y la calidad de atención en un área tan sensible como la salud mental.
