El complejo agroexportador obtuvo ganancias por 4900%. Mientras el plato de guiso para los sectores populares se incrementó en 151% en los últimos diez meses.
Pese a la caída del consumo en supermercados, los oligopolios agroexportadores y las grandes empresas alimentarias han sido los grandes beneficiarios del modelo económico impulsado por el gobierno libertario. Según el informe “Rascar la olla”, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el CELS, las empresas del sector alimentario incrementaron sus ganancias en un 1.300%, mientras que el complejo agroexportador obtuvo márgenes de hasta el 4.900% en apenas unos meses.
El análisis expone el desmantelamiento de políticas agroalimentarias durante el gobierno de Javier Milei, detallando cómo una serie de reformas y eliminaciones de programas públicos han reforzado el poder de los grupos económicos concentrados. En este contexto, mientras el consumo de alimentos en supermercados cayó un 16%, los precios de productos básicos se dispararon. Un plato de guiso, por ejemplo, aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024, resultando cada vez menos accesible para la población, especialmente para quienes dependen de salarios mínimos o jubilaciones.
El informe, elaborado entre noviembre de 2023 y julio de 2024 por especialistas del IGEO-UBA, divide su análisis en tres ejes: producción, acceso y apoyo gubernamental. En estos temas, destaca cómo el modelo económico actual ha impulsado la concentración del sistema agroalimentario, eliminando programas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI) y debilitando la asistencia alimentaria. Esto se ejemplifica con la cancelación de programas como Pro Huerta, que había sido una fuente clave de apoyo técnico y financiero para la producción de alimentos comunitarios durante más de tres décadas.
En paralelo, el gobierno ha creado nuevas políticas que benefician a las grandes corporaciones y limitan el desarrollo de la producción local. Estas medidas incluyen la autorización de eventos transgénicos en soja y maíz, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y la prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como cambio climático y sustentabilidad. A su vez, se eliminaron regulaciones importantes para productores medianos y pequeños, tales como el gravamen a productos de vaca y lácteos, y leyes orientadas a la vitivinicultura y la olivicultura, entre otras.
El ajuste impactó en la posibilidad de alimentarse bien.
— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024
Con un salario o una jubilación mínimas, es posible preparar casi un tercio menos de porciones de guiso que en noviembre pasado. pic.twitter.com/4ZN2gEioGq
Con estos cambios, la participación de los pequeños productores en el precio final se ha reducido drásticamente, mientras que el aumento de precios al consumidor ha sido del 111% en promedio. Sin embargo, este ajuste ha sido insuficiente para proteger a los sectores más vulnerables, ya que el crecimiento de la pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024 refleja que los refuerzos presupuestarios para políticas asistenciales como AUH y AUE han tenido un impacto limitado.
Quienes trabajan en comedores o merenderos comunitarios enfrentan cada vez más obstáculos para brindar alimentos. pic.twitter.com/vbuRkj7bJP
— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024
Como resultado, el desmantelamiento de políticas alimentarias y de apoyo ha afectado directamente a comedores y huertas comunitarias, que ahora enfrentan dificultades para mantener la calidad y cantidad de alimentos que ofrecen. Con una menor asistencia técnica y falta de insumos como semillas, estos espacios ven amenazada su capacidad de sostener el tejido social y enfrentar la crisis alimentaria.