A la vez que los datos sobre la aprobación del presidente se desploman, el medio macrista La Nación anunció que la Justicia avanzará contra la ex presidenta.
En medio de la caída de Javier Milei en las encuestas, el aparato judicial vuelve a reactivar causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, líder de la oposición. La causa Vialidad, que ya había sido revisada y archivada en instancias judiciales previas, ha vuelto a la escena con un nuevo fallo que resalta la imparcialidad del fiscal Guillermo Marijuán. La Cámara Federal desestimó el pedido de la ONG Bases, vinculada al PRO, de apartarlo del caso por supuesta parcialidad a favor de Cristina. El juez Farah sostuvo que “la diferencia de opiniones sobre la valoración de pruebas no es suficiente para apartar a un fiscal”.
En paralelo, la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con el empresario Lázaro Báez, continúa generando tensiones. Marijuán ya había señalado en decisiones previas que no existen pruebas suficientes para procesar a la ex presidenta, lo cual generó críticas de sectores alineados con el PRO.
Sin embargo, la Cámara confirmó la falta de elementos sólidos para vincular a Cristina Kirchner con los cargos, desestimando nuevamente los recursos de la ONG Bases, cuya intervención ha sido criticada por Marijuán como “oportunista”.
Tensión política y la falta de pruebas en la causa Vialidad
La causa Vialidad, donde se acusa a la ex presidenta de adjudicar obras públicas de forma irregular, destaca por la ausencia de pruebas directas en su contra. La acusación se apoya en supuestos sobreprecios en contratos con Báez, pero los peritajes presentaron cifras dispares y metodología inconsistentes. Tres peritos no lograron consenso sobre los costos de las obras, lo cual evidencia la debilidad del caso y pone en duda la validez de una condena basada en suposiciones.
La periodista Sofía Caram subrayó que los jueces interpretaron los resultados de manera arbitraria, dejando en evidencia una narrativa que parece más guiada por intereses políticos que por pruebas irrefutables. Con Milei bajo creciente presión por el declive en su popularidad, el uso de causas judiciales contra figuras opositoras como Cristina Kirchner refuerza la percepción de un sistema de justicia manipulado para deslegitimar a la oposición.
Clase pública y denuncia de “lawfare”
Para denunciar esta persecución, el próximo miércoles, organizaciones sociales y referentes políticos realizarán una clase pública titulada “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. Entre los oradores estarán el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y la periodista brasileña Manuela Dávila, quienes analizarán lo que consideran un proceso judicial espurio destinado a bloquear el retorno de Cristina al poder.
El evento se realizará frente a los tribunales de Comodoro Py y en diversos puntos del país, en un esfuerzo por visibilizar lo que llaman “lawfare”, o persecución judicial con fines políticos. La clase pública busca consolidar el apoyo a Cristina Kirchner como la figura principal de la oposición, en momentos en que el gobierno de Milei enfrenta críticas internas y cae en popularidad.
La reactivación de causas cerradas refuerza la idea de que, lejos de una justicia imparcial, los fallos judiciales responden a estrategias políticas. En este contexto, la independencia judicial parece cada vez más puesta en duda, acentuando las tensiones entre la justicia y el poder político en Argentina.
