El próximo miércoles, la Cámara de Casación anunciará si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le dio un fuerte respaldo a la presidenta del PJ, Cristint Kirchner, en la previa de conocerse la decisión del Cámara de Casación Penal sobre la ratificación de la condena por la causa Vialidad. “Es un escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa. Inaugura un nuevo género, el derecho ficción”, apuntó Kicillof y aseguró que se trata de un caso de “persecución político- judicial” con el objetivo de proscribir a Cristina. 

En la conferencia de prensa matutina de los lunes, Kicillof discribió la causa Vialidad como un caso de “derecho ficción” al indicar que se “sacan dictámenes judiciales, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito, y donde a quién se acusa de llevarlo adelante, a Cristina en este caso, no tenía posibilidad material de hacerlo“. 

“Es un juicio trucho de persecución política y proscripción”❗️

▶️ Kicillof respaldó a Cristina Kirchner y dijo que el juicio por Vialidad "es trucho". pic.twitter.com/XGXPRfnHDZ

— El Destape (@eldestapeweb) November 11, 2024

“Todo lo que se va a decir el miércoles nunca ocurrió y no existió; y, sin embargo, se va a dar por hecho y por realidad”, sentenció Kicillof, tras insistir en que la expresidenta no tenía entre sus funciones administrativas otorgar las obras públicas por la que fue condenada aseis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La justicia le impuso esa condena por considerar que fue la principal responsable de un sistema que benefició al empresario Lázaro Báez, en Santa Cruz, y recibió “beneficios económicos” por ello.

El mandatario provincial señaló que el objetivo de “estos juicios truchos” son  “generar una estrategia de disciplinamiento a todo aquel que quiera llevar adelante determinadas políticas, determinadas obras, determinadas proyectos en nuestro país”. “Este camino que viene recorriendo la Justicia me parece que es gravísimo en términos de presente”, agregó.  

Kicillof apoyó sus afirmaciones en la intervención previa del ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Juan Martín Menna, quien calificó la causa Vialidad como “una mezcla inescrupulosa, ilegítima e ilegal de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito, pero lamentablemente muy poderoso, de la justicia argentina que empujaron el martillo sobre la cabeza de la democracia“. 

Menna –quien mencionó a Cristina como “la principal líder política de nuestro espacio”– fue el encargado de repasar en la previa la construcción de la Causa Vialidad y subrayar que “nada de lo que se decía en los medios de comunicación ni lo que está diciendo la Justicia” está probado en la causa, y advirtió “puede ser el mamarracho judicial más importante de la historia”.

“No hubo un solo testigo ni perito que pudiera avalar la novela que primero se estableció en los medios de comunicación y luego fue sostenida por funcionarios públicos, por los fiscales”, señaló Menna al recordar que de las 51 obras viales realizadas en Santa Cruz durante 12 años de gestión kirchnerista “no hubo sobreprecios en ninguna” y 48 estaban finalizadas al momento de realizar el informe que funcionó como base material de la causa y que fue presentado por la administración del ex presidente Mauricio Macri. 

Menna volvió a enmarcar la Causa Vialidad como parte de la estrategia de lawfare, “la persecución política, por vía el Poder Judicial, que fue una estrategia juicial que afectó a todos los países de nuestra región”. Una definición que los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron a la ex presidenta y tenían una relación cercana con Macri, calificaron en los fundamentos del fallo como un simple “anglicismo” utilizados por la defensa parallevarlos “al extremo”.

Menna junto al líder de Patria Grande Juan Grabois –quien la semana pasada se reunió, por separado, con el gobernador Kicillof y con Cristina– están organizando para este mismo miércoles una “clase pública” titulada “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. 

“Presa, muerta, proscripta, intentaron de todo contra una de las principales líderes de nuestra democracia. Desde las provincia de Buenos Aires, queremos advertir la gravedad de lo que está pasando”, sentenció Menna y dejó marcada la posición del gobierno provincial antes del respaldo cerrado dado por Kicillof.   

A la vez que los datos sobre la aprobación del presidente se desploman, el medio macrista La Nación anunció que la Justicia avanzará contra la ex presidenta.

En medio de la caída de Javier Milei en las encuestas, el aparato judicial vuelve a reactivar causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, líder de la oposición. La causa Vialidad, que ya había sido revisada y archivada en instancias judiciales previas, ha vuelto a la escena con un nuevo fallo que resalta la imparcialidad del fiscal Guillermo Marijuán. La Cámara Federal desestimó el pedido de la ONG Bases, vinculada al PRO, de apartarlo del caso por supuesta parcialidad a favor de Cristina. El juez Farah sostuvo que “la diferencia de opiniones sobre la valoración de pruebas no es suficiente para apartar a un fiscal”.

En paralelo, la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con el empresario Lázaro Báez, continúa generando tensiones. Marijuán ya había señalado en decisiones previas que no existen pruebas suficientes para procesar a la ex presidenta, lo cual generó críticas de sectores alineados con el PRO.

Sin embargo, la Cámara confirmó la falta de elementos sólidos para vincular a Cristina Kirchner con los cargos, desestimando nuevamente los recursos de la ONG Bases, cuya intervención ha sido criticada por Marijuán como “oportunista”.

Tensión política y la falta de pruebas en la causa Vialidad

La causa Vialidad, donde se acusa a la ex presidenta de adjudicar obras públicas de forma irregular, destaca por la ausencia de pruebas directas en su contra. La acusación se apoya en supuestos sobreprecios en contratos con Báez, pero los peritajes presentaron cifras dispares y metodología inconsistentes. Tres peritos no lograron consenso sobre los costos de las obras, lo cual evidencia la debilidad del caso y pone en duda la validez de una condena basada en suposiciones.

La periodista Sofía Caram subrayó que los jueces interpretaron los resultados de manera arbitraria, dejando en evidencia una narrativa que parece más guiada por intereses políticos que por pruebas irrefutables. Con Milei bajo creciente presión por el declive en su popularidad, el uso de causas judiciales contra figuras opositoras como Cristina Kirchner refuerza la percepción de un sistema de justicia manipulado para deslegitimar a la oposición.

Clase pública y denuncia de “lawfare”

Para denunciar esta persecución, el próximo miércoles, organizaciones sociales y referentes políticos realizarán una clase pública titulada “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. Entre los oradores estarán el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y la periodista brasileña Manuela Dávila, quienes analizarán lo que consideran un proceso judicial espurio destinado a bloquear el retorno de Cristina al poder.

El evento se realizará frente a los tribunales de Comodoro Py y en diversos puntos del país, en un esfuerzo por visibilizar lo que llaman “lawfare”, o persecución judicial con fines políticos. La clase pública busca consolidar el apoyo a Cristina Kirchner como la figura principal de la oposición, en momentos en que el gobierno de Milei enfrenta críticas internas y cae en popularidad.

La reactivación de causas cerradas refuerza la idea de que, lejos de una justicia imparcial, los fallos judiciales responden a estrategias políticas. En este contexto, la independencia judicial parece cada vez más puesta en duda, acentuando las tensiones entre la justicia y el poder político en Argentina.

En medio de la decisión definitiva de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas el CEO de FlyBondi, Mauricio Sana, salió a advertir que cerrar la aerolínea de bandera “llevará al caos durante meses”.

“La desaparición de la capacidad que maneja Aerolíneas Argentinas no le hace bien a nadie, no le hace bien al país, ni al Estado”, consideró este viernes Sana al señalar que “es difícil recuperar esa capacidad en un corto plazo”.

“Cuando tienes años para hacerlo se puede hacer de manera ordenada sin conflicto social. Si desaparece de un momento a otro, puede haber una coyuntura de 3 o 4 meses de conflictividad”, apuntó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese sentido, manifestó: “Creo que si llegara a desaparecer Aerolíneas, va a haber un momento bisagra de algunos meses coyunturales donde va a haber algún tipo de caos”. “Sin embargo, lo que puede pasar, es que ante una demanda, aparezcan varios jugadores, compañías como la que estamos operando”, agregó.

Pese a admitir esta situación, Sana consideró que el objetivo del Gobierno de querer reducir, privatizar o cerrar la empresa estatal es parte de su “objetivo fundamental, en línea con el ajuste fiscal, de dejar de perder dinero en una compañía aérea”. “Lo que hace el Gobierno es comportarse como cualquier dueño de cualquier empresa. Si me funciona la mantengo, si no me funciona trato de ver cómo la saneo”, especificó.

El titular de Flybondi también se refirió a los casos de privatización de la compañía brasileña Varig y de la italiana Alitalia. “Con Alitalia apareció ITA Airways el mismo día y se hizo un traspaso del equipo que había, aviones y equipamientos, de una compañía a la otra, una especie de venta. En cuanto a las personas, se contrató a las que realmente estaban comprometidas”, explicó.

Por el lado del caso de la brasileña Varig, remarcó que fue fundamental “la aparición de Gol”, la cual “terminó absorbiendo recursos”. “Eso fue un modelo de limpieza. Fue filtrar y decir quiénes están de acuerdo”, recordó.

El decreto del gobierno nacional busca permitirle a Casa Rosada seguir con la fiesta de endeudamiento sin pasar por el Congres nacional. El ministro de Luis Caputo y la historia de nunca acabar: deuda, deuda y más deuda.

El decreto dispuso que “las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago” y agregó que “dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera”. Ante la falta de limitación de que la reestructuración genere una mejora en los plazos, intereses o capital, esto abre una puerta para que el Ejecutivo pueda realizar un eventual canje de deuda que no resulten beneficiosos para el país en esos términos. En 2025 Argentina enfrentará vencimientos de bonos globales por más de 5.000 millones de dólares.

Pasó durante la última dictadura, con la convertibilidad, con la gestión de Mauricio Macri y ahora con Milei. El liberalismo en Argentina tiene una sola receta: endeudamiento externo. Y siempre esas recetas terminan mal…