Colegio de Abogados de la Ciudad: “la auditoría de la SIGEN sobre la UBA es inconstitucional”
El dictamen del Colegio de Abogados de dio a conocer tras un pedido de una opinión técnico-jurídica de parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires calificó como “inconstitucional” la auditoría que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) pretende realizar sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el dictamen, solicitado por la UBA, esta medida vulnera la autonomía universitaria y excede las competencias del organismo al invadir un ámbito reservado a órganos específicos.
En su análisis, el Colegio argumentó que la SIGEN, al depender directamente del Presidente de la Nación, solo tiene competencia para realizar controles internos en las jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional. “La SIGEN es un órgano que carece de jerarquía constitucional, por lo que no puede intervenir en instituciones autónomas como las universidades nacionales”, puntualizaron.
Por su parte, la UBA reafirmó que la autonomía universitaria está garantizada por la Constitución Nacional, lo que implica que las universidades nacionales están sujetas al control estatal exclusivamente a través de los órganos previstos constitucionalmente para tal fin. “La SIGEN no es uno de esos órganos, y su pretensión de auditar las universidades nacionales constituye un claro atropello a su autonomía”, subrayó la institución.
La autonomía universitaria, un derecho consagrado
La Constitución Nacional reconoce explícitamente la autonomía de las universidades públicas, permitiéndoles gestionar sus asuntos internos y académicos sin interferencias externas que puedan comprometer su independencia. Este principio ha sido defendido históricamente como una garantía de libertad académica y administrativa frente a cualquier intervención política.
La medida impulsada por la SIGEN, promovida en el marco de los lineamientos del gobierno de Javier Milei, ha generado fuertes cuestionamientos por ser vista como un intento de controlar y condicionar a las universidades públicas, consideradas un pilar esencial del desarrollo educativo y científico del país.
El dictamen del Colegio de Abogados porteño refuerza el reclamo de la UBA y de otras universidades nacionales, alertando sobre los riesgos de avanzar en políticas que comprometan la autonomía constitucionalmente protegida. La intervención de la SIGEN es percibida como una vulneración directa a este principio, dado que no tiene una representación plural y responde directamente a la discrecionalidad del poder ejecutivo, lo que ha despertado preocupación en diversos sectores académicos y jurídicos.
