El relevamiento, realizado por la consultora QSocial sobre 1.323 casos en todo el país, expone un escenario de creciente descontento. La mitad de los consultados respondió que “ya no puede esperar más” para que las medidas del Gobierno tengan un impacto positivo en su economía cotidiana.

El respaldo social al ajuste económico del gobierno de Javier Milei muestra señales de desgaste. Una encuesta nacional reveló que el 50% de los argentinos afirma que ya no está dispuesto a seguir soportando los efectos de las políticas económicas a la espera de una mejora en su situación personal, mientras crece el pesimismo sobre el futuro del país.

El relevamiento, realizado por la consultora QSocial sobre 1.323 casos en todo el país, expone un escenario de creciente descontento. La mitad de los consultados respondió que “ya no puede esperar más” para que las medidas del Gobierno tengan un impacto positivo en su economía cotidiana. En contraste, apenas el 20% aseguró que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027, un 10% hasta fin de este año y un 8% hasta mediados de 2027, mientras que el 12% no tomó una posición.

La percepción sobre la situación actual también refleja un fuerte malestar. Solo el 16% calificó el presente como “bueno”, frente a un 35% que lo definió como “regular” y un 48% que consideró que el país atraviesa un momento “malo”. Aunque el 31% cree que Argentina está mejor que en diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, esa visión no alcanza para revertir el clima de incertidumbre.

Las expectativas hacia adelante tampoco son alentadoras para el oficialismo. El 47% de los encuestados considera que dentro de un año la economía estará peor, mientras que apenas el 26% espera una mejora y un 21% cree que permanecerá igual.

El estudio también muestra cuáles son las principales preocupaciones de la población. El trabajo y la pobreza encabezan la lista, ambos con el 21% de las menciones, seguidos por la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%) y el funcionamiento de la Justicia (6%).

La confianza en la capacidad del Gobierno para revertir esa situación también aparece debilitada: el 61% cree que la administración de Milei no podrá resolver esos problemas, frente a un 32% que mantiene expectativas positivas.

Además, una amplia mayoría cuestiona el rumbo de las políticas oficiales. El 64% considera que el Presidente gobierna “para algunos sectores”, mientras que solo el 25% cree que lo hace “para la mayoría de la población”.

El rechazo al ajuste económico también es contundente. El 67% de los consultados no comparte la idea de que las políticas actuales sean necesarias aunque impliquen sacrificios en el corto plazo y el mismo porcentaje considera que el esfuerzo que hoy realiza la sociedad no terminará valiendo la pena. Los resultados reflejan un creciente agotamiento social frente a un ajuste que, para buena parte de la población, no muestra resultados concretos en la vida cotidiana.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, escribió la Vicepresidenta Victoria Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a profundizar este jueves su enfrentamiento con el presidente Javier Milei y lanzó una de las críticas más severas desde que se desató la interna en el oficialismo. En un duro mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que le preocupa el estado del mandatario y cuestionó las publicaciones que comparte en redes sociales.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, escribió Villarruel, en una declaración que elevó el tono del conflicto político y personal con el jefe de Estado.

La respuesta llegó después de que Milei compartiera una publicación de la diputada nacional Lilia Lemoine, una de sus principales aliadas, en la que vinculaba a la titular del Senado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con la diputada Marcela Pagano. “El alineamiento Villarruel-Pagano-Kicillof es cada vez más obvio”, había afirmado Lemoine en el mensaje que luego fue republicado por el Presidente.

Tras el reposteo, la vicepresidenta reaccionó con dureza. “¿Esta locura galopante la retuiteó el Presidente? Parece contagioso el delirio”, escribió al responder la consulta de un usuario. Más tarde, redobló sus cuestionamientos al sostener: “El presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”.

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior.

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

Finalmente, Villarruel publicó el mensaje más contundente de la jornada al expresar que siente una “genuina preocupación” por el estado del mandatario y cuestionar las “persecuciones imaginarias” que, según sostuvo, difunde tanto dentro como fuera del país.

Las declaraciones de la vicepresidenta representan una nueva escalada en la crisis interna que atraviesa La Libertad Avanza y constituyen uno de los cuestionamientos personales más fuertes que un integrante de la fórmula presidencial dirigió contra Milei desde el inicio de su gestión.

El episodio también volvió a poner en el centro de la escena a Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al Presidente y una de las voces más críticas de Villarruel dentro del oficialismo. En esta oportunidad, el respaldo público de Milei a la publicación de la diputada terminó desencadenando una nueva y dura respuesta de la vicepresidenta, profundizando una ruptura política que desde hace meses se expresa en desacuerdos públicos y enfrentamientos cada vez más abiertos.

En medio de la pérdida del poder adquisitivo y del encarecimiento sostenido del costo de vida, el Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que comenzará a regir desde el 1 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida implica una nueva presión sobre los ingresos de millones de hogares, que deberán destinar una mayor parte de sus salarios al pago de servicios esenciales.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN, consolidando un nuevo ajuste tarifario en el marco de la política de reducción de subsidios impulsada por el Gobierno.

En el caso del servicio eléctrico, las Resoluciones 374/2026 y 375/2026, publicadas en el Boletín Oficial, establecen incrementos promedio del 1,78% para los usuarios de Edenor y del 1,71% para los clientes de Edesur, como consecuencia de la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD).

Aunque las subas porcentuales son moderadas, se suman a una larga serie de incrementos registrados en los últimos meses, profundizando el impacto sobre economías familiares que ya vienen resentidas por la inflación y el deterioro del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuará vigente, por lo que se mantendrán diferencias tarifarias según el nivel de ingresos y consumo. Los nuevos cuadros alcanzan tanto a usuarios residenciales con y sin subsidios como a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Además, el ENRGE actualizó el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijándolo en $69,394 para Edenor y $63,540 para Edesur, junto con otros componentes regulatorios que integran el costo final de las facturas.

Las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en medios gráficos de circulación en sus respectivas áreas de concesión dentro de los cinco días posteriores a la notificación de las resoluciones.

También aumenta el gas

En paralelo, el organismo regulador aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural de Metrogas y Naturgy BAN, que también entrarán en vigencia desde agosto.

Las facturas deberán reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones por subsidios, discriminando ambos conceptos en las boletas.

Para los usuarios residenciales sin subsidios de Metrogas, el cargo fijo para la categoría R1 será de $4.350,12 en la Ciudad de Buenos Aires y de $5.023,67 en la provincia de Buenos Aires, mientras que el cargo variable será de $155,74 y $157,32 por metro cúbico, respectivamente.

En el caso de Naturgy BAN, el cargo fijo mensual parte de $4.350,12 y puede superar los $103.900 para las categorías de mayor consumo, mientras que el cargo variable quedó establecido en $208,66 por metro cúbico.

Con este nuevo ajuste, el Gobierno vuelve a trasladar mayores costos a los usuarios de servicios públicos en un contexto de ingresos que continúan perdiendo capacidad de compra. Para millones de familias, el aumento de las tarifas implica destinar una porción cada vez mayor del presupuesto mensual al pago de luz y gas, reduciendo el margen para otros consumos básicos.

Durante el primer semestre de 2026 se derrumbó un 7,6% respecto del mismo período del año pasado y acumuló ocho caídas interanuales consecutivas, mientras los analistas advierten que no existen señales claras de una recuperación sostenida para lo que resta del año.

Los datos surgen del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando Ferreres & Asociados, que mostró que en junio la inversión fue 6,2% inferior a la de un año atrás y volvió a retroceder 0,4% en términos mensuales. La consultora describió una dinámica de “serrucho”, con pequeños rebotes que rápidamente vuelven a convertirse en caídas.

El golpe más fuerte volvió a sentirse en los equipos durables de producción, un indicador clave para medir las apuestas del sector privado al crecimiento. La inversión en maquinaria nacional cayó 9,5%, mientras que la importada se desplomó 12,7%. La construcción fue el único rubro que mostró una leve mejora interanual de apenas 0,4%, insuficiente para compensar el fuerte retroceso del resto de los sectores.

Desde Ferreres señalaron que, al llegar a la mitad del año, la inversión continúa en niveles muy bajos y que todavía no aparecen indicadores que permitan proyectar una recuperación consistente. Si bien algunos sectores exhibieron mejoras puntuales, la consultora sostuvo que el panorama general sigue siendo de estancamiento y que el eventual impacto de las inversiones anunciadas bajo el RIGI y el Súper RIGI dependerá de cronogramas flexibles y sujetos a incertidumbre.

Los datos refuerzan la preocupación sobre uno de los principales objetivos económicos del Gobierno. Lejos de convertirse en el motor del crecimiento, la inversión continúa en retroceso. Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2026 cayó otro 11% interanual y acumuló cuatro descensos consecutivos en la medición desestacionalizada.

Desde Fundar advirtieron que la inversión representa apenas el 14,3% del Producto Bruto Interno, un mínimo histórico y muy por debajo del 25% que consideran necesario para sostener un proceso de crecimiento. Además, remarcaron que la inversión por habitante se encuentra un 21,8% por debajo del récord alcanzado en 2018, reflejando el fuerte deterioro de la capacidad productiva del país.

Para la red Misión Productiva, el desplome responde a una combinación de factores: la debilidad de la demanda y de los salarios, la paralización de la obra pública, el mal desempeño de la construcción privada, la falta de crédito para proyectos productivos y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del esquema económico. A su entender, el crecimiento impulsado por sectores como el agro, la minería y la energía no alcanza para expandir la inversión al conjunto de la economía.

Las dudas también alcanzan al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y al denominado Súper RIGI. Aunque fueron presentados por el Gobierno como herramientas para atraer capitales y reactivar la economía, distintos especialistas sostienen que su impacto será limitado. Desde Fundar señalaron que el régimen concede beneficios excesivos a sectores que ya venían invirtiendo, como la minería y la energía, sin generar una estrategia que impulse el desarrollo del resto del entramado productivo.

En la misma línea, el investigador Emiliano Libman sostuvo que los sectores alcanzados por el RIGI representan una porción demasiado reducida de la inversión total como para revertir la tendencia general. “A lo mejor ayuda a que deje de caer la inversión, pero no espero un repunte a corto plazo“, afirmó.

Con este panorama, la caída de la inversión vuelve a convertirse en una de las principales señales de alerta para la economía argentina. Mientras las empresas postergan proyectos y frenan la compra de maquinaria, las expectativas de recuperación siguen debilitándose y crecen las dudas sobre la capacidad del modelo económico para generar un crecimiento sostenido.

La empresa Algieri S.A., una de las contratistas más recurrentes de las administraciones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a quedarse con una millonaria licitación del Gobierno porteño.

En esta oportunidad, fue preadjudicada para realizar obras complementarias en la estación Pueyrredón de la Línea B, que ya había sido remodelada el año pasado, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos públicos y la reiteración de contratos a un reducido grupo de empresas.

La nueva adjudicación comprende la finalización de los trabajos en la estación Pueyrredón y la puesta en valor de las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti, de la Línea A, además de intervenciones en Dorrego. La licitación había sido lanzada en febrero y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 11.233 millones de pesos.

Lo que genera cuestionamientos no es solamente el monto de la obra, sino el historial de la empresa con las distintas administraciones del PRO. Desde que Jorge Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2023, Algieri S.A. ya acumuló al menos cinco adjudicaciones o preadjudicaciones de gran magnitud, varias de ellas vinculadas a infraestructura urbana y transporte.

Entre esos contratos figura la reorganización del Centro de Trasbordo Plaza Constitución, adjudicada en junio de este año por 6.548 millones de pesos, además del servicio de mantenimiento de espacios verdes, otorgado en 2025 mediante una unión transitoria de empresas, y otras obras de puesta en valor de estaciones de subte en las líneas B y D.

La estación Pueyrredón representa un caso llamativo. Después de permanecer cerrada durante varios meses por una remodelación concluida en 2025, ahora vuelve a ser objeto de una nueva contratación para ejecutar trabajos complementarios, una situación que alimenta interrogantes sobre la planificación de las obras y el uso eficiente de los fondos públicos.

Una contratista con larga historia en las gestiones del PRO

La presencia de Algieri S.A. en la obra pública porteña no comenzó con Jorge Macri. Durante los ocho años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la firma obtuvo al menos nueve licitaciones y adjudicaciones, según registros del Boletín Oficial de la Ciudad.

Entre las principales se encuentran la urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31), la remodelación de Plaza Lavalle, el proyecto Calle Verde Yerbal, obras de mitigación e infraestructura comunal, intervenciones en edificios públicos y diversos contratos de mantenimiento de espacios verdes.

La continuidad de estas adjudicaciones durante distintas administraciones del mismo espacio político alimenta las críticas y sospechas de quienes sostienen que el sistema de contrataciones porteño concentra una parte importante de la obra pública en un grupo reducido de empresas con fuerte presencia histórica en los gobiernos del PRO.

Mientras la Ciudad destina miles de millones de pesos a nuevas licitaciones, la repetición de los mismos adjudicatarios vuelve a abrir el debate sobre la transparencia, la competencia real en los procesos licitatorios y la necesidad de garantizar una distribución más amplia y equitativa de los contratos públicos.

El gobernador bonaerense defendió la soberanía sobre Vaca Muerta, cuestionó la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y advirtió que los recursos naturales deben ponerse al servicio del desarrollo nacional y no de las exigencias del organismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta y reivindicó que los recursos estratégicos de la Argentina deben destinarse al desarrollo del país, en contraposición a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino“, afirmó Kicillof durante un acto realizado este miércoles en Lomas de Zamora. El mandatario bonaerense sostuvo que esa riqueza energética “tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional, para que los argentinos puedan acceder a la energía a un precio posible”, en un mensaje dirigido tanto al organismo internacional como a la administración libertaria.

Las declaraciones llegaron después de que Georgieva recorriera por primera vez Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La visita fue interpretada por distintos sectores como un fuerte respaldo del FMI al modelo económico extractivista del Gobierno y al papel que los recursos energéticos podrían desempeñar para garantizar el cumplimiento del programa acordado con el organismo.

Great visit to @YPFoficial’s Loma Campana operations with @LuisCaputoAR and @HoracioMarin_ok. Seeing Vaca Muerta firsthand highlighted the talent, innovation & entrepreneurship that public and private companies are deploying to drive Argentina’s bright energy future. pic.twitter.com/1oby72tsWu

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

Kicillof también cuestionó el modelo económico que impulsa la Casa Rosada y rechazó la idea de que la economía atraviese un proceso de recuperación. “La macro no está ordenada porque la gente no llega a fin de mes. Tienen miedo de perder el trabajo; ese es el orden para el FMI”, sostuvo.

En la misma línea, aseguró que la política económica está profundizando el deterioro de la producción y el consumo. “La industria está liquidada y el comercio también. Nos dicen que la situación económica es extraordinaria y que somos un orgullo. ¿Dónde está eso? Hay familias que no pueden pagar los servicios ni la comida y terminan endeudándose primero con los bancos, después con las billeteras virtuales y finalmente con prestamistas”, señaló.

El gobernador advirtió además que el escenario social es de una gravedad inédita y afirmó que “estamos en una situación que no hubo nunca”, incluso peor que la crisis de 2001 en algunos indicadores. “Es una crueldad y un abandono deliberado”, concluyó.

La visita de Georgieva a Vaca Muerta se produjo durante su paso por la Argentina para respaldar el programa económico del Gobierno nacional. Tras reunirse con funcionarios, la titular del FMI aseguró que el país “está por un buen camino” y consideró que, por el momento, “no habrá necesidad de más fondos”. Sus declaraciones reforzaron el respaldo del organismo a la gestión de Milei, en medio de un fuerte ajuste económico y de crecientes cuestionamientos por el impacto social de las medidas oficiales.

El funcionario atribuyó ese deterioro a la fuerte devaluación aplicada al inicio del mandato libertario, en una admisión que contradice el relato oficial sobre una supuesta recuperación sostenida del poder adquisitivo.

Durante una entrevista, el nuevo vocero oficial Adrián Ravier sostuvo que el Gobierno recibió “la peor herencia de la historia” y justificó la brusca devaluación implementada en diciembre de 2023 al afirmar que era necesario “corregir la brecha cambiaria” provocada por la coexistencia de múltiples tipos de cambio.

“Cuando uno inicia un mandato con una devaluación del 118% como le tocó a este gobierno el primer día, los salarios reales caen. Con lo cual caemos en un pozo en el primer trimestre de 2024. De ahí para adelante todo mejora”, afirmó el vocero. Sin embargo, incurrió en un error conceptual al hablar de una “devaluación del 118%”: una moneda no puede devaluarse más del 100% de su valor, por lo que en realidad se refería a un aumento del tipo de cambio oficial.

La admisión más contundente llegó cuando comparó la situación actual con las administraciones anteriores. “Si uno compara los salarios reales hoy con respecto a noviembre de 2023; con respecto a 2017, que fue el año de mayor actividad y salarios reales del gobierno de Macri; o si compara con algún momento en que la Argentina, con estímulos artificiales, logró altos niveles de actividad e ingresos, entonces hoy estamos un poquito abajo”, reconoció.

Las declaraciones de Ravier se producen apenas días después de que asegurara que los salarios reales venían creciendo, una afirmación que fue desmentida por las propias estadísticas oficiales. Según el INDEC, los salarios registrados retrocedieron un 0,3% en mayo y acumulan caídas en ocho de los últimos nueve meses. Además, el economista Nadín Argañaraz señaló que los salarios reales del sector privado registrado se ubican un 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023, lo que refuerza el reconocimiento del vocero sobre el deterioro del poder adquisitivo durante la gestión libertaria.

La ex presidenta afirmó que la inhabilitación perpetua constituye “la pena principal” de la condena, mientras que los seis años de prisión representan “apenas la accesoria”. En ese sentido, aseguró que el objetivo de la decisión judicial es impedir que vuelva a competir electoralmente y privar a una parte de la sociedad del derecho a elegir el proyecto político que representa.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella tras la condena en la amañada y cuestionada causa Vialidad. En una extensa carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, sostuvo que la verdadera finalidad de la sentencia es impedir su participación política y denunció que es víctima de una maniobra de “proscripción política”.

La exmandataria explicó que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU al considerar que en Argentina fueron vulneradas garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Además, denunció la existencia de un “machismo estructural” dentro del Poder Judicial y sostuvo que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.

En su presentación internacional, Cristina estará acompañada por los juristas Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, a quienes convocó para encabezar esta nueva etapa de su estrategia judicial. Según explicó, buscará que el organismo de Naciones Unidas analice las irregularidades denunciadas durante el proceso y someta la actuación de los jueces argentinos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

La expresidenta también vinculó la persecución judicial con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que el fenómeno del lawfare trasciende a la Argentina, al afirmar que en distintos países se utiliza al sistema judicial como una herramienta para excluir de la competencia electoral a dirigentes con respaldo popular.

“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, sostuvo en la carta, donde además ratificó que continuará utilizando todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el reconocimiento de su inocencia y revertir la inhabilitación que le impide volver a presentarse a elecciones.

El proyecto busca fortalecer el control democrático, garantizar la transparencia y evitar que el Poder Ejecutivo firme nuevos endeudamientos sin aprobación parlamentaria.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para reforzar el rol del Congreso en las decisiones sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa establece que cada nuevo acuerdo que el Poder Ejecutivo pretenda suscribir con el organismo deberá ser debatido y aprobado previamente por el Parlamento mediante una ley específica.

La presentación coincidió con el anuncio de la visita a la Argentina de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien llegará al país por primera vez en ocho años para desarrollar una agenda de trabajo con el gobierno de Javier Milei.

El proyecto propone reemplazar el esquema vigente por un régimen más amplio que garantice un mayor control institucional sobre los compromisos financieros asumidos por el Estado. En ese sentido, limita la posibilidad de que el Ejecutivo cierre acuerdos sin intervención del Congreso, prohíbe expresamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobarlos y descarta la delegación de esas facultades a una comisión bicameral.

La iniciativa, compuesta por 22 artículos, cuenta con el respaldo de otros 15 diputados de Unión por la Patria: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López. Además, propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública para establecer un nuevo marco normativo.

Un mayor control democrático

El proyecto dispone que cada operación de crédito con organismos financieros internacionales sea autorizada mediante una ley especial que detalle el monto máximo del préstamo, el plazo de amortización, las condiciones del financiamiento y el destino de los fondos. De esta manera, busca garantizar que decisiones con fuerte impacto sobre la economía nacional cuenten con el debate y el respaldo de los representantes elegidos por la ciudadanía.

Asimismo, declara la nulidad absoluta de los acuerdos que impongan condicionamientos sobre la regulación del movimiento de capitales en el país y establece que los funcionarios que suscriban compromisos por fuera del procedimiento previsto podrán ser responsabilizados por los daños ocasionados al Estado.

El texto también cuestiona el DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —equivalentes a unos 20.000 millones de dólares— sin tratamiento previo en el Congreso. Según la iniciativa, este tipo de decisiones deben quedar sujetas al control parlamentario y, en caso de incumplir la nueva normativa, podrían ser revisadas e incluso declaradas nulas.

Soberanía económica y transparencia

Entre los principios que orientan el proyecto se destacan la soberanía económica, la corresponsabilidad entre acreedor y deudor, la legitimidad de las políticas macroprudenciales, la sostenibilidad de la deuda en función de la capacidad real de pago, la transparencia con control democrático y el fortalecimiento del multilateralismo.

En ese marco, el texto sostiene que el FMI también debe asumir responsabilidades cuando incumple sus propias normas o aprueba programas con motivaciones políticas. Como antecedente, cita una evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del propio organismo sobre el acuerdo firmado con la Argentina en 2018, donde se registraron cuestionamientos internos respecto del cumplimiento de los criterios de acceso excepcional y se calificó la operación como una “zona gris”.

Además, recuerda que, entre mayo de 2018 y el momento de elaboración de ese informe, salieron del país 45.100 millones de dólares por formación de activos externos del sector privado, una cifra superior a los 44.500 millones de dólares desembolsados por el FMI durante ese programa, un antecedente que la iniciativa considera necesario tener presente para evitar que vuelvan a repetirse experiencias similares.

La política exterior del gobierno de Javier Milei volvió a mostrar el escaso rédito de una estrategia basada en el alineamiento ideológico y personal con gobiernos extranjeros antes que en la defensa de los intereses nacionales.

Mientras la Casa Rosada profundiza su cercanía con Israel y presenta esa relación como un activo estratégico, una de las principales petroleras israelíes confirmó un nuevo avance en la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en abierta contradicción con el histórico reclamo argentino de soberanía.

Navitas Petroleum Development and Production Ltd. oficializó la adquisición del 65% del bloque offshore PL001, lindero al yacimiento Sea Lion, y anunció que ambos desarrollos serán integrados mediante una red de tuberías y umbilicales submarinos para acelerar la producción y reducir costos operativos. La compañía estima que el área posee recursos potenciales certificados por más de 1.300 millones de barriles de petróleo.

El proyecto se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte, donde el Reino Unido mantiene la ocupación del archipiélago y promueve la exploración y explotación de recursos naturales pese a las permanentes objeciones de la Argentina. Con esta operación, Navitas consolida una posición dominante sobre buena parte de la actividad hidrocarburífera en la zona.

Paradójicamente, mientras el Gobierno argentino multiplica los gestos de respaldo político hacia Israel y presenta esa alianza como un pilar de su inserción internacional, ese vínculo no se traduce en ningún apoyo concreto al reclamo argentino sobre Malvinas. Por el contrario, una empresa israelí amplía sus inversiones en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa internacional.

Según la información difundida por la propia compañía, el bloque PL001 se encuentra a una distancia que permite conectarlo al desarrollo Sea Lion mediante la técnica denominada tie-back, un sistema que enlaza nuevos pozos con infraestructura ya existente a través de tuberías submarinas. La estrategia busca reducir las inversiones iniciales y acelerar la puesta en producción del yacimiento.

Navitas también informó que continúa evaluando nuevas estructuras geológicas dentro del bloque y analiza perforar un pozo exploratorio en el corto plazo. La empresa considera que una única perforación podría confirmar la viabilidad comercial de varios prospectos, lo que abriría la puerta a una nueva expansión de la actividad petrolera en aguas que la Argentina considera parte de su plataforma continental.

La consolidación de Navitas en la Cuenca Malvinas Norte vuelve a poner en evidencia las limitaciones de una política exterior sustentada en afinidades ideológicas,misticismo religioso y gestos simbólicos. Pese a la estrecha relación que Milei buscó construir con Israel y con otras potencias occidentales, el Gobierno no consiguió avances en la defensa de la soberanía argentina ni evitar que empresas de esos mismos países continúen participando del desarrollo económico de las Islas Malvinas bajo administración británica.