La industria frigorífica argentina atraviesa una crisis sin precedentes. La histórica caída en el consumo interno de carne, el desplome de las exportaciones y, más recientemente, el ingreso de carne importada desde Brasil están generando un escenario crítico que ya produjo despidos masivos y paralización de plantas.
Uno de los últimos golpes lo recibió el frigorífico Anselmo, un establecimiento emblemático de Tres Arroyos, que acaba de despedir a 26 trabajadores. Este episodio se suma a los cierres y cesantías en frigoríficos como Las Heras y Natural Beef en Azul, afectados por la misma tormenta perfecta que sacude al sector.
“El consumo de carne lleva quince meses consecutivos de caída, y los frigoríficos exportadores, al no poder colocar su producción afuera, están volcando su oferta al mercado interno, rompiendo la competitividad de los más pequeños”, explicó Néstor García, secretario general del Sindicato de la Carne de Tres Arroyos. “Para la ciudad es una catástrofe”, agregó.
Desde enero de 2025, la situación ha empeorado drásticamente: el frigorífico Anselmo acumuló despidos mes a mes, mientras arrastra cuatro balances negativos consecutivos. La pérdida del poder adquisitivo de la población se refleja en las carnicerías: “El carnicero que dice que vende más de dos medias reses por día, miente; antes vendíamos cuatro o cinco”, ejemplificó García.
En Azul, la planta de Natural Beef también sufrió fuertes recortes tras el cierre del mercado mexicano, su principal destino exportador, a raíz de problemas sanitarios. García denunció que la desregulación del Senasa impidió anticipar la situación: “Los inspectores mexicanos llegaron antes que los argentinos. Es una locura lo que está pasando”.
A este cuadro se suma un dato sin precedentes: por primera vez en décadas, Argentina está importando carne. En los primeros cuatro meses de 2025, el país compró 4.717 toneladas de carne bovina —mayoritariamente a Brasil— por casi 19 millones de dólares. En el mismo período de 2024, las importaciones habían sido nulas.
En este contexto, la industria frigorífica argentina enfrenta una combinación explosiva de factores internos y externos que amenaza con desmantelar un sector históricamente estratégico para el país.
El conflicto en Medio Oriente escaló de forma dramática este viernes, luego de que Israel lanzara un ataque militar directo contra instalaciones nucleares y objetivos estratégicos en territorio iraní.
La operación, calificada por el primer ministro Benjamín Netanyahu como un “ataque preventivo”, marca un punto de no retorno en la tensión regional, y podría desencadenar una cadena de represalias con efectos imprevisibles en toda la región.
En respuesta inmediata, Irán activó su capacidad de defensa y lanzó más de 100 drones hacia territorio israelí, en lo que las autoridades militares iraníes describieron como la “primera ofensiva” y una señal clara de que “todas las líneas rojas han sido cruzadas”.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que todos sus sistemas de defensa están activos para interceptar las amenazas aéreas, mientras que en el país se ha declarado estado de emergencia. Las sirenas antiaéreas suenan en varias ciudades, y la población civil se encuentra en máxima alerta.
El ministro de Defensa israelí afirmó que el operativo militar —bautizado como Operación León Ascendente— “durará tantos días como sea necesario” y tiene como objetivo neutralizar lo que Tel Aviv considera una amenaza existencial: el avance del programa nuclear iraní. “Irán podría producir un arma nuclear en cuestión de días si no se le detiene”, advirtió un alto funcionario israelí, aunque sin dar mayores evidencias.
La ofensiva ocurre en un momento de total estancamiento en las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, lo que agudiza la incertidumbre global. Si bien Estados Unidos negó cualquier participación en el ataque, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a Israel y lanzó una advertencia directa a Irán: “Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero los próximos ataques serán aún más brutales si no se alcanza un acuerdo nuclear”.
Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que la acción fue unilateral por parte de Israel y que la prioridad de su país es proteger al personal estadounidense en la región. “No participamos en los ataques y advertimos que Irán no debe amenazar los intereses ni al personal de EE.UU.”, afirmó.
El nuevo capítulo del conflicto entre Israel e Irán plantea un giro crítico en la geopolítica de Medio Oriente. Las consecuencias aún son inciertas, pero analistas coinciden en que este enfrentamiento puede escalar a un conflicto regional de gran envergadura, con repercusiones internacionales en materia de seguridad, economía y diplomacia.
El Presidente argentino, anunció que destinará el monto a iniciativas diplomáticas y organizaciones afines al relato del régimen gobernado por Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional.
En un país donde los hospitales públicos como el Garrahan enfrentan serios recortes presupuestarios y se niega un mísero aumento a los jubilados, el presidente Javier Milei decidió destinar un millón de dólares —provenientes del Premio Génesis, otorgado por el Estado de Israel— a organizaciones que promueven su agenda geopolítica bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo.
El mandatario argentino, primer no judío en recibir dicho premio, anunció que el dinero será donado a iniciativas diplomáticas alineadas con los intereses de Israel, incluyendo unimpulso regional para replicar los llamados Acuerdos de Abraham, que buscan el reconocimiento del Estado israelí por parte de más países latinoamericanos. El gesto, celebrado por sectores afines al gobierno israelí, llega en un momento en el que ese país es ampliamente cuestionado por la comunidad internacional por los crímenes de guerra y el genocidio en curso en Gaza.
Breaking News: The ICC's Pre-Trial Chamber has just issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. As the int'l community braces for potential repercussions, we must work together to keep the flame of accountbility… https://t.co/Z8Qdutt0az
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 21, 2024
Durante su discurso, Milei volvió a reiterar su alineamiento ideológico con Israel, citando a Borges y afirmando que “toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”, en clara sintonía con la narrativa oficial israelí.
En un contexto nacional marcado por el ajuste feroz, la inflación galopante, el abandono de los sectores más vulnerables y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales, la decisión de Milei de donar este dinero a un país seriamente cuestionado por la comunidad internacional, refuerza una vez más las prioridades de su gobierno: afianzar alianzas internacionales ideológicas, aunque sea a costa del sufrimiento de su propio pueblo y la sangre de miles de inocentes en la Franja de Gaza.
José Luis Espert fue echado de un simposio en la Universidad Católica Argentina luego de referirse a Florencia Kirchner como una “hija de una gran puta”.
Un escándalo sacudió la Universidad Católica Argentina (UCA) durante el simposio de comunicación política “#CongresoBA”, cuando el diputado libertario y candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, protagonizó un episodio lamentable que terminó con su expulsión del evento en medio de un abucheo generalizado.
En un tono eufórico y provocador, Espert se refirió a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una frase absolutamente violenta y ofensiva: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, lanzó sin reparos desde el escenario, buscando una complicidad que no encontró.
Lejos de generar risas o aprobación, como aparentemente esperaba, el comentario encendió la indignación del auditorio. Jóvenes asistentes comenzaron a insultarlo y a tildarlo de “gorila”, mientras el clima se tornaba cada vez más tenso y su presencia en el lugar se hacia insostenible. El abucheo fue masivo e inmediato, y obligó a Espert a abandonar el recinto escoltado por personal de seguridad.
El bochornoso episodio, además de exponer el nivel de violencia verbal al que algunos dirigentes están dispuestos a llegar, generó un rechazo transversal por el tono misógino y deshumanizante del insulto, impropio de cualquier espacio democrático y aún más grave viniendo de un funcionario electo.
El comunicado de la UCA tras el escándalo protagonizado por José Luis Espert.
Espert intentó luego minimizar lo ocurrido, asegurando que no fue expulsado sino que “cerró el panel”. Sin embargo, tras su intervención continuaron en el programa los dirigentes Maxi Abad (UCR) y Sergio Uñac (PJ), desmintiendo sus dichos.
El incidente no solo empañó el desarrollo del evento, sino que reavivó la discusión sobre los límites del discurso político y la necesidad urgente de erradicar la violencia verbal y el odio en el espacio público.
Mediante la Resolución 261/2025, publicada este jueves (12/6) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional incrementó en un 2% el precio del biodiésel, lo que repercutirá directamente en los surtidores con un nuevo aumento del gasoil en los próximos días.
La medida fue adoptada por la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, y establece un nuevo valor mínimo de adquisición del biodiésel utilizado en la mezcla obligatoria con el gasoil.
El nuevo valor fijado es de$1.276.874 por toneladade biodiésel para las operaciones que se realicen durante junio de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio. Además, la normativa establece que el pago por la adquisición del biodiésel no podrá exceder los 7 días corridos desde la emisión de la factura correspondiente.
Desde el sector energético señalan que los precios de los biocombustibles forman parte del costo del gasoil que llega a los consumidores, por lo quecada ajuste impacta en el precio final que se paga en las estaciones de servicio, como ya ocurrió el mes pasado con un alza del 0,4%.
Advertencia sobre los costos
La resolución aclara que el nuevo precio es el mínimo obligatorio para todas las operaciones en el mercado interno. En los fundamentos, la Secretaría de Energía justificó el aumento al señalar que debe corregir desfasajes entre los precios vigentes y los costos reales de elaboración, así como evitar distorsiones en el precio del combustible en surtidores, en un contexto económico complejo.
Por el momento, no se actualizaron los precios del bioetanol, ni el producido a base de caña de azúcar ni el elaborado a partir de maíz, ambos destinados a la mezcla con la nafta. Por lo tanto, continúan vigentes los valores de mayo, que fueron:
En un hecho que generó profunda indignación y bronca, se conoció que la ministra Bullrich intervino directamente en la entrega de 160 viviendas del plan Procrear ubicadas en Avellaneda, pese a que estas ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias y vecinos de la zona.
En un hecho que desató un fuerte repudio social y político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este martes un nuevo escándalo al encabezar la entrega de160 viviendas del plan Procreara las fuerzas federales, pese a queesas propiedades ya habían sido sorteadas y adjudicadas legalmente a familias trabajadoras del partido bonaerense de Avellaneda.
La entrega, realizada en el complejo habitacional conocido comoedificio Sagol, se llevó adelante con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de un acto oficial que expuso una decisión altamente cuestionada tanto desde el punto de vista ético como legal.
Los vecinos indignados , manifestaron su bronca contra la decisión arbitraria de la ministra con distintas pintadas en los edificios.
Los departamentos, ubicados a pocas cuadras del centro de Avellaneda, forman parte de un desarrollo urbanístico iniciado en 2021 como parte del plan Procrear II, que fue desmantelado oficialmente este lunes mediante la Resolución 764/2025, firmada por Caputo. A través de esta maniobra administrativa, el Gobierno nacional logró disolver el fideicomiso que sustentaba el programa y disponer de las viviendas ya adjudicadas como si se tratara de un bien ocioso.
Horas antes del acto, los edificios amanecieron con pintadas anónimas que expresaban el rechazo popular: “Bullrich usurpadora” y “Roban casas como en la dictadura” fueron algunas de las frases que reflejan el malestar vecinal. Las familias adjudicatarias, muchas de las cuales habían sido notificadas formalmente y esperaban desde hace meses la entrega de las llaves, fueron desplazadas sin ninguna explicación oficial.
Según fuentes del municipio de Avellaneda, la decisión fue unilateral y arbitraria, sin consulta ni coordinación con autoridades locales ni con las familias afectadas. “Se vulneró el derecho constitucional a la vivienda y se desmanteló un programa que garantizaba el acceso justo y transparente a un techo digno”, denunció Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda. “Esto es un atropello. Las casas son de los vecinos y vecinas que las ganaron por sorteo”, agregó.
El acto fue justificado por el Gobierno como parte de una “respuesta estructural” a las necesidades habitacionales del personal de las fuerzas federales. En un comunicado, la Policía Federal Argentina aseguró que las propiedades serán ahora administradas directamente por las fuerzas, con el objetivo de “garantizar su cuidado y mantenimiento”.
Sin embargo, desde diversos sectores advierten que se está utilizando el aparato del Estado para militarizar una política pública pensada para familias trabajadoras, despojando a ciudadanos comunes del fruto de años de espera y esfuerzo.
Desmantelamiento del Procrear
El escándalo se inscribe en una política sistemática de desmantelamiento de los programas de vivienda implementada por el Gobierno desde fines de 2023. A través de distintos decretos y resoluciones —entre ellos el Decreto 1018/2024 (eliminación del Procrear original), el Decreto 6/2025 (supresión del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social), y el Decreto 312/2025 (disolución del Fondo de Integración Socio Urbana)— se fueron desarticulando los pilares del sistema de acceso habitacional subsidiado.
El impacto del Procrear en números
Lanzado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Procrear fue una de las políticas más importantes en materia de acceso a la vivienda. A través de créditos accesibles y desarrollos urbanísticos, el programa permitió que decenas de miles de familias accedieran a su primer hogar.
Solo entre 2021 y 2023, bajo el programa Procrear II, se liquidaron más de 65 mil créditos para construcción, y se levantaron más de 4 millones de metros cuadrados de viviendas, generando también empleo en el sector de la construcción.
Los perfiles de beneficiarios revelan una clara orientación social:
El 85% eran menores de 45 años
El 52% tenía hijos a cargo
El 57% de los hogares estaba encabezado por mujeres
Y el 85% contaba con trabajo formal en relación de dependencia
Hoy, muchas de esas familias ven frustrado su sueño por una decisión política que prioriza a las fuerzas de seguridad por sobre el derecho social a la vivienda, en un acto que ya ha sido comparado con los métodos autoritarios de los años más oscuros de la historia argentina.
Reacciones y posibles medidas judiciales
Desde el municipio, se evalúa iniciar acciones judiciales para frenar la entrega y restituir los derechos de los adjudicatarios originales. Diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ya manifestaron su rechazo y convocan a movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda.
Mientras tanto, Patricia Bullrich sumaotro episodio a su extensa lista de controversias. Esta vez, con consecuencias directas sobre la vida de cientos de familias que ven cómo el Estado les da la espalda y vulnera derechos adquiridos en nombre de una supuesta “reorganización” que encubre el desmantelamiento de las políticas sociales.
“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, denunció el gobernador, que lo vinculó con la decisión de Estados Unidos de prohibirle el ingreso.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una grave acusación contra la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), al señalar que la entidad empresarial norteamericana presionó para que la Justicia dictara la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, afirmó Kicillof en declaraciones a Radio El Destape, vinculando esta supuesta presión con la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocarle la visa a la ex mandataria. “Parecía que era algo sin conexión directa, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión. Obviamente tiene una magnitud internacional”, advirtió.
Kicillof no dudó en calificar el fallo de la Corte como un “desastre”, y subrayó que la causa judicial estuvo “absolutamente toqueteada y preparada para condenarla sin pruebas y por fuera del derecho”. Para el mandatario provincial, la sentencia no sólo carece de sustento jurídico, sino que tiene un claro carácter político y geopolítico: “El fallo tiene vínculos tremendamente significativos en el terreno de la política y la geopolítica”.
En ese sentido, denunció que la condena busca disciplinar a la dirigencia política y silenciar voces opositoras. “La condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable. No se encontraron subejecuciones ni desvíos de fondos. Ni siquiera hay un hecho comprobable, una afirmación concreta”, aseguró.
“Desde el punto de vista de la democracia, esto es gravísimo. Si no les gusta lo que hace determinado funcionario, aunque haya sido dos veces presidenta, te cae una condena sin pruebas”, cuestionó el gobernador, y señaló que la ofensiva judicial y política se inscribe en un contexto más amplio: “Hoy la derecha, la ultraderecha, se ha convertido en una especie de club trasnacional del que Milei forma parte”.
Kicillof concluyó con un mensaje desafiante: “El mensaje es que no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando. Buscaremos la forma, los caminos. Y desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar ni va a tomar amenazas, por más tremendas que sean”.
El destacado jurista no dudó en calificar la resolución como “una detestable farsa jurídica” y aseguró que se trata de un caso claro de lawfare, con graves consecuencias institucionales.
El reconocido constitucionalista Eduardo Barcesat lanzó duras críticas contra la Corte Suprema tras el fallo que dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En declaraciones a Canal E, Barcesat calificó la resolución como “una detestable farsa jurídica” y advirtió que se trata de un claro ejemplo de lawfare con profundas implicancias para la institucionalidad democrática del país.
“Estoy enfadado, indignado, asqueado”, comenzó diciendo Barcesat, y sostuvo que el máximo tribunal no abordó el fondo del caso, sino que se limitó a rechazar el recurso presentado utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Según el jurista, esta maniobra constituye “una arbitrariedad absoluta”, ya que no contiene el análisis constitucional mínimo que se exige para ejercer jurisdicción.
“El fallo fue emitido sin conocimiento real de la causa. Decidieron a ciegas y malversaron su competencia”, sentenció Barcesat, cuestionando además la imparcialidad de los jueces supremos. Afirmó que los magistrados actuaron en violación de los tratados internacionales ratificados por Argentina, lo que agrava aún más la irregularidad del procedimiento.
El abogado también alertó sobre el daño institucional que provoca esta decisión judicial. “Tenemos una justicia que proscribe por razones políticas y no jurídicas, lo que hiere gravemente el principio de soberanía popular”, advirtió. Según Barcesat, el fallo representa una amenaza directa al derecho del pueblo de elegir libremente a sus representantes.
Consultado sobre el contenido técnico del documento, no ahorró críticas: “Es una paginita de mierda que no lleva más de 15 minutos de tipeo. Carece de toda racionalidad jurídica”. Consideró que si esa resolución hubiera sido firmada por un juez de primera instancia, habría sido anulada por cualquier tribunal superior. Y fue categórico al señalar que el momento en que se emitió el fallo —pocos días después del anuncio de Cristina Kirchner sobre su posible candidatura— no fue producto de eficiencia, sino de “cretinismo”.
Acciones internacionales y advertencia constitucional
Barcesat anunció que este caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de la ONU, mientras que el abogado Gregorio Dalbón ya inició una presentación ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Él mismo aseguró que acompañará todas las acciones judiciales disponibles para revertir lo que considera una gravísima violación institucional.
Incluso, expresó su disposición a asistir legalmente a los ciudadanos del partido de La Matanza si deciden presentar un amparo por la afectación de sus derechos políticos.
Finalmente, Barcesat fue contundente: “Estamos atravesando una situación de excepcionalidad institucional”, afirmó, y recordó que el artículo 36 de la Constitución Nacional reconoce el derecho del pueblo argentino a resistir los actos de violencia institucional.
Mientras el “Plan Bandera” de Patricia Bullrich mantiene su estética cinematográfica y despliegue propagandístico, las calles de Rosario mantienen un clima el terror.
El arranque de la semana fue una prueba irrefutable de que la violencia jamás se fue: dos homicidios en menos de diez horas y una nueva balacera con sello mafioso reactivaron el clima de terror en la ciudad.
Doble crimen en menos de un día
El lunes fue brutal. A las 13:30, Samuel Maldonado, un joven de 23 años, fue asesinado a balazos en la zona noroeste de la ciudad, en inmediaciones de Sorrento y Camino a Puente Negro. El 911 recibió el alerta y personal policial encontró a la víctima aún con vida, pero en estado crítico. Murió horas después en el hospital de Granadero Baigorria. Hasta ahora, no hay detenidos ni precisiones oficiales sobre la mecánica del crimen.
Horas más tarde, alrededor de las 21, un segundo homicidio sacudió la zona oeste. Frente a un club con decenas de personas participando en actividades deportivas, un joven fue ejecutado a tiros. Testigos afirman haber escuchado al menos diez detonaciones. La víctima sería hijo de una vecina del barrio que atiende un kiosco. La escena fue asegurada por un fuerte operativo policial conjunto, pero, nuevamente, sin resultados ni respuestas.
Con estas dos muertes, el Departamento Rosario acumula ya 66 homicidios en lo que va del año. Un número que desmiente cualquier intento oficial por instalar una narrativa de control.
Como si fuera poco, en la madrugada del martes (10/06), una mujer de 35 años fue baleada dentro de su vivienda en la zona oeste. Recibió impactos en el tórax y permanece internada con pronóstico reservado. El ataque fue perpetrado por dos hombres en moto que, además de disparar contra la casa, dejaron una nota mafiosa. La policía secuestró seis vainas servidas calibre 9mm y constató daños en un portón, una ventana y una pared.
El Plan Bandera, entre el discurso y la realidad
Desde su lanzamiento en diciembre de 2023 por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Bullrich, el “Plan Bandera” se presentó como la respuesta integral al crimen organizado. Lo que vino después fue una seguidilla de amenazas contra funcionarios, una escalada de violencia sin freno, y un pico de terror en marzo de 2024 con asesinatos de varias personas inocentes.
Si bien en los meses siguientes hubo una relativa “calma”, el descenso parcial de homicidios fue rápidamente capitalizado por las autoridades para sostener el relato de éxito. Pero la calle sigue contando otra historia: puestos de venta de droga, ajustes de cuentas y barrios sitiados por el miedo.
Ya en 2025, a más de un año de su implementación, el Plan Bandera muestra sus límites. Rosario vuelve a estar sitiada por el crimen, mientras el operativo —más cerca del espectáculo que de una política efectiva— sigue en pie. El marketing puede maquillar discursos, pero no tapa la sangre que sigue corriendo en las calles.
Mas del 80% de los empresarios de la construcción creen que el sector no mejorará en los próximos meses.
La industria de la construcción atraviesa una crisis de magnitudes históricas, sin señales de recuperación en el corto plazo. La paralización casi total de la obra pública por parte del Gobierno Nacional ha dejado un saldo devastador: más de120 mil puestos de trabajo perdidos y 7.000 empresas cerradas entre agosto de 2023 y 2024.
Durante la reciente 70ª convención de la Cámara Argentina de la Construcción, empresarios y analistas coincidieron en señalar un panorama alarmante, producto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno y de la transferencia de responsabilidades a las provincias. “Desde agosto del año pasado todo sigue igual: no hubo más pérdidas, pero tampoco hubo recuperación”, advirtió el periodista Ariel Maciel, al detallar la magnitud del derrumbe.
Obra pública paralizada, economía regional afectada
La obra pública nacional, tradicional motor de desarrollo y empleo, quedó prácticamente desactivada. Salvo algunas iniciativas aisladas en provincias como Tucumán, Chaco, Catamarca y Pinamar —de escasa escala—, el Estado Nacional se retiró como actor clave del sector. Las pocas obras en pie se sostienen con esfuerzo provincial o municipal.
Este parate arrastra efectos en cadena: sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro —que dependen de infraestructura básica— se ven limitados por la falta de inversión estatal. “El Gobierno nacional está celebrando su retiro, pero miles de empresas quedaron a la deriva”, señaló Maciel.
Los datos económicos confirman la gravedad del escenario. El Índice Construya, que mide la demanda de materiales básicos, se desplomó un 32,8% interanual, señalando que el freno afecta incluso a la autoconstrucción. Marzo marcó un punto de inflexión: lo que se percibía como una desaceleración momentánea se consolidó como una recesión profunda.
Empresarios del rubro coinciden en que el poder adquisitivo desplomado y la incertidumbre macroeconómica congelaron cualquier expectativa de inversión. “La gente no puede gastar ni para arreglar su casa”, resumió el dueño de una pyme del conurbano bonaerense.
Sin expectativas: el 80% de las constructoras no ve mejoras
Según un informe del INDEC, el 85,2% de las empresas de obra privada y el 80,4% de las dedicadas a obra pública no espera mejoras en los próximos meses. Solo una minoría (menos del 20%) es levemente optimista.
Las causas de esta percepción negativa son claras: altos costos, atraso en pagos, caída de la actividad económica y ausencia de crédito. La esperanza de una reactivación se asocia únicamente al hipotético reinicio de la obra pública y a cierta estabilidad de precios, aunque esas condiciones hoy parecen lejanas.
Aunque el INDEC informó un crecimiento del 25,9% interanual de la actividad en abril y un repunte del 5,1% mensual, desde el sector advierten que estos datos parten de una base extremadamente baja. “Estamos tan hundidos que cualquier movimiento se ve como recuperación, pero las empresas siguen quebrando”, explicó José Pizone, de la Federación Argentina de la Piedra.
Una crisis sin final a la vista
La construcción, históricamente generadora de empleo y dinamizadora de la economía, enfrenta una crisis estructural agravada por la política de ajuste. Con miles de empleos perdidos, empresas cerradas y sin señales de reactivación estatal, el sector se encamina hacia una parálisis prolongada. El efecto dominó impacta también en otras ramas productivas que dependen de infraestructura básica, consolidando un escenario donde la crisis no solo persiste: se profundiza.
