Los fondos llegarán en el corto plazo y permitirán sostener los descuentos de la “red SUBE” y la tarifa social.
A pesar de los discursos del presidente Javier Milei, que promueven una reducción de subsidios, austeridad y un ajuste fiscal a base de no endeudarse, la reciente aprobación del Banco Mundial de USD 1.000 millones para financiar los subsidios a las tarifas eléctricas y de transporte público muestra una contradicción con su mensaje económico.
El desembolso de estos fondos, que ya fue aprobado por el Directorio del Banco Mundial y está disponible para su ejecución, se destinará a sostener el esquema de subsidios para los sectores sociales más vulnerables. En particular, estos fondos permitirán mantener la tarifa social en el transporte público a través de la red SUBE, que beneficia a jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales con descuentos del 55% en la tarifa.
Este préstamo, aunque destinado a un fin que beneficia a los sectores más desfavorecidos, refleja cómo, en la práctica, el gobierno de Milei está recurrir al endeudamiento externo para financiar políticas que, a pesar de sus discursos de austeridad, no logran cumplir con las promesas de eliminar los subsidios. Al mismo tiempo, se establece que el dinero obtenido se destinará también a apoyar la transición energética del país a la que Milei en teoría se opone, en un plan de US$500 millones para un sector eléctrico más sustentable.
El gobierno había prometido en sus primeros meses que los subsidios serían eliminados y que las tarifas serían ajustadas según el mercado, buscando reducir la carga fiscal. Sin embargo, estos préstamos, con plazos de 32 años y un período de gracia de 7 años, demuestran que las políticas de subsidios siguen vigentes y que, en lugar de reducir el endeudamiento, el gobierno se ve obligado a recurrir a nuevas deudas para sostener su estrategia de subsidios en especial de cara al panorama electoral del proximo año, aunque con un supuesto enfoque en la eficiencia de su distribución.
Este panorama contradice el relato oficial sobre la necesidad de eliminar el gasto público innecesario. Si bien el gobierno de Milei habla de reformas estructurales y la descentralización de recursos, en la práctica depende de la deuda externa para financiar un sistema de subsidios que, lejos de ser erradicado, se mantiene vigente bajo una lógica de financiamiento internacional.