Con fuertes reclamos a gobierno de Milei, personas con discapacidad marcharon en todo el país para exigir el fin de los recortes y políticas que afectan sus derechos esenciales.

Este miércoles, bajo el grito de “Justicia, basta de quitas”, personas con discapacidad y sus familias realizaron una marcha en distintas ciudades del país para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al Gobierno que frene las políticas regresivas que afectan derechos esenciales.

La movilización, que comenzó frente a la Residencia Presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, arrancó con un emotivo abrazo simbólico a la quinta presidencial, en un acto que reflejó el reclamo urgente de atención a las demandas de este colectivo. La movilización se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, donde los manifestantes se concentraron en distintos puntos clave, destacando la problemática que no solo afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también al trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios fundamentales para su bienestar.

Una de las asistentes de la marcha, en diálogo con C5N, expresó con tristeza: “Hemos pasado muchísimos gobiernos y muchísimas políticas de Estado, pero nada tan cruel como esto. No queremos que ajusten el presupuesto a nuestros hijos. Nadie que nace con un problema quiere tener esto y estar aquí. Pedimos por favor que sean mantenidos nuestros derechos”. En un mensaje directo al presidente Javier Milei, añadió: “Que entienda que esto no es un capricho. Somos seres humanos y familias que sufrimos mucho”.

La situación se agrava aún más con el impacto de los recortes presupuestarios para 2025, previstos por el gobierno. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente de Discapacidad, expresó su preocupación por los recortes en las pensiones no contributivas, un recurso esencial para muchas personas con discapacidad.

“La reducción de más de 177.000 pensiones No Contributivas, como consecuencia del Decreto 843, significa que muchas personas quedarán sin este recurso fundamental para acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna. Además, los aranceles prestacionales establecidos por la Ley 24.901 solo aumentaron un 2,4 %, lo que afecta gravemente a las instituciones, profesionales y transportistas que sostienen las prestaciones”, advirtió Maidana.

Este panorama de recortes y políticas regresivas demuestra la necesidad urgente de un cambio en las políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y su acceso a una vida digna.

Cuáles son los reclamos del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Por la eliminación del Decreto 843/24, que significa un retroceso en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad. Con esta decisión, muchas personas con discapacidad pueden perder este recurso que les permite un apoyo para su vida y su atención. El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional plantea una quita de 177.740 pensiones para 2025.
• Por un aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.
• Por aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte. Los aranceles actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos.
• Por una Ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad.
• Por el cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado establecido por Ley.
• Por la recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos, que actualmente es de $28.000 sin ningún aumento desde febrero de 2023.
• Por una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad.

Los fondos llegarán en el corto plazo y permitirán sostener los descuentos de la “red SUBE” y la tarifa social.

A pesar de los discursos del presidente Javier Milei, que promueven una reducción de subsidios, austeridad y un ajuste fiscal a base de no endeudarse, la reciente aprobación del Banco Mundial de USD 1.000 millones para financiar los subsidios a las tarifas eléctricas y de transporte público muestra una contradicción con su mensaje económico.

El desembolso de estos fondos, que ya fue aprobado por el Directorio del Banco Mundial y está disponible para su ejecución, se destinará a sostener el esquema de subsidios para los sectores sociales más vulnerables. En particular, estos fondos permitirán mantener la tarifa social en el transporte público a través de la red SUBE, que beneficia a jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales con descuentos del 55% en la tarifa.

Este préstamo, aunque destinado a un fin que beneficia a los sectores más desfavorecidos, refleja cómo, en la práctica, el gobierno de Milei está recurrir al endeudamiento externo para financiar políticas que, a pesar de sus discursos de austeridad, no logran cumplir con las promesas de eliminar los subsidios. Al mismo tiempo, se establece que el dinero obtenido se destinará también a apoyar la transición energética del país a la que Milei en teoría se opone, en un plan de US$500 millones para un sector eléctrico más sustentable.

El gobierno había prometido en sus primeros meses que los subsidios serían eliminados y que las tarifas serían ajustadas según el mercado, buscando reducir la carga fiscal. Sin embargo, estos préstamos, con plazos de 32 años y un período de gracia de 7 años, demuestran que las políticas de subsidios siguen vigentes y que, en lugar de reducir el endeudamiento, el gobierno se ve obligado a recurrir a nuevas deudas para sostener su estrategia de subsidios en especial de cara al panorama electoral del proximo año, aunque con un supuesto enfoque en la eficiencia de su distribución.

Este panorama contradice el relato oficial sobre la necesidad de eliminar el gasto público innecesario. Si bien el gobierno de Milei habla de reformas estructurales y la descentralización de recursos, en la práctica depende de la deuda externa para financiar un sistema de subsidios que, lejos de ser erradicado, se mantiene vigente bajo una lógica de financiamiento internacional.

“Le reclamamos al Gobierno que nos baje el precio de la energía”, lanzó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos.

La reciente firma de un memorándum de entendimiento entre Argentina y Brasil, en el marco del G20, para la exportación de gas desde Vaca Muerta, ha generado una gran preocupación entre las pequeñas y medianas empresas industriales del país. Aunque el acuerdo promete darle un impulso a la producción de gas en el yacimiento neuquino y fortalecer la relación con Brasil, los cuestionamientos surgen por la falta de políticas públicas que apunten a fortalecer el mercado interno y la competitividad de la industria nacional.

El gobierno de Javier Milei está priorizando la exportación de gas, abaratando los costos de producción para beneficiar a países vecinos como Brasil y Chile, en lugar de aplicar medidas que favorezcan a las industrias locales. Desde la firma del acuerdo, el reclamo de los industriales es claro: gas barato para la producción local, que permita que las pymes argentinas puedan competir en condiciones más equitativas. Actualmente, la industria argentina paga hasta tres veces más por la energía que sus competidores internacionales, lo que coloca a las empresas locales en una desventaja estructural, especialmente en un contexto de apertura importadora masiva y desprotección frente a productos extranjeros.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, manifestó que el gobierno debería bajar el precio de la energía para la industria local y destacó que el mercado brasileño se está beneficiando de precios más bajos, lo cual abarata los costos productivos de Brasil y Chile, en lugar de priorizar el fortalecimiento de las empresas nacionales. En este sentido, el reclamo es contundente: el modelo de exportación de hidrocarburos favorece a los países vecinos, pero no impulsa la competitividad interna.

La falta de apoyo al sector industrial argentino contrasta con el trato preferencial que se les da a las empresas de los países vecinos. Argentina le está abaratando los costos de producción a Brasil y Chile, sin generar incentivos o políticas que protejan a sus propias industrias, lo que ha generado un malestar creciente dentro de los sectores productivos locales. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), se alertó sobre la grave crisis que atraviesa el entramado productivo del país, con una caída proyectada de 10 puntos porcentuales en la producción industrial para este año.

La creciente desprotección del mercado interno en favor de las exportaciones está afectando especialmente a los sectores más vulnerables, como el textil y la metalmecánica, que dependen de condiciones de competitividad favorables en el mercado local. La apertura indiscriminada de importaciones y el desajuste en los precios de la energía, junto con la falta de estrategias claras para proteger el empleo de calidad, están llevando a muchos sectores al borde de la quiebra.

En este escenario, el modelo de explotación de los hidrocarburos, que prioriza las exportaciones antes que el fortalecimiento de la industria local, parece estar empeorando la situación para el mercado interno. En lugar de utilizar los recursos energéticos como palanca para reducir costos en la producción local y generar valor agregado dentro del país, el gobierno está orientando las políticas hacia la venta de gas al exterior, favoreciendo a empresas extranjeras y a la industria de los países vecinos. Este modelo de “exportación a cualquier costo” no solo pone en peligro la estabilidad de las pymes argentinas, sino que también destruye la competitividad de la industria nacional en el largo plazo.

La falta de una política integral que contemple tanto el fortalecimiento de las exportaciones como el apoyo al mercado interno está llevando a la Argentina hacia un camino de mayor dependencia y menor autonomía económica, con un costo muy alto para los trabajadores y las empresas nacionales.

En el escrito, señalaron por “incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva” a “El Gordo Dan”, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

La diputada Mónica Fein y el diputado socialista Esteban Paulón presentaron este martes una denuncia penal contra varios referentes libertarios tras el polémico lanzamiento de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”. En el escrito, señalaron por “incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva” a Daniel Parisini —alias “El Gordo Dan”—, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

El acto, realizado el domingo en San Miguel, incluyó declaraciones alarmantes de Parisini, quien presentó a la agrupación como “el brazo armado” de La Libertad Avanza y “la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”. Estas palabras generaron un fuerte repudio y encendieron las alarmas sobre las implicancias de este tipo de discursos en un contexto democrático.

En la denuncia, Fein y Paulón remarcaron que “las expresiones que promueven el uso de la violencia como herramienta política son absolutamente incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho”. Según el texto presentado ante la Justicia, “la organización de un grupo que se autodenomina ‘brazo armado’ o ‘guardia pretoriana’ no solo es contraria a la paz social, sino que representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

Además, calificaron las declaraciones como una incitación directa y simbólica a la violencia, promoviendo la persecución de quienes puedan ser considerados “enemigos” de este proyecto político. “Este tipo de expresiones generan una importante alarma social al presentar la idea de que un grupo armado o paramilitar podría operar como garante del poder político, afectando la seguridad y la tranquilidad pública”, sostuvo Paulón.

El diputado Paulón, activista reconocido por los derechos de las personas LGBTIQ+, subrayó la gravedad de las declaraciones de Parisini, señalando que estas “normalizan la violencia en el ámbito político” y consolidan un discurso que puede influir directamente en el accionar de los seguidores de La Libertad Avanza.

“La carga simbólica y discursiva de las expresiones emitidas por el Sr. Parisini reviste especial gravedad, ya que provienen de un referente político con capacidad de influir en sectores sociales y políticos”, añadió Paulón.

Esta denuncia se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto de discursos extremistas en el ámbito político argentino. Tanto Fein como Paulón hicieron hincapié en la necesidad de actuar con firmeza frente a este tipo de expresiones que atentan contra los principios democráticos y la paz social.

La Justicia deberá ahora determinar si las declaraciones y el accionar de los denunciados configuran delitos que amenacen los valores fundamentales del sistema democrático.

El acto filonazi de los militantes más cercanos de Santiago Caputo, donde se habló de lanzar un “brazo armado” de Javier Milei, habría molestado a Karina Milei y recrudeció la interna en Casa Rosada.

En el gobierno creen que el acto arruinó el moderado crecimiento en la imagen del gobierno, gracias a una baja mínima en la inflación. Mientras el presidente se codeaba con los líderes del mundo en el G20 de Río de Janeiro, el gobierno tuvo que salir a explicar el evento del que participaron varios funcionarios y hubo estética neonazi. Total normalidad.

Entre los que aparecieron con discurso ultraviolento está el llamado Gordo Dan, un personaje de redes sociales conocido por hostigar a todo aquel que no piense como él. El gobierno alienta a sectores que se muestran con discursos de odio.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la destrucción de empleo e inversiones recientes que podrían quedar ociosas.

La política de apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei está generando fuertes tensiones en la industria argentina. A pesar de algunos indicadores económicos favorables, como la desaceleración de la inflación y la baja del riesgo país, los efectos negativos de estas medidas ya se están sintiendo en diversos sectores productivos. La Unión Industrial Argentina (UIA) ha alertado sobre una “segunda ola” de cierre de fábricas, que podría destruir miles de empleos, desincentivar inversiones recientes y profundizar la crisis del mercado interno.

La apertura importadora y sus impactos

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei ha implementado una serie de medidas orientadas a la apertura comercial, incluyendo:

• Aumento del límite para importaciones mediante courier: de USD 1.000 a USD 3.000, eliminando aranceles para los primeros USD 400.
• Eliminación de licencias no automáticas y valores criterio en la Aduana.
• Reducción de aranceles para cientos de productos, favoreciendo la competencia de bienes importados con la producción nacional.

Estas políticas, justificadas como parte de una agenda de “libre mercado”, se implementan en un contexto de caída del consumo y una apreciación cambiaria que encarece los costos locales en dólares, profundizando la pérdida de competitividad de la industria argentina.

Sectores en crisis

La apertura indiscriminada ya está afectando a sectores clave:

• Metalurgia y siderurgia: Aceros Zapla, en Jujuy, está prácticamente paralizada, con el 85% de sus salarios atrasados y en un Procedimiento Preventivo de Crisis que deja en vilo a 230 trabajadores.
• Bicicletas: Empresas como SLP advierten que, de persistir este modelo, se verán obligadas a dejar de fabricar para convertirse en importadoras, reduciendo drásticamente su personal.
• Electrodomésticos: El sector registra un crecimiento sin precedentes en las importaciones. Por ejemplo, las heladeras, que el año pasado ingresaban a un ritmo de 3.000 unidades mensuales, ahora llegan a 30.000, dejando a las fábricas nacionales sin posibilidad de competir.
• Textil e indumentaria: Este sector, históricamente sensible a la competencia extranjera, enfrenta el riesgo de cierre masivo de talleres y fábricas debido a la llegada de productos importados a precios imposibles de igualar.

Alerta de la UIA

La UIA, que durante meses mantuvo un perfil bajo, expresó su preocupación por el avance de la apertura: “Si hay fenómenos de apertura irracional e indiscriminada, vamos a señalarlos. Nos preocupa la llegada de una ola importadora y hay que atajar rápidamente el aspecto tributario”, declaró Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad.

Además, la UIA advirtió que, sin soluciones estructurales para mejorar la competitividad, como una reforma impositiva, modernización laboral e incentivos a las inversiones, la apertura solo agravará la situación.

Pérdida de empleo y destrucción del mercado interno

Según datos oficiales, en el último año se perdieron 30.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Si bien el gobierno asegura que la contracción ha terminado, los empresarios señalan que las condiciones para competir siguen empeorando. Esto genera un cambio de modelo: muchas industrias locales están evaluando abandonar la producción y dedicarse exclusivamente a la importación, lo que implica menos empleo, menos valor agregado y mayor dependencia del exterior.

Un modelo insostenible

Este enfoque de apertura importadora, que algunos empresarios han calificado como un “trumpismo al revés”, prioriza la competitividad de los bienes extranjeros a costa de la producción nacional. La destrucción del mercado interno no solo afecta a las PyMEs y a los trabajadores, sino también a los consumidores, quienes a mediano plazo podrían enfrentar una oferta dominada por productos importados sin controles de calidad ni regulación de precios.

La apuesta por un modelo de “libre mercado” que descuida las necesidades del mercado interno y la industria nacional amenaza con desarticular el tejido productivo del país, dejando a Argentina aún más vulnerable frente a las fluctuaciones de la economía global. La UIA y los industriales urgen a las autoridades a frenar esta política antes de que sus efectos sean irreversibles.

Investigadores de la UNLP y Conicet fueron agredidos por una patota libertaria durante un viaje a Mendoza para hacer un trabajo de campo en Geología. Los agresores, difundieron con orgullo el video contando su ataque.

Un nuevo episodio de violencia política encendió alarmas en el ámbito académico y científico. Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y el Conicet denunciaron haber sido objeto de amenazas, insultos y hostigamiento mientras realizaban un trabajo de campo en Potrerillos, Mendoza. Los agresores, identificados como militantes de La Libertad Avanza (LLA), grabaron y difundieron un video en el que justificaron su ataque, alineándolo con el discurso del actual gobierno de Javier Milei.

Unos pizzeros libertarios agredieron a investigadores del Conicet y tuvo que intervenir la policía
Nota: https://t.co/sqtHLI7dS9 pic.twitter.com/HytkYI1HC1

— La Política Online | Argentina (@LPOArg) November 20, 2024

El incidente se suma a una preocupante escalada de agresiones hacia estudiantes, científicos y mujeres, quienes se han convertido en blanco de la creciente hostilidad política. Además, la reciente creación de un grupo de choque armado bajo el mando de Santiago Caputo, cercano al gobierno, genera preocupación sobre la institucionalización de estas prácticas violentas.

Hostigamiento en Potrerillos

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Luján de Cuyo, el equipo de investigadores y estudiantes fue agredido por los propietarios de un local comercial afiliado a LLA. La situación escaló al punto de requerir la intervención policial. Los agresores, en un video que circularon en redes sociales, celebraron su acción afirmando: “Estuvieron los zurdos del Conicet y la UNLP, atando cintitas de la facultad de geología (…) Agresivos son ellos cuando le roban al Estado. Como dice el Presidente, que se vayan a bañar”.

En sus declaraciones, justificaron el hostigamiento bajo la premisa de “auditar” a las universidades públicas y al Conicet, repitiendo consignas que forman parte del discurso oficial del gobierno de Milei. Este ataque no solo refleja un desprecio hacia la labor científica, sino que también promueve la intolerancia y la violencia como formas de acción política.

Violencia estructural contra la ciencia, la educación y las mujeres

La agresión en Mendoza no es un hecho aislado. En octubre, durante una asamblea estudiantil en la Universidad Nacional de Quilmes, un grupo de libertarios lanzó gas pimienta contra estudiantes que protestaban por el desfinanciamiento de la educación pública. Estos incidentes subrayan el creciente nivel de violencia política fomentado desde el poder, con mensajes que desacreditan y criminalizan a las universidades, la investigación científica y el activismo feminista.

La creación de un grupo armado, presuntamente liderado por Santiago Caputo, cercano al círculo de confianza de Javier Milei, es un paso alarmante hacia la institucionalización de estas prácticas coercitivas. Este grupo ha sido señalado como responsable de acciones intimidatorias contra colectivos estudiantiles y científicos, lo que agrava el clima de inseguridad y persecución.

El impacto en la formación académica

Los viajes de campo, como el realizado por el equipo agredido, son esenciales para la formación en disciplinas como la Geología. Sin embargo, en el contexto actual, estos se han reducido drásticamente debido al recorte presupuestario, obligando a estudiantes y docentes a buscar fondos mediante rifas y actividades comunitarias. A pesar de estas dificultades, ahora enfrentan además un entorno hostil que pone en riesgo su integridad física y profesional.

Repudio y exigencias

La comunidad científica y educativa expresó su enérgico repudio. En un comunicado, la asamblea del Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) denunció: “Como individuos comprometidos con el desarrollo científico y educativo, lamentamos que en el ejercicio de nuestra labor debamos enfrentar agresiones que no solo ponen en riesgo nuestra integridad, sino que también representan un atentado contra la enseñanza y el derecho de lxs estudiantes a formarse en un ambiente seguro”.

Se exige al gobierno y a las autoridades competentes garantizar la seguridad de los investigadores y estudiantes, así como un freno a la retórica de odio que fomenta este tipo de ataques. La ciencia, la educación pública y los derechos de las mujeres no pueden seguir siendo objeto de persecución en una democracia que se precie de ser inclusiva y plural.

El secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados), Roberto “Beto” Pianelli, se refirió a la gravísima situación que se vive en el subte porteño por la presencia de vagones con asbesto. Los vagones fueron comprados por el macrismo.

“De los 3600 trabajadores del subte, 2700 están bajo vigilancia médica, van cada dos años a hacerse estudios para chequear si aparecen enfermedades ligadas al asbesto”, contó.

“Se intenta tomar a tiempo esas enfermedades. Hay 107 trabajadores que ya están con diferentes patologías, ocho con cáncer de los cuales fallecieron cuatro”, agregó el dirigente sindical.

“El asbesto es un mineral que se instaló como fibra aislante potente y barata, se prohibió en el 2000. El más conocido de todos es el fibrocemento, que después de unos años se empieza a respirar. En el subte hay mucho”, insistió. “Ya sacamos 200 toneladas de asbesto en el subte. Quedan ciento y pico más”, explicó.

“La responsabilidad mayor sobre esto es del Gobierno de la Ciudad, que es el dueño del subte. Si el dueño no se preocupa, la inmobiliaria se va a preocupar muy poco. Y acá el inquilino es el pasajero”, advirtió. Los trenes fueron comprados por Mauricio Macri. “Estando prohibido, el Gobierno de la Ciudad trajo más trenes con asbesto. Los compró en Madrid en 2017. Lo decían los manuales, por eso supimos, pero los sacamos de circulación inmediatamente, y tres años después compraron otros en Japón para la línea C, eso es delito”, cerró.

El gobernador Axel Kicillof encabezará en San Pedro el acto por el Día de la Soberanía, bajo un fuerte rechazo de la Sociedad Rural local.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este miércoles un acto en el municipio de San Pedro por el Día de la Soberanía, al cumplirse 179 años de la batalla de Vuelta de Obligado, y llevará a cabo un discurso para reafirmar sus diferencias con la gestión nacional del presidente Javier Milei.

En ese sentido, el discurso de Kicillof comenzará a partir de las 17 horas, en el monumento de las enormes cadenas que representan la Batalla Vuelta de Obligado, el cual fue levantado a la vera del río Paraná. “El acto tendrá carácter institucional, aunque con fuerte contenido político”, precisaron desde Gobernación.

Tal como ocurre en este tipo de eventos, fueron invitados los intendentes, funcionarios y legisladores, con prioridad a los dirigentes de la Segunda sección electoral. No obstante, jefes comunales de diversos puntos de la provincia alineados con el gobernador dirán presentes este miércoles en San Pedro.

De esta manera, el intendente de San Pedro y referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Cecilio Salazar, de buena sintonía con Kicillof, será quien precede en la toma de la palabra al Gobernador. “Las circunstancias políticas nos impulsan a  nuevamente tratar de avanzar en defensa de nuestro país, de la soberanía”, adelantó el Jefe Comunal.

“Es una fecha muy importante para el país y obviamente para nuestra localidad. El gobernador lo tenía previsto ya desde el principio de año. Él vino ya dos veces a San Pedro y le dije no me podes fallar en noviembre y me dijo quédate tranquilo que voy a estar”, expresó Salazar.

Cabe destacar que, el Día de la Soberanía rinde homenaje a la resistencia liderada por las fuerzas argentinas en 1845 sobre las costas del Río Paraná, donde se llevó a cabo la batalla donde las tropas al mando del entonces gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, obligaron la retirada y derrota de las tropas anglo francesas.

El enfrentamiento fue considerado una victoria de soberanía para las fuerzas locales; de ahí su capitulación histórica. En este contexto, Kicillof hará énfasis en la necesidad de mantener viva la memoria histórica, y presumiblemente, apuntará contra las políticas de Milei en materia de soberanía.

No obstante, y con motivos del acto oficial, la Sociedad Rural de San Pedro cuestionó la visita de Kicillof, al calificarlo “persona no grata”. “Nos provoca un profundo rechazo la presencia de un personaje de tamaña hipocresía e ineptitud, que fue y es socio de los peores saqueadores de la historia del país,”, cuestionaron.

En las críticas efectuadas, la entidad rural puso en foco los aumentos realizados en el Impuesto Inmobiliario Rural durante todo el año por el Ejecutivo provincial. “Las medidas tomadas en contra de este sector no son sino una nueva muestra de esta postura hostil, que parece orientada a debilitar a quienes sostienen el desarrollo de la provincia”, indicaron.

En respuesta, el Intendente de San Pedro sostuvo que la Sociedad Rural “ya no representa los intereses de la gran mayoría de los productores locales, quienes se ven más comprometidos con el trabajo diario y la producción, en articulación con diferentes Ministerios provinciales y las políticas que son impulsadas desde por el gobierno de Kicillof”.