A contramano del mundo, el presidente Javier Milei se negó a acatar la orden de arresto emitida por la CPI contra el genocida israelí Benjamin Netanyahu.
En una decisión que refuerza la pésima imagen de Argentina en el ámbito de los derechos humanos, el gobierno de Javier Milei rechazó las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad. Este respaldo abierto a líderes acusados de atrocidades contrasta con los principios fundamentales de la justicia internacional y los derechos humanos.
La postura argentina fue acompañada de un comunicado donde Milei expresó su desacuerdo con la CPI y justificó su decisión apelando al derecho de Israel a defenderse de “organizaciones terroristas” como Hamas y Hezbollah. Sin embargo, este posicionamiento ignora los devastadores efectos de la ofensiva israelí en Gaza, que dejó más de 43.000 muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza y ONGs como HRW.
La actitud de Argentina no solo desafía los estándares internacionales al desobedecer a la CPI, sino que también genera preguntas sobre su alineación política. Israel, el país defendido por el gobierno argentino, ha votado históricamente en contra de los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y permite que sus empresas participen en la explotación de hidrocarburos en el territorio ocupado. Este doble estándar pone en tela de juicio las prioridades nacionales y el compromiso de Argentina con sus intereses soberanos.
La decisión de proteger a Netanyahu y Gallant frente a órdenes de arresto que buscan rendir cuentas por miles de vidas civiles refuerza una percepción de impunidad y desprecio por el derecho internacional. Además, sienta un peligroso precedente para la política exterior argentina, que ahora parece más enfocada en alinearse con actores cuestionados que en defender principios éticos y estratégicos coherentes con sus propios intereses nacionales.