La Policía Federal acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a 36 colaboradores, en su mayoría militares, de coordinar un plan para perpetuarse en el poder tras las elecciones de 2022.
La Policía Federal de Brasil reveló este jueves que el expresidente Jair Bolsonaro y otros 36 implicados, entre ellos altos mandos militares y exfuncionarios, coordinaron un plan para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Por ello, se solicitó su imputación por delitos como golpe de Estado, organización criminal y abolición violenta del Estado de Derecho, que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.
Entre los involucrados figuran figuras clave como los exministros Walter Braga Netto, Anderson Torres y Augusto Heleno, así como militares activos y retirados. La trama incluyó desinformación sobre el sistema electoral, intentos de incitar a los militares a romper el orden democrático, medidas ilegales para justificar el golpe y hasta un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades.
Lula confirmó esta última acusación durante un acto oficial: “Soy una persona que tiene que agradecer estar vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no dio resultado, estamos acá”.
La investigación destacó que el complot no avanzó debido a la negativa de los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea a sumarse al golpe. Además, identificó varios “núcleos” en la organización golpista, desde propaganda y logística hasta inteligencia paralela.
Bolsonaro enfrenta ahora una de las causas penales más graves de su historial, que incluye otros escándalos como la falsificación de certificados de vacunación y la importación irregular de joyas. La Procuraduría General deberá decidir si avanza con la acusación formal, mientras que líderes del Partido de los Trabajadores exigen un castigo ejemplar.
Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, resumió el clamor oficialista: “Intentaron asesinar autoridades, robar elecciones e instalar una dictadura. No merecen amnistía, sino prisión”.