El nuevo Cuerpo Femenino de Orden Urbano de la Policía de la Ciudad tiene como finalidad “abordar los enfrentamientos en las calles donde exista presencia de madres con sus hijos”.
La Ciudad de Buenos Aires continúa profundizando su política de control policial de la sociedad con la creación de un grupo policial especializado para intervenir en protestas y “situaciones de conflicto” que involucren a mujeres, madres con hijos, niños y otros sectores vulnerables. Este nuevo Cuerpo Femenino de Orden Urbano, conformado por 120 oficiales mujeres, tiene como misión explícita “abordar enfrentamientos en las calles” y, según declaraciones oficiales, se centra en la negociación y disuasión de conflictos, aunque también está preparado para reprimir si “la violencia escala”.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que este cuerpo responde a la decisión política de erradicar piquetes y cortes en la ciudad, señalando que “en la Ciudad la regla es el orden y no vamos a tolerar el caos”. Durante la presentación del grupo, se realizó un simulacro de disturbios en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), en el cual se resaltó el rol de estas oficiales para intervenir en situaciones de protesta, particularmente en aquellas que involucran a madres con hijos.
La creación de este cuerpo surge tras recientes manifestaciones de sectores vulnerables, como jubilados y estudiantes, donde se identificó la participación de mujeres con niños. Según Macri, la medida busca garantizar la circulación y “la seguridad de los ciudadanos de bien”, mientras que el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, afirmó que las oficiales están capacitadas para lidiar con mujeres, niños, adolescentes y personas mayores.
Sin embargo, esta política ha sido cuestionada por diversos sectores sociales, que denuncian un enfoque represivo hacia las poblaciones más vulnerables. Al centrarse en mujeres con hijos y otros grupos en situación de desventaja (como las personas en situación de calle que son permanentemente desalojadas y donde el gobierno porteño las compara con basura), se criminaliza la protesta social y se refuerza una lógica de control que invisibiliza las demandas legítimas detrás de estas movilizaciones en un contexto de crecente desigualdad.
El denominador común de estas iniciativas es claro: una política estatal que prioriza el “orden” a cualquier costo, deslegitimando el derecho a manifestarse y colocando a los sectores más vulnerables en el centro de la represión. Esta medida se suma a una tendencia preocupante a nivel nacional, donde se han creado grupos especializados en reprimir reclamos sociales en contextos como el yacimiento de Vaca Muerta, reforzando una visión criminalizadora de la protesta en todo el país.