A semanas de que la Corte Suprema quede con tres integrantes, el Gobierno de Javier Milei redobló hoy su apuesta y reiteró que podría aprobar por decreto los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes del máximo tribunal. Mauricio Macri quiso intentar hacer lo mismo en 2016. Los liberales más autoritarios del mundo…
Un posible problema es la constitucionalidad de esos nombramientos por decreto. “Si Rosatti no los juramenta en el cargo se tiene que comer un juicio político”, insisten desde el gobierno.
El artículo 99 inciso cuatro especifica que el Ejecutivo podrá nombrar a los jueces que desee para ocupar la Corte Suprema “con acuerdo del Senado” por dos tercios de sus miembros presentes. La aprobación de la Cámara Alta es “fundamental” y necesaria, caso contrario, “se abriría una caja de Pandora con reclamos judiciales” por no respetar la norma. Un conflicto judicial en puerta.