Fuertes sospechas por supuesto video narco y el discurso de Bullrich: ¿un arma política contra la provincia de Buenos Aires?.
La difusión de un video donde una supuesta banda narco amenaza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha generado escepticismo. El grupo, encapuchado y armado, asegura estar “internado en Buenos Aires” y advierte que comenzará a “dejar muertos” en la provincia. Este mensaje encendió las alarmas en el gobierno de Javier Milei, pero también abrió interrogantes sobre un posible trasfondo político del episodio.
En el video, uno de los hombres lanza acusaciones directas: “Hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”, refiriéndose a Pullaro y Bullrich. Además, califican a la ministra de “vieja mafiosa” y la culpan de generar conflictos: “Dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego”. Las imágenes muestran armas de alto poder, como fusiles FAL, subfusiles FMK3 y pistolas Glock, lo que refuerza la impresión de profesionalismo armado, pero también abre dudas sobre la autenticidad del material.
¿Un golpe político y mediático dirigido a la provincia de Buenos Aires?
La insistencia de Bullrich en vincular estas amenazas con la provincia de Buenos Aires ha despertado suspicacias. En un contexto donde el gobierno nacional busca imponer un fuerte ajuste fiscal y asfixiar económicamente a la provincia —liderada por el gobernador opositor Axel Kicillof—, algunos analistas consideran que este episodio podría tratarse de una operación política para debilitar su imagen y posicionar a Buenos Aires como un foco de inseguridad.
La estrategia de Bullrich no sería casual. La provincia concentra un alto peso electoral y social, y su gobernación por un dirigente opositor resulta incómoda para un gobierno que, según críticos, busca centralizar el poder político y económico. Vincular a Buenos Aires con la amenaza narco podría ser funcional para justificar tanto una narrativa de descontrol provincial como nuevas restricciones presupuestarias, agravando la ya delicada situación financiera del distrito.
Un contexto de creciente conflictividad social
El video emerge en un clima de alta tensión social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei, junto con el mensaje de “aguantar” durante dos o tres años, han generado un profundo malestar en la población. Incluso el FMI advirtió en informes recientes sobre el riesgo de un aumento del malestar social si las medidas de estabilización tardan en dar resultados.
En este escenario, el uso del discurso de la seguridad cobra relevancia. La amenaza narco, real o fabricada, podría servir como un instrumento para desviar la atención de la conflictividad social, mientras se legitima un abordaje policial y represivo que incluso pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Este enfoque permitiría avanzar con las “reformas estructurales” que exigen los mercados y actores internacionales, a costa de derechos sociales y garantías constitucionales.
La geopolítica y el disciplinamiento interno
Además, el episodio se inscribe en un marco de realineamientos geopolíticos. La administración Milei ha optado por estrechar vínculos con Estados Unidos e Israel y adoptar sus agendas de seguridad, lo que podría reforzar la injerencia extranjera en las fuerzas armadas y agencias de inteligencia nacionales. Patricia Bullrich, en línea con esta postura, ha defendido la necesidad de “ver a América Latina como un socio en la seguridad global de EE.UU.”
Este alineamiento permite al gobierno justificar un endurecimiento interno bajo el discurso de lucha contra el narcotráfico, mientras fortalece su papel como gendarme regional para los intereses “occidentales”. En este contexto, no es casual que la provincia de Buenos Aires, un bastión opositor, se vea en el centro de una narrativa de inseguridad y amenaza.
¿Una operación de control político?
Para algunos sectores, el video y la respuesta oficial forman parte de una estrategia de control político más amplia. La provincia de Buenos Aires, con su peso electoral y simbólico, representa un desafío para un gobierno que busca avanzar con un modelo centralista y restrictivo. Vincularla con el crimen organizado, mientras se asfixia financieramente a su administración, parece una táctica calculada para erosionar la capacidad de Kicillof de resistir o cuestionar las políticas nacionales.
El impacto del video trasciende lo meramente criminal. En el tablero político actual, el miedo y la seguridad se utilizan como herramientas para disciplinar, justificar ajustes y consolidar el poder, mientras las provincias opositoras enfrentan una creciente presión económica y política.