Diarco continua con el cierre de sucursales y ya suma más de 180 despidos, su situación es un reflejo de la crisis económica del país.

El reciente cierre de dos sucursales de Diarco en Concordia, Entre Ríos, que dejó a 38 trabajadores sin empleo, se suma a una serie de cierres similares en todo el país y pone de manifiesto el colapso del mercado interno. En total, más de 180 despidos y una disminución sostenida de operaciones reflejan el impacto devastador de la actual crisis económica, agravada por las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La cadena mayorista, que desempeñaba un rol clave en la provisión de productos tanto para pequeños comerciantes como para consumidores finales, enfrenta una caída de ventas derivada de la inflación descontrolada y la pérdida del poder adquisitivo de la población. El cierre de sus sucursales es una señal clara de cómo el deterioro de la economía afecta a las empresas que dependen de un mercado interno robusto.

Trabajadores despedidos relataron que el cierre fue abrupto, sin previo aviso, y que se encontraron con la noticia al llegar a sus lugares de trabajo. Desde el sector sindical, el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Concordia, Juan José Simonetti, señaló que las políticas neoliberales y los ajustes fiscales han llevado a una crisis que golpea particularmente a las pequeñas y medianas empresas, dejando a miles de empleados en la incertidumbre.

La situación de Diarco no es un caso aislado. Los cierres en otras localidades, como Lanús, Berazategui y Chaco, también han resultado en despidos masivos. Este fenómeno no solo afecta al comercio mayorista, sino que refleja un problema estructural más amplio: la debilidad del mercado interno, agravada por políticas que favorecen la liberalización de precios, importaciones descontroladas y flexibilización laboral, mientras ignoran la necesidad de estímulos para la demanda y la producción local.

En este contexto, los trabajadores despedidos se enfrentan a un panorama desolador, sin alternativas laborales inmediatas y con un poder adquisitivo en constante deterioro. Mientras tanto, las políticas económicas actuales parecen beneficiar a los grandes actores económicos a expensas de los sectores más vulnerables.

El cierre de sucursales de Diarco y otras empresas del sector es un indicador alarmante de un sistema económico que no logra sostener el empleo ni dinamizar el consumo interno. Este escenario plantea una urgente necesidad de medidas que prioricen el fortalecimiento del mercado interno, la protección de las PyMEs y la generación de empleo como pilares fundamentales para superar la crisis económica que atraviesa el país.

El gremio La Fraternidad denuncia el mal estado de las vías, mientras el Gobierno considera que es una medida “extorsiva”.

Desde este lunes, los maquinistas de trenes agrupados en el sindicato La Fraternidad implementaron una protesta que limita la velocidad de las formaciones a 30 kilómetros por hora.

Argumentan que la medida es consecuencia del mal estado de las vías y del material rodante, aspectos vinculados con la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno en junio de este año.

En la Secretaría de Transporte, sin embargo, interpretan la acción como una estrategia de presión en el marco del rechazo del gremio a la última propuesta paritaria, que incluye un aumento del 3,5% para los dos últimos meses de 2024.

La protesta afecta a las seis líneas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires: Roca, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Sur y Sarmiento, generando importantes demoras y cancelaciones.

En panfletos repartidos en las estaciones, los maquinistas explicaron su posición, afirmando que los trenes necesitan repuestos y reparaciones urgentes, mientras que las vías requieren obras para garantizar la seguridad y el confort de los pasajeros. También subrayaron la necesidad de modernizar los sistemas de comunicación y señales.

El Gobierno, por su parte, asegura que ya ha destinado más de 45 mil millones de pesos entre agosto y octubre para obras en ejecución, incluyendo la implementación de sistemas de frenado automático en las líneas San Martín, Mitre y Sarmiento.

Sin embargo, en la Casa Rosada persiste la percepción de que los ferrocarriles volverán a ser privatizados debido a su alto déficit operativo, como ocurrió en la década de 1990.

El director de PAMI defendió la medida al afirmar que “es parte de un reordenamiento para garantizar que los recursos lleguen a los más vulnerables”. Sin embargo, muchos cuestionan la efectividad de esta decisión para proteger a quienes más lo necesitan.

El gobierno de Javier Milei ha decidido eliminar la cobertura gratuita de medicamentos para los jubilados, una medida que afecta profundamente a un sector vulnerable de la población. Los jubilados ahora deben someterse a trámites burocráticos exhaustivos para demostrar su indigencia y, en caso de ser aprobados, acceder a un subsidio para poder adquirir sus medicamentos.

Actualmente, el 80% de los jubilados en Argentina cobra la mínima, alrededor de $300.000, una suma insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Con esta nueva disposición, muchos se verán obligados a elegir entre alimentarse o medicarse, una decisión dolorosa que agrava aún más su situación.

El nuevo sistema de subsidios

El PAMI ha explicado que quienes deseen continuar con el acceso a los medicamentos gratuitos deberán inscribirse en un nuevo sistema de subsidios, con condiciones estrictas, como no superar un ingreso mensual de $389.398,14 y no estar afiliados a ninguna obra social o prepaga. Aquellos que superen este umbral quedarán fuera del subsidio, y los que logren cumplir con los requisitos se enfrentarán a una burocracia difícil de sortear, especialmente en un contexto donde muchos jubilados carecen de acceso a internet o no tienen familiares que puedan asistirlos.

Esta medida se enmarca dentro de un contexto de ajustes continuos contra los jubilados, que ya han sufrido el veto a la moratoria previsional y aumentos irrisorios en sus haberes, que no alcanzan a cubrir el impacto de la inflación. El gobierno ha continuado recortando sus derechos, y la eliminación de la cobertura gratuita de medicamentos representa otro golpe a quienes deberían ser los más protegidos.

La insensibilidad del discurso oficial

El director de PAMI, Esteban Leguizamón, defendió la medida como parte de un “reordenamiento” de los recursos para que lleguen a los más vulnerables. Sin embargo, es difícil imaginar a alguien más vulnerable que un jubilado que depende de los medicamentos para su supervivencia.

Mientras tanto, las farmacias informan largas filas de jubilados confundidos y preocupados por no poder costear sus medicamentos, mientras el gobierno de Milei sigue justificando decisiones que aumentan la brecha social.

Este recorte en la cobertura gratuita de medicamentos no solo refleja la insensibilidad del gobierno, sino que también pone en evidencia la desconexión entre el discurso de campaña de Milei, que prometió mejorar la calidad de vida de los argentinos, y las decisiones tomadas en el ejercicio del poder, que parecen profundizar la crisis económica y social, afectando a quienes menos pueden defenderse.

El gobierno de Javier Milei ha dado un paso más en su desmantelamiento de las políticas públicas de protección social, lo que deja en claro que, bajo su gestión, el Estado no está para cuidar a los más débiles, sino para dejarles luchar por sobrevivir en un sistema cada vez más excluyente.

El presidente recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023.

Con la llegada de diciembre, el presidente Javier Milei recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023 para sus actividades como economista y conferencista. La Oficina Anticorrupción (OA) decidió eximirlo de proporcionar detalles sobre sus contratos privados, aunque para dar un lavado de cara a la medida, le envió un documento con recomendaciones sobre ética pública, instándole a evitar posibles conflictos de interés en el ejercicio de su poder. En otras palabras, se le aconseja no beneficiar a las empresas o personas que lo contrataron durante esos tres años.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿quién controlará a Milei si no debe rendir cuentas de sus actividades pasadas? Spoiler: nadie. La decisión de la OA fue clara: el presidente deberá autocontrolarse. Esta medida llega tras una solicitud de los legisladores porteños Hernán Reyes y Federico Esswein, quienes pidieron que Milei detallara los clientes con los que trabajó en ese periodo. La respuesta de la OA, a cargo de Alejandro Melik, fue un rotundo rechazo. En lugar de exigir explicaciones, se envió a los solicitantes el mencionado documento con recomendaciones éticas para el presidente.

Reyes no tardó en manifestar su indignación. En su perfil de X, cuestionó: “¿Qué es lo que Milei no quiere que sepamos? Cuando era diputado, se llenaba la boca hablando de transparencia, regalaba su sueldo y decía que trabajaba para privados, cobrando miles de dólares por conferencia. Pero ahora, como presidente, se niega a decir quiénes eran esos clientes”. El legislador recordó que, en mayo, había pedido a la OA que adoptara el mismo enfoque de transparencia que se le exigió a Alberto Fernández, pero en este caso, el organismo decidió mirar hacia otro lado. “¿Por qué ese cambio? ¿A quién está protegiendo?”, se preguntó Reyes.

El cuestionamiento de Reyes continuó: “Al presidente solo le dieron una recomendación diciendo que ‘tenga cuidado’ con beneficiar a quienes lo financiaron en los últimos 3 años. ¿Él mismo se controla? ¿Es en serio? Esto no es transparencia, es un papelón institucional. Si no hay controles, ¿quién nos asegura que las decisiones del gobierno no están al servicio de esos intereses privados?“.

En su mensaje, Reyes destacó la pérdida de la ficha limpia, la propuesta de nombrar a Lijo como juez de la Corte y la falta de controles, un escenario que, según él, demuestra la falta de transparencia que los argentinos ya conocen demasiado bien.

Se trata de Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, quien hace un mes se mostraba optimista con el gobierno de Milei pero hoy enfrenta una crisis que pone en jaque a su empresa.

En una entrevista hace apenas un mes, Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, se mostraba optimista con el gobierno de Javier Milei, confiando en que las políticas económicas impulsadas por la administración liberal podrían mejorar la competitividad del sector avícola. Sin embargo, hoy, la situación de la empresa es más que complicada: al borde de la quiebra y con una solicitud de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el gobierno, Granja Tres Arroyos lucha por sobrevivir en un contexto económico que cada vez más se le escapa de las manos.

La empresa, que produce el 20% del pollo del país y exporta a más de 60 países, ha solicitado la autorización del gobierno para reducir costos laborales en su planta de Ezeiza, alegando una falta de competitividad provocada por la apreciación del tipo de cambio, la carga tributaria y los elevados costos internos. De Grazia, que hasta hace poco confiaba en las medidas del gobierno de Milei, ahora reconoce que los costos se han vuelto insostenibles, especialmente tras la pérdida del mercado chino, un golpe económico que significó una pérdida de US$160 millones para los exportadores de pollos.

En medio de estas tensiones, Granja Tres Arroyos se encuentra negociando con el sindicato de la alimentación para reducir la plantilla en la planta de Ezeiza, en lo que algunos interpretan como un ajuste drástico para seguir a flote. Esta situación, que afecta a miles de trabajadores, se da en un contexto de creciente desconfianza entre los empresarios, que reclaman mayores beneficios fiscales y un tipo de cambio más competitivo, mientras los gremios buscan recuperar el poder adquisitivo perdido en años de inflación.

En los últimos días, la falta de acuerdo en torno a las medidas a tomar ha desatado un nuevo conflicto entre la empresa y sus trabajadores, mientras el gobierno observa los intentos de reestructuración sin brindar certezas sobre el futuro del sector. A pesar de las promesas de Javier Milei de impulsar una mayor competitividad, los empresarios como De Grazia siguen encontrando dificultades para sostener sus negocios en medio de una economía inestable.

Así, Granja Tres Arroyos, que hace un mes parecía ser una de las grandes esperanzas de la industria avícola bajo el mandato de Milei, ahora se enfrenta a una crisis que pone en peligro el empleo de cientos de trabajadores y la sostenibilidad misma de la empresa.

Fuertes sospechas por supuesto video narco y el discurso de Bullrich: ¿un arma política contra la provincia de Buenos Aires?.

La difusión de un video donde una supuesta banda narco amenaza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha generado escepticismo. El grupo, encapuchado y armado, asegura estar “internado en Buenos Aires” y advierte que comenzará a “dejar muertos” en la provincia. Este mensaje encendió las alarmas en el gobierno de Javier Milei, pero también abrió interrogantes sobre un posible trasfondo político del episodio.

En el video, uno de los hombres lanza acusaciones directas: “Hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”, refiriéndose a Pullaro y Bullrich. Además, califican a la ministra de “vieja mafiosa” y la culpan de generar conflictos: “Dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego”. Las imágenes muestran armas de alto poder, como fusiles FAL, subfusiles FMK3 y pistolas Glock, lo que refuerza la impresión de profesionalismo armado, pero también abre dudas sobre la autenticidad del material.

¿Un golpe político y mediático dirigido a la provincia de Buenos Aires?

La insistencia de Bullrich en vincular estas amenazas con la provincia de Buenos Aires ha despertado suspicacias. En un contexto donde el gobierno nacional busca imponer un fuerte ajuste fiscal y asfixiar económicamente a la provincia —liderada por el gobernador opositor Axel Kicillof—, algunos analistas consideran que este episodio podría tratarse de una operación política para debilitar su imagen y posicionar a Buenos Aires como un foco de inseguridad.

La estrategia de Bullrich no sería casual. La provincia concentra un alto peso electoral y social, y su gobernación por un dirigente opositor resulta incómoda para un gobierno que, según críticos, busca centralizar el poder político y económico. Vincular a Buenos Aires con la amenaza narco podría ser funcional para justificar tanto una narrativa de descontrol provincial como nuevas restricciones presupuestarias, agravando la ya delicada situación financiera del distrito.

Un contexto de creciente conflictividad social

El video emerge en un clima de alta tensión social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei, junto con el mensaje de “aguantar” durante dos o tres años, han generado un profundo malestar en la población. Incluso el FMI advirtió en informes recientes sobre el riesgo de un aumento del malestar social si las medidas de estabilización tardan en dar resultados.

En este escenario, el uso del discurso de la seguridad cobra relevancia. La amenaza narco, real o fabricada, podría servir como un instrumento para desviar la atención de la conflictividad social, mientras se legitima un abordaje policial y represivo que incluso pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Este enfoque permitiría avanzar con las “reformas estructurales” que exigen los mercados y actores internacionales, a costa de derechos sociales y garantías constitucionales.

La geopolítica y el disciplinamiento interno

Además, el episodio se inscribe en un marco de realineamientos geopolíticos. La administración Milei ha optado por estrechar vínculos con Estados Unidos e Israel y adoptar sus agendas de seguridad, lo que podría reforzar la injerencia extranjera en las fuerzas armadas y agencias de inteligencia nacionales. Patricia Bullrich, en línea con esta postura, ha defendido la necesidad de “ver a América Latina como un socio en la seguridad global de EE.UU.”

Este alineamiento permite al gobierno justificar un endurecimiento interno bajo el discurso de lucha contra el narcotráfico, mientras fortalece su papel como gendarme regional para los intereses “occidentales”. En este contexto, no es casual que la provincia de Buenos Aires, un bastión opositor, se vea en el centro de una narrativa de inseguridad y amenaza.

¿Una operación de control político?

Para algunos sectores, el video y la respuesta oficial forman parte de una estrategia de control político más amplia. La provincia de Buenos Aires, con su peso electoral y simbólico, representa un desafío para un gobierno que busca avanzar con un modelo centralista y restrictivo. Vincularla con el crimen organizado, mientras se asfixia financieramente a su administración, parece una táctica calculada para erosionar la capacidad de Kicillof de resistir o cuestionar las políticas nacionales.

El impacto del video trasciende lo meramente criminal. En el tablero político actual, el miedo y la seguridad se utilizan como herramientas para disciplinar, justificar ajustes y consolidar el poder, mientras las provincias opositoras enfrentan una creciente presión económica y política.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respondió a los cuestionamientos por las constantes fuga de presos en el distrito y, lejos de asumir la responsabilidad, alimentó la interna del PRO al lanzar que “hasta ahora se escaparon menos que durante el último año de gestión de Horacio Rodríguez Larreta”.

“No sé por qué ese año hubo mucha menos publicidad que este, pero estamos con una superpoblación importante”, consideró Jorge Macri en comunicación con Radio Mitre luego de la fuga de los once detenidos a mediados de noviembre por los techos de una alcaidía de Barracas. A raíz de este panorama complejo en materia de Seguridad, el ministro Waldo Wolff anunció los despidos de Sebastián Vela, responsable civil del Ministerio de Seguridad, y Martín Ochoa, director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad.

“Tras las fugas en Barracas y el Centro de Contraventores, tomé la decisión de echar al responsable civil del Ministerio junto con el director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, más allá de la correspondiente investigación en curso”, había señalado el encargado de la cartera de seguridad en sus redes sociales.

La aerolínea volvió a registrar suspensiones y demoras en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, despertando la bronca de los operadores turísticos.

La aerolínea low cost Flybondi está en el centro de la tormenta tras una semana marcada por una sucesión de cancelaciones y demoras que afectaron severamente a Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, dos de las principales ciudades de Chubut. El enojo de los operadores turísticos y pasajeros no se hizo esperar, denunciando graves perjuicios económicos y personales.

Durante la última semana, Flybondi canceló 28 vuelos en todo el país, incluyendo rutas clave hacia y desde Chubut. Esta situación generó una ola de frustración tanto entre los viajeros como entre el sector turístico, que vio cómo reservas se perdían o debían modificarse de forma abrupta, complicando el ya desafiante panorama de la actividad en la región.

Saul Cruz, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Puerto Madryn, fue tajante al describir el impacto: “Ayer cancelaron, hoy hubo seis horas de retraso, y el vuelo de mañana ya está cancelado. Esto no sólo afecta al pasajero, sino también a las empresas turísticas que dependen de estos servicios. Es inaceptable”.

Entre las peores aerolíneas del mundo

Los problemas de Flybondi no se limitan a Chubut. Un reciente informe internacional posicionó a la compañía entre las seis peores aerolíneas del mundo, citando la falta de repuestos y el estado cuestionable de su flota como factores clave en su deficiente desempeño.

En Madryn, las demoras y cancelaciones provocaron situaciones estresantes para los pasajeros, muchos de los cuales debieron interrumpir trámites importantes, consultas médicas o actividades laborales. “Algunos pasajeros estuvieron dentro del avión, los hicieron bajar y, horas después, volvieron a embarcar. Es un nivel de improvisación inadmisible”, relató Cruz.

Impacto en el turismo y falta de respuestas

El sector turístico de Chubut se declaró en crisis. Flybondi, que carece de oficinas locales y no ofrece atención al cliente adecuada, dejó a muchos sin explicaciones claras. “Esto no es sostenible. Flybondi debería reducir la frecuencia de vuelos, pero cumplir con los que programa. Hoy es imposible trabajar así”, reclamó Cruz.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, está gestionando con Flybondi para buscar soluciones, pero los resultados hasta el momento han sido insuficientes. A la falta de respuestas de la aerolínea, se suma el costo prohibitivo de volar con Aerolíneas Argentinas, la única alternativa viable para muchos pasajeros.

El sector turístico de Chubut exige con urgencia un cambio de rumbo. “No podemos permitir que una aerolínea tan importante para la conectividad de la región opere de forma tan precaria. El daño al turismo, a las empresas y a las familias es inmenso”, concluyó Cruz.

La inflación en alimentos durante noviembre se habría ubicado entre un 2,3% y un 2,8%, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas que advierte que esto presionará el costo de vida general y lo llevaría en torno al 3%, generando alertas sobre la dinámica inflacionaria en el país. La inflación sigue alta a pesar del ajuste brutal sobre la economía y de que el indicador actual no mide correctamente el tarifazo.

Según la consultora LCG los alimentos acumulan un 2,3% en noviembre, lo que tensiona la inflación a la alta. En ese sentido, Eco Go estimó una suba de precios el es pasado del 3%, lo que sería un golpazo para el gobierno y su esquema endeble.