Por medio de un decreto, el Gobierno estableció que a partir de los 18 años, los ciudadanos estarán habilitados para la tenencia y portación de armas de fuego.
El Gobierno argentino, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, ha modificado la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), reduciendo de 21 a 18 años la edad mínima para la tenencia y portación de armas de uso civil. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 1081/2024, genera preocupación en el contexto actual de violencia que atraviesa el país, donde la juventud es una de las poblaciones más afectadas.
La reforma busca “armonizar la legislación vigente” y reconoce, según el Poder Ejecutivo, la capacidad de los ciudadanos de 18 años para ser legítimos usuarios de armas. Sin embargo, esta decisión se enmarca en una sociedad que enfrenta un incremento en los índices de violencia armada, donde los jóvenes suelen ser víctimas y, en ocasiones, protagonistas de episodios delictivos y hechos de violencia.
Organizaciones civiles, expertos en seguridad han manifestado su alarma ante la posibilidad de que esta flexibilización incremente la circulación de armas y agrave la inseguridad. Diversos estudios señalan que la presencia de armas en manos de la población civil está asociada con un aumento de los conflictos violentos y los incidentes fatales, especialmente entre jóvenes.
La medida se inscribe en un marco más amplio de reformas propuestas por el Ejecutivo, que incluyen simplificar los trámites para la tenencia legal de armas y facilitar su registro o destrucción. Aunque el Gobierno argumenta que estas políticas buscan regularizar la posesión de armas y garantizar derechos individuales, los críticos advierten que podrían tener consecuencias adversas en un país donde las políticas públicas de seguridad aún enfrentan serios desafíos.
En un momento de alta sensibilidad e irritabilidad social, esta decisión pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar derechos individuales con políticas de prevención que prioricen la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, como la juventud.