La crisis interna se desató cuando la periodista Cristina Pérez, pareja del ministro Petri, denunció sobornos en el entorno presidencial, generando un efecto dominó que terminó salpicando a su propio marido.
El escándalo por presuntas coimas dentro del gobierno de Javier Milei escaló a niveles inesperados y ahora golpea de lleno al ministro de Defensa, Luis Petri. La crisis interna se desató cuando la periodista Cristina Pérez, pareja de Petri, denunció sobornos en el entorno presidencial, generando un efecto dominó que terminó salpicando a su propio marido.
En medio de este clima enrarecido, el periodista Alejandro Fantino insinuó que Petri podría haber recibido coimas en el marco de la compra de 24 aviones F-16 de segunda mano a Dinamarca. En su programa en Neura, Fantino dejó entrever que el ministro de Defensa “quedó en el barro” tras la denuncia de Pérez y deslizó dudas sobre la transparencia de la millonaria operación: “Es Petri el que puso la firma, es Petri el que se sube al F-16 con los anteojos de Top Gun”, lanzó con ironía.
El escándalo se profundizó cuando Fantino mencionó posibles irregularidades en los costos de la obra civil en Tandil, donde se construirán los hangares para los aviones. Si bien las fuentes militares consultadas descartan que las coimas estén vinculadas directamente a la compra de las aeronaves, apuntan a sobreprecios en las construcciones que fueron adjudicadas con poca transparencia.
La presión sobre Petri aumentó a tal punto que, según trascendió, su continuidad en el gobierno está en duda. La tensión dentro del gabinete quedó en evidencia en un incómodo momento televisivo cuando Luis Majul, en presencia de Cristina Pérez, anticipó la posible salida de un ministro sin dar nombres. Solo después de que Pérez abandonara el set, reveló que se refería a Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, quien podría dejar su cargo para defender a los hermanos Milei en el escándalo del criptogate.
Mientras tanto, crecen las sospechas sobre la licitación de la obra en Tandil, adjudicada a la empresa Antares Obras y Servicios S.A., con un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Algunos sectores de las Fuerzas Armadas advierten que la insistencia en que la base se construyera en Tandil en lugar de Río Gallegos podría responder a intereses personales, ya que ciertos oficiales retirados tendrían vínculos con la empresa adjudicataria.
A esto se suma el secretismo en torno a una parte del proyecto, cuyo destino no ha sido esclarecido debido a su clasificación como “secreto militar” por decreto presidencial. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac, reconoció en abril que desconocía los costos exactos de la obra, estimándolos entre 10 y 15 millones de dólares.
En los próximos días se espera la presentación del primer F-16 adquirido, en un contexto donde la compra, lejos de celebrarse como un logro de la gestión, quedó envuelta en una ola de acusaciones, sospechas de corrupción y una feroz interna dentro del gobierno.
