Mientras el reportero Pablo Grillo se encuentra en estado crítico tras ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno, la ministra libertaria lo descalificó y defendió la brutalidad policial.
La brutal represión desatada frente al Congreso durante la marcha de jubilados e hinchas dejó un saldo alarmante: al menos 21 heridos y 150 detenidos. Entre las víctimas, el fotorreportero Pablo Grillo sufrió una herida grave en la cabeza tras el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal. Mientras Grillo lucha por su vida en el quirófano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lejos de condenar el accionar de las fuerzas bajo su mando, optó por descalificar a la víctima y justificar la violencia estatal.
“Es un militante kirchnerista y está preso”, sentenció Bullrich en LN+, reduciendo a Grillo a una etiqueta política y minimizando la brutalidad sufrida. La ministra no solo falseó la situación del fotógrafo, quien estaba trabajando al momento de ser atacado, sino que además no estaba detenido, sino hospitalizado en estado crítico.
La represión fue feroz y desmedida. Testigos relataron que la policía disparó indiscriminadamente contra los manifestantes, incluyendo a jubilados y periodistas que cubrían la movilización. “Vi que Pablo se cubría con unas maderas, como si fueran vallas. Luego lo vimos caer con un agujero en la frente”, contó el fotógrafo Juan Manuel Foglia. Las imágenes muestran cómo el gas lacrimógeno llovió sobre la multitud, dejando un saldo de varios heridos con traumatismos craneales y lesiones severas.
Lejos de retroceder, Bullrich utilizó el episodio para endurecer su discurso represivo. “Vinieron preparados para matar”, afirmó sin pruebas, asegurando que los manifestantes intentaban “tomar el Congreso”. Con esta estrategia, la ministra busca fabricar un enemigo interno para justificar el uso desmedido de la fuerza.
La violencia policial no se limitó al ataque contra Grillo. Una jubilada de 87 años también fue brutalmente golpeada por un agente de la Policía Federal. La mujer cayó desmayada en la vereda y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Argerich. Mientras tanto, los efectivos mantuvieron su cordón de seguridad sin brindar asistencia.
A pesar de los videos que documentan las agresiones policiales, Bullrich sostuvo que “se secuestraron armas de fuego y miguelitos”, insinuando un complot para desestabilizar al gobierno. La manipulación mediática alcanzó su punto álgido cuando un policía fue filmado dejando caer un arma en la plaza, un intento burdo de justificar la represión con pruebas plantadas.
El saldo de la jornada es aterrador: además de los 21 heridos, hay decenas de detenidos de manera arbitraria. Organismos de derechos humanos, como el CELS y la CTA Autónoma, denunciaron la detención ilegal de manifestantes y la violencia policial desatada contra ciudadanos que solo exigían mejores condiciones de vida para los jubilados. “Hay un nene y una nena alcanzados por gases. Hay un fotógrafo en estado crítico. Hay una jubilada golpeada por la policía. Esto es terrorismo de Estado”, denunció el CELS.
Lejos de retroceder, Bullrich prometió endurecer las medidas represivas, impulsando una “ley antibarras” que prohibiría la participación de hinchas de fútbol en manifestaciones públicas. Su mensaje es claro: cualquier oposición será catalogada como un peligro para la democracia y enfrentada con violencia estatal.
La represión del Congreso es un punto de inflexión. La estrategia de Bullrich de criminalizar la protesta y estigmatizar a las víctimas es una amenaza latente para la libertad de expresión y los derechos humanos en Argentina. Pablo Grillo, ahora en coma, es un símbolo de cómo el gobierno elige la violencia antes que el diálogo. La historia lo demostrará: el Estado no protege a sus ciudadanos, sino que los persigue, ataca y busca sacarlos de la ecuación de cualquier forma posible.
