Mientras el reportero Pablo Grillo se encuentra en estado crítico tras ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno, la ministra libertaria lo descalificó y defendió la brutalidad policial.

La brutal represión desatada frente al Congreso durante la marcha de jubilados e hinchas dejó un saldo alarmante: al menos 21 heridos y 150 detenidos. Entre las víctimas, el fotorreportero Pablo Grillo sufrió una herida grave en la cabeza tras el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal. Mientras Grillo lucha por su vida en el quirófano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lejos de condenar el accionar de las fuerzas bajo su mando, optó por descalificar a la víctima y justificar la violencia estatal.

“Es un militante kirchnerista y está preso”, sentenció Bullrich en LN+, reduciendo a Grillo a una etiqueta política y minimizando la brutalidad sufrida. La ministra no solo falseó la situación del fotógrafo, quien estaba trabajando al momento de ser atacado, sino que además no estaba detenido, sino hospitalizado en estado crítico.

La represión fue feroz y desmedida. Testigos relataron que la policía disparó indiscriminadamente contra los manifestantes, incluyendo a jubilados y periodistas que cubrían la movilización. “Vi que Pablo se cubría con unas maderas, como si fueran vallas. Luego lo vimos caer con un agujero en la frente”, contó el fotógrafo Juan Manuel Foglia. Las imágenes muestran cómo el gas lacrimógeno llovió sobre la multitud, dejando un saldo de varios heridos con traumatismos craneales y lesiones severas.

Lejos de retroceder, Bullrich utilizó el episodio para endurecer su discurso represivo. “Vinieron preparados para matar”, afirmó sin pruebas, asegurando que los manifestantes intentaban “tomar el Congreso”. Con esta estrategia, la ministra busca fabricar un enemigo interno para justificar el uso desmedido de la fuerza.

La violencia policial no se limitó al ataque contra Grillo. Una jubilada de 87 años también fue brutalmente golpeada por un agente de la Policía Federal. La mujer cayó desmayada en la vereda y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Argerich. Mientras tanto, los efectivos mantuvieron su cordón de seguridad sin brindar asistencia.

A pesar de los videos que documentan las agresiones policiales, Bullrich sostuvo que “se secuestraron armas de fuego y miguelitos”, insinuando un complot para desestabilizar al gobierno. La manipulación mediática alcanzó su punto álgido cuando un policía fue filmado dejando caer un arma en la plaza, un intento burdo de justificar la represión con pruebas plantadas.

El saldo de la jornada es aterrador: además de los 21 heridos, hay decenas de detenidos de manera arbitraria. Organismos de derechos humanos, como el CELS y la CTA Autónoma, denunciaron la detención ilegal de manifestantes y la violencia policial desatada contra ciudadanos que solo exigían mejores condiciones de vida para los jubilados. “Hay un nene y una nena alcanzados por gases. Hay un fotógrafo en estado crítico. Hay una jubilada golpeada por la policía. Esto es terrorismo de Estado”, denunció el CELS.

Lejos de retroceder, Bullrich prometió endurecer las medidas represivas, impulsando una “ley antibarras” que prohibiría la participación de hinchas de fútbol en manifestaciones públicas. Su mensaje es claro: cualquier oposición será catalogada como un peligro para la democracia y enfrentada con violencia estatal.

La represión del Congreso es un punto de inflexión. La estrategia de Bullrich de criminalizar la protesta y estigmatizar a las víctimas es una amenaza latente para la libertad de expresión y los derechos humanos en Argentina. Pablo Grillo, ahora en coma, es un símbolo de cómo el gobierno elige la violencia antes que el diálogo. La historia lo demostrará: el Estado no protege a sus ciudadanos, sino que los persigue, ataca y busca sacarlos de la ecuación de cualquier forma posible.

Insultos y golpes de puño marcaron una sesión en la que se intentaba limitar los superpoderes de Javier Milei. Martín Menem la levantó para frenar el debate.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, que había comenzado con la aprobación de la emergencia para Bahía Blanca, terminó en un escándalo cargado de gritos, empujones y hasta golpes de puño entre legisladores del oficialismo y sus aliados. El detonante fue la decisión del presidente de la Cámara, Martín Menem, de impedir el tratamiento de dos emplazamientos impulsados por el bloque de Unión por la Patria (UP).

En medio del caos que reinaba en las inmediaciones del Congreso por la brutal represión contra jubilados, puertas adentro del recinto se vivieron escenas de tensión cuando la diputada Victoria Toloza Paz presentó dos iniciativas: la normalización de la Comisión de Juicio Político con Marcela Pagano como titular y la derogación de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó a Javier Milei en la Ley Bases. Ambas propuestas despertaron la furia del bloque libertario, que intentó boicotear la votación.

Sin embargo, un grupo de exlibertarios, liderado por Oscar Zago, junto a las diputadas oficialistas Pagano y Rocío Bonacci, decidieron permanecer en sus bancas para habilitar el debate, desatando la ira del resto del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Entre gritos e insultos, los libertarios exigieron que se levantaran para impedir el quórum. Ante la negativa, las diputadas fueron agredidas con agua. “Nos tiraron agua por pedirles que se levanten, esto es imperdonable”, denunció la diputada Celeste Ponce en redes sociales.

El escándalo escaló cuando Zago y el diputado libertario Lisandro Almirón se enfrentaron a golpes en los pasillos del Congreso. Almirón responde directamente a Martín Menem, quien se opone a que Pagano asuma la titularidad de la Comisión de Juicio Político.

La reacción de Menem fue inmediata: paralizó la sesión bajo el argumento de la falta de quórum, aunque el tablero registraba 128 presentes. Aprovechando la confusión, Menem dio por concluida la sesión y abandonó el recinto, desatando la indignación de los diputados de UP, entre ellos Máximo Kirchner, Carlos Castagneto e Itai Hagman, quienes le reclamaron que permitiera continuar con el debate.

La escena dejó en evidencia el desorden que domina al bloque oficialista y el escaso margen de maniobra que tiene el gobierno para frenar el debate parlamentario sin recurrir a maniobras desesperadas.

El proyecto proponía que los tres niveles del Estado coordinaran acciones inmediatas para asistir a los afectados, poniendo a disposición todos los recursos necesarios. Además, planteaba la creación de un Comité de Emergencia con la participación de especialistas.

En un episodio bochornoso y revelador de la falta de sensibilidad, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se unieron para impedir el tratamiento de un proyecto que buscaba declarar la emergencia en Bahía Blanca y establecer un plan integral de asistencia a las miles de familias afectadas por el devastador temporal del 7 de marzo.

La iniciativa, impulsada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), proponía que los tres niveles del Estado coordinaran un plan de emergencia que asegurara la movilización inmediata de recursos y medidas concretas para atender la crisis. Entre sus puntos clave, el proyecto establecía la creación de un Comité de Emergencia, compuesto por vecinos, trabajadores afectados, especialistas de organismos científicos como el CONICET y el Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales y la comunidad organizada. El objetivo de este comité era no solo responder a la emergencia inmediata, sino también implementar estrategias de prevención y reconstrucción a mediano y largo plazo, abordando las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales del desastre.

A pesar de la urgencia y la gravedad de la situación, los legisladores de LLA y el PRO decidieron bloquear el tratamiento del proyecto, priorizando su agenda política por encima de la necesidad de miles de personas que aún lidian con la destrucción de sus hogares y la pérdida de bienes esenciales. Este accionar provocó un fuerte repudio dentro y fuera del recinto.

La diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una coordinación efectiva de proyectos de emergencia para dar respuesta a los damnificados. Sin embargo, Menem, lejos de mostrar la mínima preocupación ante la catástrofe, respondió con una frialdad alarmante: “Este es el juego de la Cámara de Diputados. Se vota o no se vota.”

Las palabras del presidente de la Cámara y la postura del PRO y LLA desataron indignación tanto entre legisladores como en la sociedad, que ve cómo el Congreso se convierte en un campo de batalla político en lugar de un espacio para resolver las urgencias del país. Mientras la oposición se enreda en maniobras para bloquear soluciones, las familias de Bahía Blanca siguen esperando la ayuda que les fue negada en el recinto.

La mujer, que se manifestaba pacíficamente, fue golpeada fuertemente en su cabeza por un efectivo que, además, se escondió tras su accionar.

Dentro del caos que significó un nuevo accionar represivo por parte de las Fuerzas de Seguridad, un episodio trascendió en los distintos medios y redes sociales por la brutalidad que representa: un policía le pegó un duro palazo en la cabeza a una jubilada y, luego, se escondió detrás de sus compañeros.

Mientras la mujer de avanzada edad se manifestaba de manera pacífica, el efectivo la atacó sorpresivamente, provocándole una fuerte herida en su cabeza. Inmediatamente, la jubilada debió ser asistida por quienes allí se encontraban, de acuerdo a lo que muestra el video compartido en redes sociales por el periodista Lautaro Maislin de C5N.

El video no demoró en viralizarse, generando todo tipo de repudio al accionar policial habilitado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, quien antes de la marcha amenazó a los hinchas de los diferentes clubes con que los iban “a encontrar” si hacían desmanes.

Así fue agredida por la Policía Federal una jubilada durante la manifestación en las afueras del Congreso.

📹 @LautaroMaislin pic.twitter.com/te1TJZydId

— Corta 🏆 (@somoscorta) March 12, 2025

El Gobierno endureció el derecho de admisión en la previa a la marcha

Sin disimular su desesperado intento por afectar el apoyo que miles de hinchas del fútbol están dando este miércoles por la tarde al largamente ignorado reclamo de los jubilados, el gobierno de Javier Milei endureció durante la mañana el derecho de admisión a los estadios de fútbol.

Así quedó plasmado en Resolución 321/2025 del ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich.

Allí el gobierno libertario extendió las causales por las cuales se puede aplicar el derecho de admisión a los estadios de fútbol y entre ellas se incluyó una que no tiene nada que ver con incidentes en espectáculos deportivos y que apunta lisa y llanamente a impedir que se sumen a cualquier manifestación popular.

La resolución expande así los criterios a aplicarse y alcanzan a personas imputadas o condenadas por delitos graves, especialmente aquellos que impliquen violencia o alteración del orden público, ya sea en el ámbito de un espectáculo futbolístico o en eventos relacionados.

Bajo un absoluto secretismo sobre el monto y las condiciones, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 por el cual busca el auxilio urgente del organismo multilateral de crédito.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 para establecer un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida busca obtener fondos frescos de manera urgente, en un contexto en el que las reservas del Banco Central se desploman día a día debido a la intervención oficial para sostener un tipo de cambio cada vez más difícil de mantener.

El Gobierno justifica la firma del decreto en la necesidad de fortalecer la posición financiera del Banco Central, que aún arrastra reservas netas negativas y carece de acceso a financiamiento externo. Según el documento, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, se aplicó un fuerte ajuste fiscal, logrando reducir la inflación interanual del 211,4% en diciembre de 2023 al 2,2% en enero de 2025. Sin embargo, la reactivación económica sigue sin materializarse, y la pobreza, aunque en descenso, se mantiene en niveles críticos.

El FMI como salvavidas financiero del gobierno de Milei ¿O salvavidas de plomo?

El DNU detalla que el nuevo programa con el FMI permitirá:
✅ Cancelar deuda del Tesoro con el BCRA, liberando al Banco Central de la carga de letras intransferibles.
✅ Cubrir pagos de deuda del acuerdo firmado en 2022, evitando un default con el organismo.
✅ Refuerzos de reservas para contener la crisis cambiaria y reducir el riesgo país.
✅ Flexibilización del mercado cambiario, con el objetivo de comenzar a desmontar el “cepo”.

A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo de que las reservas aumentaron en USD 7.000 millones desde la llegada de Milei, los analistas advierten que el Banco Central sigue perdiendo divisas a diario para contener la disparada del dólar, lo que torna insostenible el esquema actual.

Fondos frescos, pero sin precisiones sobre el monto final

El DNU evita especificar el monto total del nuevo endeudamiento, lo que ha desatado especulaciones en el mercado. Según informes privados, la cifra podría oscilar entre USD 5.000 y USD 20.000 millones, con al menos USD 8.000 millones como fondos nuevos. Sin embargo, ni el decreto ni el Ministerio de Economía han brindado detalles sobre los intereses que deberá pagar el país por este nuevo salvataje.

Desde el gobierno defienden la decisión de no revelar detalles, argumentando que “discutir públicamente el acuerdo con el FMI podría generar volatilidad en los mercados”. Sin embargo, la oposición y algunos analistas cuestionan la falta de transparencia y advierten que el endeudamiento, sumado a la falta de reacción económica, podría comprometer aún más la estabilidad del país en el mediano plazo.

Mientras el gobierno busca cerrar este acuerdo clave, la pregunta sigue abierta: ¿serán suficientes estos fondos para evitar una nueva crisis, o solo postergarán el problema sin resolverlo de fondo?

Nadie la ve, excepto el presidente Javier Milei y sus trolls (pagos por el propio gobierno). Ahora, la prestigiosa consultora Manpower, especializada en empleo, ubicó a la Argentina en el último lugar en un ranking de expectativas de generación de puestos de trabajo.

Según la consultora, el país tiene “0% de expectativas” de crear trabajo y está tan mal como Perú, Guatemala, Puerto Rico o Panama.

Como Mauricio Macri en el pasado, el libertario Milei prometió una revolución de empleo que vendría gracias al ajuste fiscal, la desregulación y el endeudamiento externo. Esas recetas nunca dieron resultado en el país y parece que esta vez no será la excepción.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció desde Bahía Blanca una ayuda de 273.000 millones para normalizar el funcionamiento de esa ciudad tras la inundación que dejó como saldo 16 fallecidos. Es un monto 30 veces superior a lo propuesto por Javier Milei para la misma tragedia. Casa Rosada destinó solo 10 mil millones. Para los libertarios primero está el FMI…

“Esto no fue ni un castigo bíblico, ni una película de terror. Sino producto del cambio climático”, dijo Kicillof para empezar a marcar contrastes con Javier Milei y en alusión a la postura que del Gobierno nacional en materia ambiental.

“Sin obra pública no hay solución a un tema como este. La respuesta a esta catástrofe es Estado presente y obra pública. Tenemos que tener un respuesta desde el Estado”, destacó en un mensaje al gobierno nacional que transfirió apenas 10.000 millones muy lejos de los 400.000 millones que costará la reconstrucción de la ciudad.