Además, recusó al juez Manuel José García Mansilla designado por Milei, denunció que su nombramiento carece de imparcialidad y que no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.
Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de revertir su condena en la causa Vialidad, que la enfrenta a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación judicial se da en un contexto de creciente tensión política, con un Poder Judicial fuertemente cuestionado y un gobierno que no oculta su intención de verla tras las rejas.
El recurso llega luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara su Recurso Extraordinario sin abordar, según su defensa, las violaciones a sus derechos constitucionales. En este marco, Kirchner recusó al juez Manuel José García Mansilla, designado por el presidente Javier Milei, denunciando que su nombramiento carece de imparcialidad y no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.
Uno de los puntos más críticos del planteo de Kirchner es la injerencia del propio Milei en el proceso judicial. El presidente afirmó en reiteradas ocasiones que la exmandataria “va a ir presa”, lo que, según su defensa, representa una presión inadmisible sobre el Poder Judicial y pone en duda la imparcialidad del tribunal. En ese contexto, Kirchner impulsó una sesión especial en el Senado para rechazar la designación de García Mansilla, alegando que su nombramiento viola la Constitución Nacional.
El avance del caso hacia la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la disputa judicial que enfrenta la ex presidenta. El máximo tribunal deberá pronunciarse no solo sobre la validez de la condena, sino también sobre la independencia del sistema judicial en un escenario de creciente polarización política. Para su defensa, el proceso estuvo plagado de irregularidades y responde a una estrategia de persecución para sacarla del juego político.
Mientras la Corte analiza el expediente, la figura de Cristina Kirchner sigue dividiendo aguas en la sociedad argentina. Sus seguidores la ven como una víctima de un lawfare instrumentado por el poder económico y mediático, mientras que sus detractores sostienen que debe cumplir la condena por corrupción. La decisión del tribunal no solo impactará su futuro político y judicial, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del sistema judicial en un contexto donde el oficialismo no oculta su voluntad de avanzar sobre otros sectores del Estado.
Así, el recurso de queja presentado por Kirchner ante la Corte Suprema no es solo un trámite judicial más, sino un capítulo clave en la disputa por el poder y el control de la Justicia en Argentina. El fallo que emita el máximo tribunal no solo definirá su destino, sino que también marcará el rumbo del país en un escenario de creciente enfrentamiento institucional.
