Según el Instituto de Estadística y Censos de CABA, el resultado arrojó una retracción del 4,8% el año pasado, peor que las mediciones realizadas en el resto del país.

La Ciudad de Buenos Aires sufrió en 2024 una de las peores contracciones económicas de la última década, con una caída del 4,8% en su nivel de actividad. Este desplome, informado por el Instituto de Estadística y Censos porteño, es significativamente más grave que la retracción del 1,8% registrada a nivel nacional, evidenciando una crisis más profunda en la capital argentina.

El año fue marcadamente negativo, con caídas interanuales en todos los trimestres: el primero descendió un 5,6%, el segundo se desplomó un alarmante 8,1%, el tercero retrocedió un 4,4% y el último trimestre mostró una leve mejora, pero aún con un saldo negativo de 1,4%. La fuerte contracción del primer semestre arrastró el promedio anual a niveles preocupantes.

Los sectores más golpeados fueron la construcción y el transporte, especialmente el servicio de taxis y remises. En contraste, la industria farmacéutica y la intermediación financiera lograron cerrar el año con cifras positivas. Sin embargo, la tendencia general refleja una marcada retracción productiva en la Ciudad.

La peor caída desde la pandemia

Analizando la última década, la actividad económica de CABA ha oscilado entre períodos de crecimiento y caída, pero el desplome de 2024 solo encuentra comparación con el histórico derrumbe del 10,6% sufrido en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas de confinamiento.

Si bien 2021 mostró un rebote del 10,2% y los años siguientes mantuvieron una leve recuperación, con subas del 5,7% en 2022 y 1,6% en 2023, el nuevo retroceso de 2024 deja a la Ciudad en una situación crítica. La contracción registrada el año pasado marca la segunda peor caída de la década, encendiendo alarmas sobre el futuro económico porteño y su capacidad de recuperación en el corto plazo.

Se vienen nuevos incrementos en abril. Tarifas de servicios públicos, nafta, colectivos, prepagas y colegios aparecen en la lista de los principales aumentos.

Abril llega con aumentos que impactarán en el bolsillo. Tras dos meses caracterizados por la suba en los alimentos, llegan nuevos incrementos en servicios a tener en cuenta. El último dato de inflación fue 2,4% en febrero y las consultoras esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se acelere y se ubique en torno al 3% en marzo.

Luz y gas

La Secretaría de Energía confirmó que abril traerá subas en ambos servicios públicos. Aunque fuentes oficiales no dejan trascender el porcentaje, aseguran que estará “en línea con la inflación” como los últimos incrementos. Según una distribuidora consultada por este medio, el aumento rondará el 2%.

Combustibles

La medianoche dará el paso a una suba de los combustibles, propiciada por el incremento que solicitan las petroleras y la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y dióxido de carbono. El porcentaje tampoco está confirmado, pero fuentes oficiales hablan de un alza menor al 2%.

Agua

El aumento se reflejará en las tarifas de agua y cloaca en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el costo promedio alcanzará los $22.967.

Según la información oficial de la empresa, “a partir del mes de abril 2025, el incremento en la factura será del 1%, por lo que el valor del coeficiente K pasará de 1.568,05 a 1.583,7404”.

En el caso de los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires, los aumentos variarán según el nivel zonal.

Zonal alto: la tarifa por agua y cloaca pasará de $26.805 a $27.073 en abril. Abarca a 534.517 hogares.

Zonal medio: la boleta se trasladará de $24.343 a $24.586 en casi un millón de hogares.

Zonal bajo: los valores irán de los $19.560 actuales a $19.756 en abril, y abarca a 1.187.139 usuarios residenciales.

Alquileres

Los contratos que se rigen bajo la antigua ley de alquileres tendrán en abril una actualización más moderada que en los últimos meses: subirán 116,85%.

En marzo, el índice de contratos de locación (ICL) había marcado para los alquileres un incremento anual de 149,3% y en febrero de 174%.

Prepagas

Las empresas de medicina privada ya anunciaron aumentos de las cuotas que rondarán entre el 175% y el 2,9%. La actualización también aplica a los copagos.

En el último mes, los afiliados puros sufrieron una actualización de 1,9%, mientras que los afiliados bajo empresa no vieron modificaciones en sus facturas, producto del fin de la triangulación entre sindicatos y las entidades de medicina prepaga.

Colegios privados de provincia de Buenos Aires

La suba será del 3% sobre los montos abonados en marzo. Es una medida que afectará a 3.900 instituciones educativas bonaerenses.

Según explicó Martín Zurita, director ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPA), este incremento “permite acompañar el aumento salarial” del personal docente, “pero no contempla el incremento que tuvo que afrontar el sector en temas de mantenimiento y en los servicios públicos”.

Colectivos

Los precios del transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentarán en promedio 4,2%.

Este ajuste se debe al mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación y agrega un 2% extra.

Así, el boleto mínimo (0 a 3 km) con tarjeta SUBE registrada pasará de $ 408,24 a $ 425,57; de 3 a 6 km a $ 474,09; de 6 a 12 km: $ 510,61 y de 12 a 27 km: $ 547,17. Quienes paguen con la tarjeta SUBE sin registrar, el aumento será de $676,66 y $927,72.

El abogado de Cristina Kirchner denunció la falta de imparcialidad en la causa Vialidad y recusó a un juez designado por Milei.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, denunció este lunes que en el proceso judicial por la causa Vialidad se “limitó de manera incorrecta y arbitraria” la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo, así como el análisis de los argumentos de la defensa por parte del tribunal. Además, advirtió sobre la falta de fundamentos jurídicos en la sentencia y la parcialidad de uno de los magistrados que debe intervenir en la revisión del caso.

En conferencia de prensa, Beraldi afirmó que “la sentencia carece de fundamento jurídico” y que “se han violentado reglas lógicas que llevan a conclusiones absurdas”. Según explicó, los criterios utilizados para absolver a otros imputados fueron descartados al momento de juzgar a la expresidenta, lo que evidencia “una contradicción insalvable” en la resolución judicial.

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la recusación del juez en comisión, Diego García Mansilla, quien fue designado por el presidente Javier Milei a través del decreto 137, apenas tres días antes de que venciera el período de sesiones extraordinarias. “Esta designación ha sido severamente cuestionada desde distintos sectores políticos, señalando el grave problema de institucionalidad que implica”, sostuvo Beraldi, al advertir que el magistrado había declarado previamente en una audiencia pública que no aceptaría un nombramiento bajo esas condiciones.

Según el abogado de la exmandataria, la situación se agrava por la falta de estabilidad del juez designado y por la reciente intromisión de Milei en el debate público sobre la causa Vialidad. “El presidente directamente introduce en la discusión la existencia de esta causa y afirma que Cristina va presa. Es una manifestación extraordinariamente grave que puede significar una intromisión en el manejo de causas judiciales, algo expresamente prohibido por la Constitución”, advirtió.

Asimismo, Beraldi señaló que el Partido Justicialista, a través de sus senadores, ya manifestó su oposición a la designación de García Mansilla, lo que agrega un nuevo elemento de controversia. “Estamos frente a un panorama que inequívocamente determina que este juez no pueda intervenir en este proceso”, concluyó.

El planteo de la defensa se presentó en un escrito formal ante la Corte Suprema, con el objetivo de que el máximo tribunal garantice la imparcialidad en la revisión de la sentencia. La decisión del tribunal será clave en el futuro judicial de la expresidenta.

“No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral’”, aseguraba Milei en una entrevista televisiva.

En una muestra más de su inconsistencia discursiva, Javier Milei guarda ahora un elocuente silencio ante la decisión del gobierno de utilizar fondos del FMI con fines electorales, una práctica que él mismo condenó con vehemencia en 2018. En aquel entonces, el economista libertario lanzó duras críticas contra el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo, por querer usar las reservas del FMI para política monetaria. “La tensión con el Fondo es porque Caputo quería usar las reservas para hacer política monetaria. Y el Fondo le dijo: “No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral, fijate que estaban hablando de 20 mil millones de dólares y le dieron solo 5 mil, porque le dijeron basta, no podes patinarte la guita en una ventura electoral” aseguraba Milei en una entrevista televisiva.

El contraste no puede ser más evidente. Hace apenas unos años, Milei denunciaba que el uso de los fondos del FMI con objetivos políticos era una maniobra irresponsable que hipotecaba el futuro del país. Sus discursos se llenaban de frases tajantes sobre la necesidad de evitar la manipulación electoral de los recursos estatales. No obstante, ahora que su gobierno se enfrenta a dificultades económicas y la posibilidad de perder apoyo popular, la utilización de los mismos mecanismos que antes condenaba ya no parece molestarle.

Esta contradicción deja en evidencia la doble vara con la que Milei mide los hechos según su conveniencia política. Mientras que en la oposición se erigía como un defensor intransigente de la disciplina fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en el poder parece haber adoptado una visión mucho más pragmática, en la que las críticas del pasado se desvanecen ante la urgencia de sostener su administración.

El silencio de Milei sobre este tema no es un detalle menor. Refleja la transformación de un político que, a pesar de haber construido su imagen sobre la base de la intransigencia ideológica, ahora demuestra que sus principios pueden flexibilizarse cuando las circunstancias lo requieren. La pregunta que queda en el aire es si sus seguidores, aquellos que confiaron en su coherencia, seguirán justificando este cambio o si finalmente comenzarán a cuestionar la verdadera naturaleza de su liderazgo.

Nissan anunció hoy a sus proveedores que la producción de la pickup Frontier en Córdoba finalizará en enero de 2026.

La decisión forma parte de un proceso de reestructuración global que la automotriz japonesa había adelantado en febrero de 2025. En un comunicado oficial, la compañía explicó que estos cambios buscan “mejorar la competitividad de sus productos y del negocio” y optimizar su desempeño en América Latina.

A partir de enero de 2026, Nissan consolidará la fabricación de la Frontier/Navara en un único centro regional, ubicado en la planta CIVAC de Morelos, México. Actualmente, la producción de estas pickups se encuentra dividida entre Argentina y México, pero la empresa decidió centralizarla para agilizar su capacidad de respuesta a las fluctuaciones del mercado.

“La región latinoamericana es clave para Nissan, representando el 15% de sus ventas globales y el 25% de su producción mundial. En 2024, vendimos 426.000 unidades en América Latina, un 6% más que en 2023, y seguimos enfocados en el crecimiento a largo plazo”, señaló Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina.

Futuro de Nissan en Argentina

A pesar del cese de producción en Córdoba, Nissan aseguró que mantendrá su presencia en el país. La filial argentina continuará operando con su red de concesionarios y su actual portafolio de productos, garantizando “un servicio y atención al cliente ininterrumpidos”.

“Desde 2015, hemos trabajado junto a nuestros concesionarios para construir una sólida red de 65 puntos de venta y servicio en todo el país. En esta primera década, Nissan se ha consolidado en el mercado local gracias a la innovación, la calidad de sus productos y un servicio postventa destacado”, afirmó Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, Chile y Perú.

Con este reordenamiento, la automotriz refuerza su estrategia regional con tres polos industriales clave: las plantas de Aguascalientes y CIVAC en México, y la planta de Resende en Brasil. Según la compañía, estas acciones permitirán asegurar “resultados positivos sostenidos” en América Latina.

Es por la compra de cuatro buques guardacostas al astillero francés Naval Group, con un frondoso historial de corrupción.

La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad vuelve a quedar envuelta en un escándalo de corrupción tras la denuncia de un presunto fraude millonario en la compra de cuatro buques patrulleros a la empresa francesa Naval Group. La operación, que supera los 325 millones de dólares, ha sido señalada por licitación direccionada, exclusión de astilleros nacionales y posibles sobreprecios, generando un fuerte rechazo en la industria naval argentina.

Este nuevo caso se suma a las denuncias que Bullrich ya enfrentó en su anterior paso por la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue acusada de compras de armamento y equipamiento con sobreprecios y de favorecer a determinados proveedores de origen israelí en licitaciones irregulares.

En 2018, la misma empresa francesa Naval Group –entonces llamada DCNS– vendió cuatro patrulleros tipo OPV-90 clase “Gowind” a la Armada Argentina en una compra directa, con un costo señalado como excesivo, uno de los cuales ya era usado y presentó además problemas en su planta de propulsión. Ahora, nuevamente bajo la gestión de Bullrich, la compañía es beneficiada en un proceso plagado de sospechas.

Una licitación a medida de una empresa con historial de corrupción

La compra de estos cuatro Offshore Patrol Vessel (OPV) fue impulsada inicialmente en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Bullrich decidió mantenerla y acelerar el proceso tras asumir en diciembre. A pesar de los reclamos de astilleros argentinos y la Comisión Asesora de la Industria Naval (CAIN), que pedían extender el plazo de la licitación o directamente anularla por favorecer a un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad avanzó con la adjudicación a Naval Group.

La firma francesa acumula denuncias internacionales por sobornos y corrupción en contratos militares en países como Malasia, India y Brasil. En 2017, fue señalada en el “Ranking de Corrupción Militar” elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts, lo que refuerza las sospechas sobre la transparencia de la licitación argentina.

Sospechas de fraude y perjuicio para la industria nacional

El ingeniero naval Raúl Podetti, quien llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini, denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre 20 y 30 millones de dólares por unidad.

Además, Podetti señala que el astillero argentino SPI, al que se le asignó la construcción de tres de los barcos, no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto. “No dispone del equipamiento necesario para botar un barco de 85 metros de eslora”, advirtió. Esto refuerza la sospecha de que la maniobra podría derivar en que los buques sean fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evadiendo impuestos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con cuatro patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización.

Vínculos con el acuerdo entre Milei y Macron

El proceso de compra de estos barcos tomó aún más velocidad tras la reunión entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron en noviembre de 2023. En ese encuentro, ambos mandatarios cerraron un acuerdo que incluye la adquisición de submarinos y patrulleros por una suma total de aproximadamente 2 mil millones de dólares, financiados por Francia.

Este vínculo diplomático genera aún más suspicacias sobre la falta de competencia real en la licitación y el rol de la gestión de Bullrich en favorecer a la empresa francesa, desestimando los reclamos del sector naval argentino.

Un patrón de corrupción repetido

Este escándalo refuerza el patrón de irregularidades que ya rodearon a Bullrich en el pasado. Durante el gobierno de Macri, su gestión en Seguridad fue cuestionada por compras directas de equipamiento militar con sobreprecios y adjudicaciones a proveedores sin licitación competitiva. En 2018, la compra de los patrulleros a Naval Group ya había sido señalada por haber costado el doble de su valor de mercado. A esto se suma el escandalo durante esos mismos años por la compra de cinco viejos cazabombarderos “Super Etendard Modernisé” (SEM) que llegaron totalmente fuera de servicio y que aun permanecen postrados en los hangares de la Aviación Naval de la Armada con futuro incierto.

Ahora, con una nueva denuncia en curso, la ministra vuelve a estar en el centro de un posible esquema de corrupción estructural dentro del Ministerio de Seguridad. Mientras la justicia investiga si se trata de un “delito en curso”, como sugirió la jueza Servini, las sospechas sobre la transparencia de la operación siguen creciendo.

Además, recusó al juez Manuel José García Mansilla designado por Milei, denunció que su nombramiento carece de imparcialidad y que no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de revertir su condena en la causa Vialidad, que la enfrenta a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación judicial se da en un contexto de creciente tensión política, con un Poder Judicial fuertemente cuestionado y un gobierno que no oculta su intención de verla tras las rejas.

El recurso llega luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara su Recurso Extraordinario sin abordar, según su defensa, las violaciones a sus derechos constitucionales. En este marco, Kirchner recusó al juez Manuel José García Mansilla, designado por el presidente Javier Milei, denunciando que su nombramiento carece de imparcialidad y no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Uno de los puntos más críticos del planteo de Kirchner es la injerencia del propio Milei en el proceso judicial. El presidente afirmó en reiteradas ocasiones que la exmandataria “va a ir presa”, lo que, según su defensa, representa una presión inadmisible sobre el Poder Judicial y pone en duda la imparcialidad del tribunal. En ese contexto, Kirchner impulsó una sesión especial en el Senado para rechazar la designación de García Mansilla, alegando que su nombramiento viola la Constitución Nacional.

Hace media hora nuestros abogados presentaron Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el Tribunal de Casación Macrista rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto contra su fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías… pic.twitter.com/wouGZVumzO

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 31, 2025

El avance del caso hacia la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la disputa judicial que enfrenta la ex presidenta. El máximo tribunal deberá pronunciarse no solo sobre la validez de la condena, sino también sobre la independencia del sistema judicial en un escenario de creciente polarización política. Para su defensa, el proceso estuvo plagado de irregularidades y responde a una estrategia de persecución para sacarla del juego político.

Mientras la Corte analiza el expediente, la figura de Cristina Kirchner sigue dividiendo aguas en la sociedad argentina. Sus seguidores la ven como una víctima de un lawfare instrumentado por el poder económico y mediático, mientras que sus detractores sostienen que debe cumplir la condena por corrupción. La decisión del tribunal no solo impactará su futuro político y judicial, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del sistema judicial en un contexto donde el oficialismo no oculta su voluntad de avanzar sobre otros sectores del Estado.

Así, el recurso de queja presentado por Kirchner ante la Corte Suprema no es solo un trámite judicial más, sino un capítulo clave en la disputa por el poder y el control de la Justicia en Argentina. El fallo que emita el máximo tribunal no solo definirá su destino, sino que también marcará el rumbo del país en un escenario de creciente enfrentamiento institucional.

El aumento de los alimentos y bebidas ha sido una constante durante todo marzo y se ha convertido en un riesgo para la inflación de marzo. Su alza presiona en el índice IPC del mes que se está yendo y algunos especialistas señalan que podría estar cerca del 3%, lo que significaría un golpe al diseño económico del Gobierno.

Durante todo marzo, los alimentos y bebidas tuvieron un aumento acumulado de un 3,8%, el mayor desde mayo de 2024, según un informe de la consultora LCG. Esto complica el objetivo del Gobierno de acercarse al 2% y, de máxima, perforar ese número y llegar al ansiado 1%.

La semana pasada, el presidente Javier Milei llegó a decir que podría sacarse del índice del INDEC a la carne, como propuso en su momento la dictadura militar. El objetivo, bajar la inflación de cualquier modo. De hecho, el gobierno libertario se niega a actualizar la metodología para evitar que la inflación sume 1% más por mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a hablar y como suele hacerlo, trajo más dudas que certezas. Hace una semana dijo que el acuerdo con el FMI era por 20 mil millones de dólares y que ingresarían inmediatamente a las reservas. 

“Las reservas se van a ir a 50 mil millones y se van a despejar todas las dudas”, mintió hace solo 5 días. Hoy las reservas totales son de 25 mil millones. 

Ayer, en una entrevista con el vocero oficialista Luis Majul el ministro cambió el relato: dijo que el primer desembolso será “superior al 40%” de los 20 mil millones en negociación. Es decir, en una semana pasó de 20 mil millones a 6 mil millones. 

Después, el ministro volvió con el mismo discurso que ya tuvieron tanto él mismo (era funcionario), como Mauricio Macri en 2018, cuando se firmó el primer gran endeudamiento con el FMI. El acuerdo no es necesario, se toma por las dudas. “Llevamos a la práctica nuestro propio programa. Le mostramos al Fondo que teníamos razón. Le dijimos en septiembre: podemos continuar con nuestro programa o pueden subirse y darnos una mano”, aseguró. 

Mientras, la realidad va por otro lado. En enero de este año, las reservas brutas eran de 32 mil millones de dólares. Solo dos meses después bajaron a 25 mil millones. Es decir, Caputo dilapidó 7 mil millones de dólares para mantener su política de dólar súper barato. Ese número es superior a lo que desembolsaría el FMI.