El FMI exige más ajuste: El Gobierno quitará los subsidios energéticos a la clase media

El nuevo esquema tarifario excluirá a aproximadamente de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, el Gobierno busca aplicar el ajuste después de las elecciones según lo acordado con el FMI.

En línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei avanza en la eliminación de subsidios a las tarifas de electricidad y gas para millones de hogares de clase media, aunque la implementación plena de la medida quedaría postergada hasta después del calendario electoral para evitar un costo político inmediato.

El nuevo esquema, que deberá estar definido antes de fin de año, reemplazará la actual segmentación de usuarios por niveles de ingreso por un sistema más rígido: solo accederán al beneficio los hogares considerados vulnerables. Esta redefinición del régimen tarifario forma parte del acuerdo más reciente con el FMI, que presiona por un ajuste más rápido del gasto público y una desregulación total del sistema energético.

Según datos oficiales, cerca de 3 millones de usuarios de clase media perderán los subsidios eléctricos, mientras que otros beneficiarios podrían quedar excluidos por no poder acreditar formalmente su situación económica. Desde la Secretaría de Energía se excusan con el pretexto de que el Estado carece de herramientas eficaces para cruzar información y determinar con precisión quién necesita realmente la asistencia.

A pesar de que el recorte forma parte del compromiso asumido con el FMI, fuentes oficiales indicaron que no se esperan cambios profundos en lo que resta del año, a menos que surja la necesidad de acelerar el ajuste. La decisión de postergar la implementación del nuevo esquema para después de las elecciones de medio termino responde tanto al impacto que podría tener sobre la inflación como al temor a una reacción negativa del electorado.

Hoy, seis de cada diez hogares argentinos reciben subsidios a través del esquema de segmentación en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3). De los 16,2 millones de usuarios de electricidad, 9,5 millones cuentan con tarifas subsidiadas; lo mismo ocurre con 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios de gas.

El nuevo modelo, inspirado en la tarifa social implementada durante la gestión de Mauricio Macri, establecerá únicamente dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no. Según proyecciones del FMI, esta reforma permitiría reducir el gasto en subsidios energéticos del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque aún no se ha establecido un cronograma definitivo.

En lo que va de la gestión Milei, las tarifas de electricidad se incrementaron un 264% y las de gas un 622% para los hogares del AMBA sin subsidios. Además, se aplicaron aumentos en los componentes de transporte y distribución, beneficiando a las empresas distribuidoras, que hoy reportan una cobrabilidad superior al 95%.

La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, ya comenzó a reducir de forma escalonada los descuentos en las facturas, pero el grueso del recorte –exigido por el FMI– se concretaría luego de los comicios para minimizar el impacto en las urnas. Una medida de alto costo social que el Gobierno busca aplicar con el menor costo político posible.

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Devaluación: denunciaron a Luis Caputo y a Javier Milei por malversación de fondos públicos

Es por haber utilizado información privilegiada para favorecer la compra de divisas a 1097,50 pesos por dólar, cuando ya sabían que habría una banda de flotación de entre 1000 y 1400 pesos.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno nacional: el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fueron denunciados penalmente por malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública. La presentación judicial fue realizada este sábado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien también incluyó en la denuncia al directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El eje de la acusación es la liquidación de 398 millones de dólares realizada el viernes pasado, a un valor de $1.097,50 por dólar. Según el denunciante, las autoridades sabían de antemano que el Poder Ejecutivo anunciaría un cambio en el régimen cambiario, con la implementación de una banda de flotación entre $1.000 y $1.400 por dólar. Esa decisión, según la denuncia, favoreció a determinados compradores que accedieron a divisas a un precio inferior al que luego permitiría el nuevo esquema.

Martínez Herrero solicitó peritajes para identificar a los compradores beneficiados, el allanamiento del BCRA, e incluso la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La denuncia plantea un grave señalamiento: que altos funcionarios del gobierno, con acceso a información privilegiada, permitieron maniobras que podrían haber generado un perjuicio millonario al Estado y un beneficio para sectores específicos del mercado financiero.

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