Adrián Núñez, maximo referente libertario en Misiones, fue denunciado por un grupo de funcionarios del PAMI y ANSeS por exigir un diezmo sobre sus sueldos como contribución partidaria.

Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Misiones, fue acusado por 22 funcionarios públicos de haberles exigido el pago del 10% de sus sueldos mensuales. Los denunciantes, todos afiliados y referentes de LLA con cargos en oficinas locales del ANSeS y el PAMI, afirman que se les impuso esta contribución bajo amenaza de perder su puesto o ser desplazados.

Según la denuncia, Núñez habría ordenado la retención a través de Mario Pérez Miranda, señalado como su secretario y hombre de confianza. Este habría actuado como intermediario para recaudar el dinero en una cuenta particular, según consta en una carta firmada por los propios damnificados y enviada directamente a Núñez.

En el escrito, los firmantes expresan su rechazo a esta práctica y señalan que va en contra de los principios de transparencia y meritocracia que promueve el espacio político del presidente Javier Milei. Exigen el reintegro de los fondos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025, y advierten que, de no resolverse la situación, iniciarán acciones legales.

Entre los firmantes figuran nombres clave del armado libertario en Misiones, como Guillermo Orsat (ex presidente del Partido Libertario y actual jefe de la UDAI ANSeS en Oberá), Daiana Dos Santos (UDAI San Vicente), y otros referentes de localidades como Posadas, El Soberbio, Puerto Rico, Candelaria, San Pedro, y Colonia Wanda.

La denuncia pone en aprietos a Núñez, quien asumió al frente de LLA en Misiones en diciembre pasado con el respaldo de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del armado nacional libertario. En medio del escándalo, Pérez Miranda anunció su alejamiento del partido para “no perjudicar el proyecto”, aunque negó las acusaciones y aseguró que seguirá apoyando a Milei desde otro lugar.

Este caso no sería el primero en la provincia que involucra a la administración libertaria: meses atrás ya habían surgido rumores sobre prácticas similares de recaudación dentro de la estructura del PAMI misionero. El nuevo episodio vuelve a generar tensión interna y pone en entredicho la conducción local del partido fundado por Karina Milei.

Es por su presunta participación en la venta anticipada de casi 400 millones de dólares a valor oficial por parte del BCRA, realizada horas antes del anuncio oficial sobre el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de una nueva banda de flotación del dólar.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue señalada este miércoles en una ampliación de denuncia penal por su presunta participación en la venta anticipada de casi 400 millones de dólares a valor oficial por parte del Banco Central, realizada horas antes del anuncio oficial sobre el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de una nueva banda de flotación del dólar.

La presentación fue realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien ya había denunciado al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al titular del Banco Central Santiago Bausili. En esta nueva instancia, solicitó a la Justicia incluir también a Karina Milei, al considerar que estaba al tanto de la operación que permitió vender divisas a un valor significativamente inferior al que tendría el dólar apenas minutos después.

Según Martínez Herrero, la implicación directa de la funcionaria quedó expuesta en declaraciones del propio Presidente durante una entrevista con Alejandro Fantino en el programa de streaming Neura, donde afirmó que “los que sabíamos que salíamos del cepo éramos Toto, Kari y yo”. El abogado sostuvo que este reconocimiento explicita que Karina Milei contaba con información privilegiada sobre un inminente cambio de política económica, lo que agrava la sospecha sobre un posible uso indebido de esa información para beneficiar a terceros.

La denuncia, radicada en el Juzgado Federal N.º 4 a cargo de Ariel Lijo y con intervención de la fiscal Alejandra Mángano, también incluye a nueve miembros del directorio del BCRA, quienes habrían participado o convalidado la maniobra bajo sospecha.

Qué se investiga

El foco de la denuncia está puesto en la operación del viernes pasado, cuando el BCRA vendió u$s398 millones a un tipo de cambio de $1.097,50, pese a que el gobierno tenía previsto anunciar esa misma tarde el fin del cepo cambiario y una nueva cotización flotante que se ubicaría entre $1.000 y $1.400. Para el denunciante, esa maniobra generó un perjuicio directo a las reservas del Estado y benefició a quienes accedieron a divisas a precio oficial justo antes de la suba.

“¿Por qué vendieron los dólares a un precio tan bajo, sabiendo que el lunes siguiente el cepo se levantaría? ¿Quiénes fueron los compradores? ¿Por qué no se anunció primero la medida para proteger las reservas del Banco Central?”, se pregunta Martínez Herrero en el escrito.

Según el abogado, la secuencia de hechos constituye una presunta defraudación a la administración pública, con un claro daño patrimonial al Estado y posible beneficio a particulares mediante el uso anticipado de decisiones económicas confidenciales.

La Justicia citó a Martínez Herrero para ratificar la denuncia el próximo 24 de abril.