En al menos cuatro provincias han salido a la luz denuncias que apuntan a una estructura de recaudación ilegal montada dentro del organismo, en la que se exige a los empleados aportar parte de sus sueldos para financiar actividades del espacio libertario.
Las acusaciones describen un mecanismo sistemático: los funcionarios designados en delegaciones del PAMI y la ANSeS habrían sido forzados a entregar entre el 10 % y el 15 % de sus salarios como “diezmo político” para solventar las campañas y gastos de La Libertad Avanza. Aunque las autoridades del partido lo niegan, en varios casos hay presentaciones judiciales y testimonios que describen un patrón repetido de presión y retención salarial.
En Misiones, la situación escaló a nivel judicial. Carlos Adrián Núñez –elegido por Karina Milei, hermana del Presidente, para conducir el partido en esa provincia– fue denunciado penalmente por obligar a empleados del PAMI y ANSeS a entregar parte de sus sueldos. La denuncia, presentada por un referente libertario local, involucra a otros dirigentes del espacio y hasta a dos funcionarias que figuran en la lista de candidatos a diputadas provinciales. La crisis interna derivó en un pedido de renuncia y en tensiones de cara a las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio.
Pero el escándalo no se detiene en el litoral. En La Pampa, la disputa por el control del partido derivó en denuncias por presuntos nombramientos irregulares en el PAMI y el uso de una cuenta bancaria personal, a nombre de un dirigente local, para canalizar los aportes obligatorios de funcionarios. Aunque el acusado reconoció la existencia de la cuenta, negó que los aportes fueran compulsivos. Sin embargo, la revelación de que al menos una docena de militantes libertarios ocupa cargos públicos en delegaciones del PAMI refuerza las sospechas.
En Santa Cruz, la situación se volvió aún más tensa cuando un exdelegado del PAMI en Caleta Olivia denunció haber sido presionado para obligar a una médica a hacer aportes al partido. Aunque reconoció que él mismo aportaba dinero, dijo hacerlo voluntariamente. Poco después fue desplazado de su cargo.
En medio del escándalo, las autoridades del PAMI –organismo que, formalmente, depende del secretario de Salud Mario Lugones, con vínculos estrechos con el entorno presidencial– anunciaron una auditoría interna y prometieron sanciones. En un comunicado oficial, la entidad advirtió que “no se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, en un mensaje directo hacia Martín y Eduardo “Lule” Menem, operadores clave de Karina Milei y quienes manejan gran parte de las designaciones provinciales.
Las denuncias de “aportes obligatorios” se extienden también a Chaco y otras provincias, dejando al descubierto una posible estructura nacional de financiamiento partidario ilegal amparada en cargos públicos. El vínculo directo entre las autoridades del PAMI y la cúpula de La Libertad Avanza levanta serios interrogantes sobre el uso de los recursos del Estado en beneficio de una fuerza política.
El caso ya está en la mira de la justicia y promete seguir generando ruido político, mientras crece el malestar interno entre militantes y funcionarios que denuncian coerción, clientelismo y corrupción dentro del espacio que prometió “terminar con la casta”.
