Argentina ha caído 47 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa durante el gobierno de Javier Milei, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ubica al país en el puesto 87 de un total de 180 naciones.

Argentina ha sufrido una caída sin precedentes en el ranking mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), bajando 47 posiciones desde la asunción de Javier Milei como presidente. El país ahora se ubica en el puesto 87 de un total de 180 naciones, marcando una de las caídas más pronunciadas a nivel global, solo superada por Samoa y Kirguistán.

Este desplome refleja un creciente clima de hostilidad hacia el periodismo en Argentina, alimentado por las agresiones verbales del propio presidente y de funcionarios de su gobierno, el desmantelamiento de medios públicos, y el uso de la pauta estatal como herramienta de presión política. RSF advierte que el actual gobierno ha estigmatizado a periodistas y generado condiciones cada vez más adversas para el ejercicio de una prensa libre y crítica.

Ya en su informe anterior, RSF había alertado sobre los efectos preocupantes de la llegada de Milei al poder, con una primera baja del puesto 40 al 66. El nuevo informe confirma un deterioro aún mayor, señalando un contexto marcado por el cierre de medios debido a la crisis económica y una independencia periodística cada vez más amenazada.

A nivel global, RSF advierte sobre un deterioro crítico en la libertad de prensa, con el entorno económico como uno de los factores más determinantes. La directora editorial de la organización, Anne Bocandé, subraya que la precarización de los medios los vuelve vulnerables a intereses políticos o empresariales, afectando directamente la calidad y autonomía de la información.

Argentina no escapa a esta tendencia global, pero el ritmo y la magnitud de su retroceso en tan poco tiempo bajo el gobierno de Milei representan una señal de alarma que no puede ser ignorada. El periodismo libre, esencial para cualquier democracia, enfrenta hoy uno de sus momentos más difíciles en el país.

En al menos cuatro provincias han salido a la luz denuncias que apuntan a una estructura de recaudación ilegal montada dentro del organismo, en la que se exige a los empleados aportar parte de sus sueldos para financiar actividades del espacio libertario.

Las acusaciones describen un mecanismo sistemático: los funcionarios designados en delegaciones del PAMI y la ANSeS habrían sido forzados a entregar entre el 10 % y el 15 % de sus salarios como “diezmo político” para solventar las campañas y gastos de La Libertad Avanza. Aunque las autoridades del partido lo niegan, en varios casos hay presentaciones judiciales y testimonios que describen un patrón repetido de presión y retención salarial.

En Misiones, la situación escaló a nivel judicial. Carlos Adrián Núñez –elegido por Karina Milei, hermana del Presidente, para conducir el partido en esa provincia– fue denunciado penalmente por obligar a empleados del PAMI y ANSeS a entregar parte de sus sueldos. La denuncia, presentada por un referente libertario local, involucra a otros dirigentes del espacio y hasta a dos funcionarias que figuran en la lista de candidatos a diputadas provinciales. La crisis interna derivó en un pedido de renuncia y en tensiones de cara a las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio.

Pero el escándalo no se detiene en el litoral. En La Pampa, la disputa por el control del partido derivó en denuncias por presuntos nombramientos irregulares en el PAMI y el uso de una cuenta bancaria personal, a nombre de un dirigente local, para canalizar los aportes obligatorios de funcionarios. Aunque el acusado reconoció la existencia de la cuenta, negó que los aportes fueran compulsivos. Sin embargo, la revelación de que al menos una docena de militantes libertarios ocupa cargos públicos en delegaciones del PAMI refuerza las sospechas.

En Santa Cruz, la situación se volvió aún más tensa cuando un exdelegado del PAMI en Caleta Olivia denunció haber sido presionado para obligar a una médica a hacer aportes al partido. Aunque reconoció que él mismo aportaba dinero, dijo hacerlo voluntariamente. Poco después fue desplazado de su cargo.

En medio del escándalo, las autoridades del PAMI –organismo que, formalmente, depende del secretario de Salud Mario Lugones, con vínculos estrechos con el entorno presidencial– anunciaron una auditoría interna y prometieron sanciones. En un comunicado oficial, la entidad advirtió que “no se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, en un mensaje directo hacia Martín y Eduardo “Lule” Menem, operadores clave de Karina Milei y quienes manejan gran parte de las designaciones provinciales.

Las denuncias de “aportes obligatorios” se extienden también a Chaco y otras provincias, dejando al descubierto una posible estructura nacional de financiamiento partidario ilegal amparada en cargos públicos. El vínculo directo entre las autoridades del PAMI y la cúpula de La Libertad Avanza levanta serios interrogantes sobre el uso de los recursos del Estado en beneficio de una fuerza política.

El caso ya está en la mira de la justicia y promete seguir generando ruido político, mientras crece el malestar interno entre militantes y funcionarios que denuncian coerción, clientelismo y corrupción dentro del espacio que prometió “terminar con la casta”.