La contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno de Javier Milei y sus decisiones concretas alcanza niveles cada vez más evidentes. Mientras se jacta de llevar adelante el mayor ajuste de la historia, en el PAMI se multiplica el reparto de cargos jerárquicos entre aliados políticos, familiares y figuras sin experiencia.
Solo en la provincia de Buenos Aires, ya se contabilizan al menos 82 nombramientos con fuerte impronta partidaria.
Las designaciones incluyen concejales en funciones, excandidatos a intendentes, esposas, hijos, hermanos y hasta personas sin antecedentes en salud pública, como una repostera y un técnico en control de plagas. Todos fueron ubicados en roles estratégicos dentro del PAMI bonaerense, tanto en agencias como en centros de atención personalizada.
Lejos del relato de eficiencia y reducción del gasto, el PAMI se ha transformado en una caja política manejada por La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, especialmente del sector referenciado en Patricia Bullrich. El principal operador detrás del reparto es Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana y figura clave en el armado libertario de la provincia.
En febrero de 2024, el gobierno anunció con bombos y platillos el despido de altos cargos en el PAMI para “bajar el gasto”. Sin embargo, esa “poda” fue seguida por una avalancha de nombramientos políticos, revelando que no se trataba de una estrategia de eficiencia, sino de un recambio de fichas al servicio de intereses partidarios.
En muchos municipios ya han pasado tres o más jefes del PAMI en menos de dos años, según las necesidades del armado político local. Ejemplos como el de Junín, Lobería, Chivilcoy o Mercedes muestran cómo las oficinas del organismo se reparten entre referentes libertarios y macristas, a dedo y sin control.
Incluso concejales en funciones, como Pablo Di Salvo o Silvia Di Leo, fueron puestos al frente de dependencias del PAMI sin pedir licencia. Otros casos, como el de Palito Carnevale en Luján, evidencian superposición de funciones e incompatibilidades legales o éticas.
No faltan las designaciones familiares. Esposas y parejas de referentes políticos han sido nombradas en cargos jerárquicos, como María Daniela Canziani en Mercedes o Nora Aguirre en Berisso. También hay hijos de dirigentes, como María Sol Varela en Merlo o Fabricio De Francesco en Hurlingham.
Las cifras confirman el despliegue: las secciones Primera y Quinta concentran la mayor cantidad de designaciones (16 cada una), seguidas por la Segunda y Tercera (12), y luego la Cuarta, Sexta y Séptima.
Aunque se difundieron supuestas reducciones del 24% en cargos jerárquicos y del 75% en secretarías, el boletín oficial del PAMI revela una larga lista de nombramientos que sigue creciendo. Todo esto ocurre mientras se restringe el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados, endureciendo los requisitos para miles de beneficiarios.
Este esquema, descrito por muchos como “militancia rentada”, es sostenido tanto por operadores libertarios como por sectores del PRO. En varios distritos, los directores del PAMI son fruto de acuerdos entre ambas fuerzas, como en Mar Chiquita, donde el nombramiento de Cristian Calomarde fue consensuado entre legisladores de LLA y del macrismo.
El caso del PAMI deja al descubierto la brecha entre el discurso libertario y la práctica política real: lejos de achicar el Estado, se lo utiliza como botín para sostener alianzas, pagar favores y disciplinar territorios. En la Argentina del ajuste, el único gasto que no se recorta es el de la política partidaria.