En plena transmisión de TN, un grupo de jóvenes con remeras violetas se quejaron porque “la gente de Milei” no les quieren abonar lo prometido.

Parece que La Libertad Avanza (LLA), partido que dice combatir la casta, cae en las más viejas prácticas de la política, o así al menos lo denunciaron un grupo de libertarios en el marco del acto de cierre de campaña del candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, rumbo a las elecciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

Fueron varios los jóvenes militantes, todos con remeras violetas de LLA, que se quejaron durante un móvil de TN, ya que denunciaron que desde la campaña del vocero les prometieron un pago, que no cumplieron. Es decir, les ofertaron dinero para poder llenar la placa.

JAJAJA le prometieron 25 lucas a la gente para llenar el acto de Adorni y ahora los escracharon porque les quieren pagar sólo 10 lucas pic.twitter.com/lCnJmvSPfL

— Marian Herrera (@marianherrrera) May 14, 2025

“Nos quieren dar 20 lucas… vinimos por 25 y ahora nos dicen que quieren darnos 20 lucas… están re volados”, lanzó uno de los indignados jóvenes, a los gritos. Cuando el periodista le preguntó quién les iba a abonar, respondió que “la gente de Milei”.

Otro los militantes, menos enojado, explicó: “Yo soy de Merlo. Nos dijeron que 10 pesos, y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20 mil pesos. O sea, tienen plata pero no nos quieren pagar”.

“Vine voluntariamente pero tienen que cumplir con su palabra”, completó el libertario, reconociendo nuevamente la promesa de pago.

El presidente Javier Milei acompañó este miércoles a su vocero y pollo político, Manuel Adorni, en el cierre de campaña que el candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza realizó en el Parque Mitre, junto a la Biblioteca Nacional.

“Es una alegría volver ante las almas libres, que no se dejaron doblegar por la mierda del partido del Estado”, dijo a los gritos cuando arrancó su discurso. Llegó acompañado de su hermana, Karina Milei.

Si bien se esperaba que unas 4.000 personas se reúnan para el acto, hubo denuncias de militantes que revelaron que desde LLA les prometieron plata por asistir.

El gobierno celebra la desaceleración inflacionaria, pero persiste la opacidad: no se conoce la composición exacta de la canasta del IPC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,8%, marcando una desaceleración respecto al 3,7% de marzo. Sin embargo, persiste una falta de transparencia en la metodología utilizada: el INDEC no publica la composición detallada de la canasta que utiliza para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aunque se conoce que el IPC se construye a partir de una canasta representativa del consumo de los hogares, el INDEC no ofrece un listado público de los productos específicos que la integran, lo que dificulta la evaluación crítica y la replicabilidad de sus mediciones.

Esta falta de transparencia se suma a la preocupación de que, mientras el gobierno celebra la desaceleración de la inflación, los datos disponibles no permiten una comprensión completa de cómo se calcula este indicador clave.

La inflación de abril también se enmarca en un contexto de cambios en las políticas económicas, como el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de un régimen de flotación entre bandas en el valor del dólar. Estas medidas han generado expectativas sobre su impacto en los precios, pero la falta de información detallada sobre la canasta del IPC limita el análisis profundo de estos efectos.

En resumen, aunque la inflación muestra señales de desaceleración, la opacidad en la metodología del INDEC plantea interrogantes sobre la precisión y representatividad de las mediciones oficiales.

¿Qué necesita una familia para no ser pobre?

Según los últimos datos del INDEC, en abril una familia tipo necesitó $1.110.000 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye no solo los alimentos necesarios para una dieta adecuada (como la Canasta Básica Alimentaria o CBA), sino también otros gastos imprescindibles como transporte, salud, educación, vestimenta y servicios.

Este monto es el umbral a partir del cual una familia comienza a dejar de ser considerada pobre. Si los ingresos de una familia no alcanzan a cubrir este total, se la clasifica en situación de pobreza. En paralelo, aquellos hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la CBA, que es aún más estricta y solo contempla lo esencial para subsistir, son considerados indigentes.

Estos datos reflejan un panorama preocupante para la mayoría de las familias argentinas, que luchan cada vez más por alcanzar este mínimo para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Mientras Javier Milei celebra supuestos logros macroeconómicos, la realidad golpea a millones: en abril, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no caer bajo la línea de pobreza. Los datos del INDEC exponen un modelo que empobrece.

La última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirma lo que millones de argentinos ya sienten en el bolsillo: en abril de 2025, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no ser considerada pobre. Un incremento brutal que refleja cómo el ajuste y la “motosierra” de Javier Milei no sólo no resolvieron los problemas estructurales del país, sino que profundizaron la desigualdad.

El número corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que mide el costo de bienes y servicios esenciales como alimentos, transporte, salud, vestimenta y educación. Es decir, lo indispensable para vivir con un mínimo de dignidad. En diciembre del año pasado, el mismo indicador se ubicaba en $1.024.435. En apenas cuatro meses, el costo de no ser pobre subió casi $90.000.

Mientras tanto, desde el gobierno libertario insisten en festejar el “superávit fiscal” y el control del tipo de cambio, pero omiten que estos supuestos logros descansan sobre un recorte brutal en jubilaciones, salarios, obras públicas y subsidios, y en una inflación que, aunque desacelerada, dejó precios por las nubes y un consumo en picada.

Los datos del INDEC son contundentes y desnudan una verdad incómoda: el modelo económico de Milei beneficia a una minoría especuladora y condena a la mayoría al empobrecimiento. El sacrificio al que llama el presidente tiene nombre y apellido: lo pagan los trabajadores, los jubilados, los estudiantes y las familias que ya no saben cómo llegar a fin de mes.

La libertad que promete el oficialismo viene atada, paradójicamente, a la imposibilidad de vivir con dignidad. Por más que Milei y su junta se esfuercen en instalar otro relato, la realidad es que ser libre, bajo este gobierno, cuesta cada vez más caro.

Sin previo aviso, la petrolera estatal aplicó una suba en todos sus combustibles desde la medianoche del miércoles. El incremento, aunque leve en porcentaje, fue notorio al llenar el tanque. Hace apenas dos semanas, se había prometido una baja.

En una nueva medida que golpea al ya deteriorado poder adquisitivo, YPF aplicó desde la medianoche del miércoles un aumento en todos sus combustibles. El ajuste fue del 0,4% en promedio, pero sorprendió por su carácter sorpresivo y por su impacto acumulativo, justo cuando el Gobierno nacional había anunciado una baja del 4% apenas dos semanas atrás.

La suba se registró sin previo aviso ni comunicación oficial, lo que generó malestar entre usuarios y conductores que, al llegar a las estaciones de servicio, se encontraron con el nuevo cuadro tarifario. Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, al momento de llenar el tanque la diferencia fue evidente, especialmente en contextos de inflación persistente y pérdida del poder de compra.

El movimiento de precios se produce en un marco de inestabilidad para el mercado de combustibles, en el que el Gobierno había prometido contener aumentos mediante una reducción impulsada por la caída del precio internacional del barril de petróleo. Esa promesa duró apenas quince días.

Con esta nueva corrección, vuelve a quedar en evidencia la falta de previsibilidad en los costos de los servicios esenciales y la desconexión entre los anuncios oficiales y la realidad en surtidores.

Hasta el momento, YPF no emitió comunicado formal y se desconoce si este ajuste responde a presiones internas de mercado, reacomodamientos de márgenes o una nueva política de precios impulsada desde el Ejecutivo. Mientras tanto, la incertidumbre sigue siendo el único combustible que no deja de subir.

Con un discurso plagado de estigmas y falsedades, Manuel Adorni anunció un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria: restricciones para residencias y ciudadanía, expulsiones aceleradas y arancelamiento de servicios públicos.

En una nueva ofensiva contra los migrantes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles un paquete de medidas que endurecen de forma drástica el acceso a la residencia permanente, la ciudadanía, y los servicios públicos para extranjeros. Con un tono autoritario y acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el funcionario confirmó que quienes cometan delitos —o incluso solo ingresen de manera irregular— serán expulsados del país, y que los migrantes deberán comenzar a pagar por la atención sanitaria y, eventualmente, por la educación universitaria.

En línea con el discurso de la ultraderecha internacional, Adorni utilizó el eslogan de Donald Trump —“Hacer grande a la Argentina otra vez”— y apeló a los clichés de la “invasión migrante” y los “tours sanitarios”, sin brindar datos verificables ni permitir preguntas de la prensa.

“Queremos recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley, y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas”, afirmó el vocero. Entre los puntos más controvertidos del anuncio se destacan la expulsión inmediata de migrantes con condenas, sin importar el tipo de delito ni el tiempo de residencia, el rechazo en frontera a cualquier extranjero con antecedentes penale, el arancelamiento obligatorio de la salud pública para residentes transitorios e inmigrantes “ilegales, la autorización a las universidades nacionales a cobrar matrícula a estudiantes extranjeros y la modificación de los requisitos para obtener la ciudadanía: ahora se exigirá una residencia continua de dos años sin salir del país.

“Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas”, sostuvo Adorni, y se quejó de que “las condiciones de deportación son demasiado flexibles”. En otro tramo, denunció sin fuentes que “en un año, ocho hospitales nacionales gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros”.

Pese al intento de criminalización, los datos oficiales desmienten al Gobierno. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, vigente a diciembre de 2022, sólo el 5% de la población penitenciaria es de origen extranjero: 5.089 personas sobre un total de 105.053. Lejos de lo que sugiere la narrativa oficial, no existe correlación entre migración y delincuencia.

Las medidas serán implementadas por decreto, en otra muestra del avance del Ejecutivo sobre temas sensibles sin debate parlamentario. La ministra Bullrich, quien impulsó en su gestión anterior el fallido DNU 70/2017 (de contenido similar y declarado inconstitucional por la Corte Suprema), vuelve a la carga contra las personas migrantes, ahora con respaldo presidencial.

En paralelo, Adorni —quien se posiciona como candidato a legislador porteño— utilizará estas conferencias como plataforma de campaña en la recta final electoral. El jueves se espera un nuevo anuncio vinculado al blanqueo de capitales, otra medida controvertida del oficialismo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su modelo de ajuste y exclusión, ahora apuntando contra los sectores más vulnerables y con un mensaje que estigmatiza, desinforma y vulnera derechos fundamentales. Mientras tanto, la promesa de libertad parece aplicarse solo a unos pocos.

Como si eso fuera poco, también reveló que cuenta con un equipo de siete asesores, dejando entrever que gran parte de su trabajo legislativo está tercerizado en herramientas digitales. ¿Cuando labura Marra?.

En una declaración tan sorprendente como preocupante, Ramiro Marra, exintegrante de La Libertad Avanza y actual candidato a legislador porteño por la UCeDé, reconoció públicamente que utiliza inteligencia artificial para redactar sus proyectos de ley. Como si eso fuera poco, también reveló que cuenta con un equipo de siete asesores, dejando entrever que gran parte de su trabajo legislativo está tercerizado en herramientas digitales.

La revelación ocurrió en una entrevista en el canal Neura, donde Marra, con tono casual, explicó: “Tengo los asesores correspondientes a un legislador, que son siete, y trabajo con inteligencia artificial”. Además, presumió tener “más de cien propuestas” para la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin aclarar en que consistían ni cuántas de ellas fueron elaboradas por humanos.

Incluso sorprendió al conductor del programa, Tronco, simpatizante libertario, al sugerir que el uso de IA justificaría una reducción del personal legislativo. “¿Alguien tiene inteligencia artificial? Ponele: crear un proyecto de ley y el tema que vos quieras. Vas a ver por qué no necesitamos tantos asesores”, declaró con aparente orgullo, sugiriendo que la tecnología podría reemplazar el trabajo de asesores especializados.

Esta no es la primera vez que Marra queda en el centro de la polémica durante su campaña. En los últimos días fue increpado en la vía pública, protagonizó un cruce en redes con Jorge Rial y quedó en evidencia al no poder responder qué había hecho en la Legislatura porteña durante su mandato. Ante la pregunta de una periodista sobre sus logros concretos, solo atinó a decir que se había dedicado a “dar la batalla cultural”.

Con esta insólita confesión, Marra reaviva las críticas sobre su desempeño como legislador y el rol real que cumple en el recinto porteño, dejando abierto el debate sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la política.

La contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno de Javier Milei y sus decisiones concretas alcanza niveles cada vez más evidentes. Mientras se jacta de llevar adelante el mayor ajuste de la historia, en el PAMI se multiplica el reparto de cargos jerárquicos entre aliados políticos, familiares y figuras sin experiencia.

Solo en la provincia de Buenos Aires, ya se contabilizan al menos 82 nombramientos con fuerte impronta partidaria.

Las designaciones incluyen concejales en funciones, excandidatos a intendentes, esposas, hijos, hermanos y hasta personas sin antecedentes en salud pública, como una repostera y un técnico en control de plagas. Todos fueron ubicados en roles estratégicos dentro del PAMI bonaerense, tanto en agencias como en centros de atención personalizada.

Lejos del relato de eficiencia y reducción del gasto, el PAMI se ha transformado en una caja política manejada por La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, especialmente del sector referenciado en Patricia Bullrich. El principal operador detrás del reparto es Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana y figura clave en el armado libertario de la provincia.

En febrero de 2024, el gobierno anunció con bombos y platillos el despido de altos cargos en el PAMI para “bajar el gasto”. Sin embargo, esa “poda” fue seguida por una avalancha de nombramientos políticos, revelando que no se trataba de una estrategia de eficiencia, sino de un recambio de fichas al servicio de intereses partidarios.

En muchos municipios ya han pasado tres o más jefes del PAMI en menos de dos años, según las necesidades del armado político local. Ejemplos como el de Junín, Lobería, Chivilcoy o Mercedes muestran cómo las oficinas del organismo se reparten entre referentes libertarios y macristas, a dedo y sin control.

Incluso concejales en funciones, como Pablo Di Salvo o Silvia Di Leo, fueron puestos al frente de dependencias del PAMI sin pedir licencia. Otros casos, como el de Palito Carnevale en Luján, evidencian superposición de funciones e incompatibilidades legales o éticas.

No faltan las designaciones familiares. Esposas y parejas de referentes políticos han sido nombradas en cargos jerárquicos, como María Daniela Canziani en Mercedes o Nora Aguirre en Berisso. También hay hijos de dirigentes, como María Sol Varela en Merlo o Fabricio De Francesco en Hurlingham.

Las cifras confirman el despliegue: las secciones Primera y Quinta concentran la mayor cantidad de designaciones (16 cada una), seguidas por la Segunda y Tercera (12), y luego la Cuarta, Sexta y Séptima.

Aunque se difundieron supuestas reducciones del 24% en cargos jerárquicos y del 75% en secretarías, el boletín oficial del PAMI revela una larga lista de nombramientos que sigue creciendo. Todo esto ocurre mientras se restringe el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados, endureciendo los requisitos para miles de beneficiarios.

Este esquema, descrito por muchos como “militancia rentada”, es sostenido tanto por operadores libertarios como por sectores del PRO. En varios distritos, los directores del PAMI son fruto de acuerdos entre ambas fuerzas, como en Mar Chiquita, donde el nombramiento de Cristian Calomarde fue consensuado entre legisladores de LLA y del macrismo.

El caso del PAMI deja al descubierto la brecha entre el discurso libertario y la práctica política real: lejos de achicar el Estado, se lo utiliza como botín para sostener alianzas, pagar favores y disciplinar territorios. En la Argentina del ajuste, el único gasto que no se recorta es el de la política partidaria.

A través de un particular posteo en redes sociales, el presidente Javier Milei cargó fuerte contra el titular del PRO, Mauricio Macri, en el marco de la disputa abierta por el rechazo de Ficha Limpia en la Cámara de Senadores. Lo trató de “ladrón”. Se calienta la grieta en la derecha a días de la elección en CABA.

“El ladrón cree a todos de su misma condición”, sentenció el mandatario desde su cuenta de X, en un mensaje que incluye un fragmento de la entrevista que el periodista Jorge Lanata le realizó a Elisa Carrió en la que responsabilizó al gobierno de Cambiemos de haberle garantizado impunidad a Cristina Kirchner. 

En la misma línea, el Presidente planteó: “Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!”.

En el marco de la Fase 3 del programa económico, el Gobierno recibió este martes un desembolso por u$s500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de aumentar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este crédito es parte de un paquete de apoyo de u$s10.000 millones en financiamiento que el BID le dará a los sectores público y privado del país durante los próximos tres años.

Lejos quedaron los días en que Javier Milei condenaba la deuda externa porque “era inmoral” al perjudicar a las futuras generaciones que pagaban un crédito que no habían contraido. Desesperado por dólares, para mantener la ficción de un dólar a 1000 pesos, el gobierno apela a la receta clásica de la derecha argentina. Deuda, deuda y más deuda.

En una nueva y preocupante falla de ciberseguridad, Argentina enfrenta la filtración y comercialización de datos altamente sensibles pertenecientes a unos 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Según el sitio especializado Birmingham Cyber Arms, un grupo de ciberdelincuentes estaría ofreciendo en foros ilegales archivos PDF con información personal detallada del personal militar argentino: DNI, fechas de nacimiento, domicilios, destinos de servicio, e incluso datos de familiares.

Pero el impacto no termina ahí. También se habrían filtrado documentos con historiales académicos, viajes de servicio, certificados y registros internos, lo que configura una exposición crítica para la seguridad nacional. La situación fue confirmada y amplificada por el grupo de inteligencia de amenazas @teamcapybara_, que monitorea incidentes estratégicos de ciberseguridad.

🔐 New #cybercrime intelligence.

🇦🇷 #Argentina: TA selling data of 50,000 military personnel: DNI, date of birth, place of service, residence, travel records, diplomas & more.

🔎 #ThreatIntelligence: @teamcapybara_.https://t.co/Hr9hgEKrOD

— Birmingham Cyber Arms LTD (@BirminghamCyber) May 13, 2025

Este nuevo ataque ocurre en un contexto profundamente controversial: apenas días después de que el gobierno argentino —a través de los ministerios de Defensa y Seguridad— firmara memorandos de cooperación en ciberdefensa con Estados Unidos y de ciberseguridad con el Reino Unido de Gran Bretaña, los mismos países que históricamente han tenido un papel activo y perjudicial para Argentina en materia de inteligencia estratégica con implicancias directas en la defensa y soberanía.

¿Ciberdefensa o entrega?

El ministro de Defensa, Luis Petri, firmó recientemente un acuerdo con el embajador estadounidense Marc Stanley que, según comunicó el propio gobierno, permitirá a las Fuerzas Armadas “comprender mejor el entorno de amenazas digitales” y recibir equipamiento, capacitación y apoyo estratégico por parte de Washington. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo lo propio con el Reino Unido, firmando en Londres un memorando para “salvaguardar la seguridad de nuestras dos naciones”.

Ministro de Seguridad británico @DanJarvisMBE:
"Encantado de recibir a la ministra @PatoBullrich en el Home Office. Firmamos un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación para combatir el crimen organizado y salvaguardar la seguridad de nuestras dos naciones". https://t.co/Ld3AOKyCEv

— Embajada Británica en Argentina (@UKinArgentina) April 29, 2025

Ambos acuerdos fueron presentados como un salto cualitativo en la protección digital de la Argentina. Sin embargo, a la luz del ciberataque reciente, la exposición de información clasificada —en el mismo momento en que se “profundiza la cooperación” con potencias extranjeras que tienen un largo historial de injerencia en los asuntos internos del país— levanta serios interrogantes.

Durante la Guerra de Malvinas, Estados Unidos intervino activamente en favor del Reino Unido, interfiriendo las comunicaciones argentinas y compartiendo información con Londres en el marco del pacto de inteligencia de la angloesfera conocido como UKUSA. Que hoy, más de 40 años después, Argentina vuelva a colocar en manos de esos mismos actores las “llaves” de su sistema de ciberdefensa, resulta incomprensible desde una perspectiva histórica y estratégica. A esto se suma la presión ejercida por el jefe de Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) quien en su reciente visita al país exigió mantener operativo el radar de uso dual (civil-militar) de la empresa de capitales británicos Leo Labs en Tierra del Fuego.

Silencio oficial ante el escándalo

Pese a la magnitud del ataque, no ha habido aún una respuesta oficial de los organismos de Defensa ni de Seguridad. Mientras los datos personales de todo el cuerpo militar argentino entre ellos el de sus fuerzas de operaciones especiales y personal clave —incluyendo información de sus familias— podrían estar a la venta en internet, los principales funcionarios involucrados en este accionar negligente continúan sin emitir declaraciones concretas sobre el impacto o las medidas tomadas.

La gravedad del episodio es tal que no solo compromete la privacidad individual de miles de argentinos, sino que abre una brecha peligrosa para la inteligencia extranjera y la manipulación de información crítica. Lejos de fortalecer la defensa nacional, los recientes acuerdos dejan al descubierto un país cada vez más expuesto y dependiente de actores que no siempre han actuado en favor de su soberanía.