El clima social en Argentina se vuelve cada vez más tenso luego de que el presidente Javier Milei firmara un decreto que, limita severamente el derecho constitucional a huelga en amplios sectores laborales. La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió con dureza, anunciando que recurrirá a la Justicia y no descarta nuevas medidas de fuerza.
A través del Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió drásticamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e introdujo la nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”. Esta maniobra implica que, en caso de conflicto, deberá garantizarse entre el 50% y el 75% de la actividad, haciendo inviable cualquier medida de paro efectiva en vastas áreas laborales.
El decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y forma parte del llamado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, aunque su alcance excede ampliamente ese sector. Con este cambio, se incorporan como esenciales rubros como la educación primaria y secundaria, el transporte de mercaderías, las telecomunicaciones, los bancos, el comercio electrónico y toda la cadena de exportación, entre muchos otros.
Golpe al derecho de protesta y reacción sindical
Desde el movimiento obrero, la reacción fue inmediata. La CGT denunció que se trata de una avanzada autoritaria para “aniquilar el derecho a huelga”, y advirtió que la central obrera “no permanecerá en silencio”. En un comunicado público, la central expresó:
“El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados”.
📢 EL PODER EJECUTIVO QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A HUELGA POR DECRETO Y A ESPALDAS DEL PAÍS
— CGT (@cgtoficialok) May 21, 2025
👉🏼 El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo pic.twitter.com/uSk5vtjlXL
Juristas especializados también alzaron la voz. El abogado laboralista Matías Cremonte advirtió que el nuevo decreto viola estándares internacionales y contradice las recomendaciones de la OIT, que considera esencial sólo a los servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida o la seguridad de la población. “Este decreto prohíbe la huelga en sectores donde nunca estuvo en riesgo la vida de nadie. Es una herramienta para disciplinar trabajadores y favorecer a empresarios”, señaló.
La conflictividad se profundiza
El decreto, firmado por gran parte del Gabinete, se suma a una serie de decisiones que han generado malestar y creciente conflictividad social. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que la norma responde a intereses empresariales y multinacionales:
“Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene una finalidad clara: beneficiar a los patrones. Sin derecho a huelga, estamos condenados a volver a la esclavitud”.
GRAVE!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 21, 2025
EL GOBIERNO ATACA EL DERECHO DE HUELGA!!
ESTE DECRETO FUE PEDIDO POR LAS MULTINACIONALES Y LOS EMPRESARIOS MILLONARIOS!!
El Decreto 340/25 es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones.… pic.twitter.com/sEBqyecv0j
ATE también alertó sobre la urgencia del Ejecutivo por avanzar con estas medidas mientras mantiene facultades extraordinarias, y llamó a la resistencia activa frente a lo que calificó como un intento de vaciar los derechos laborales conquistados.
Un contexto de creciente polarización
La decisión del Gobierno de avanzar sin debate parlamentario sobre un derecho constitucional profundiza la fractura política y social del país. Mientras sectores empresarios respaldan la medida como parte de una supuesta “modernización” del mercado laboral, el movimiento obrero, amplios sectores sociales y del arco político la consideran una provocación que erosiona el ya frágil contrato democrático.
Con una movilización de la CGT en preparación, y con presentaciones judiciales en marcha, el conflicto promete escalar. La puja entre el Ejecutivo y los trabajadores por el derecho a la protesta y la organización sindical se instala así como uno de los ejes centrales de la disputa social en el país.
