El clima social en Argentina se vuelve cada vez más tenso luego de que el presidente Javier Milei firmara un decreto que, limita severamente el derecho constitucional a huelga en amplios sectores laborales. La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió con dureza, anunciando que recurrirá a la Justicia y no descarta nuevas medidas de fuerza.

A través del Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió drásticamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e introdujo la nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”. Esta maniobra implica que, en caso de conflicto, deberá garantizarse entre el 50% y el 75% de la actividad, haciendo inviable cualquier medida de paro efectiva en vastas áreas laborales.

El decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y forma parte del llamado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, aunque su alcance excede ampliamente ese sector. Con este cambio, se incorporan como esenciales rubros como la educación primaria y secundaria, el transporte de mercaderías, las telecomunicaciones, los bancos, el comercio electrónico y toda la cadena de exportación, entre muchos otros.

Golpe al derecho de protesta y reacción sindical

Desde el movimiento obrero, la reacción fue inmediata. La CGT denunció que se trata de una avanzada autoritaria para “aniquilar el derecho a huelga”, y advirtió que la central obrera “no permanecerá en silencio”. En un comunicado público, la central expresó:

“El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados”.

📢 EL PODER EJECUTIVO QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A HUELGA POR DECRETO Y A ESPALDAS DEL PAÍS

👉🏼 El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo pic.twitter.com/uSk5vtjlXL

— CGT (@cgtoficialok) May 21, 2025

Juristas especializados también alzaron la voz. El abogado laboralista Matías Cremonte advirtió que el nuevo decreto viola estándares internacionales y contradice las recomendaciones de la OIT, que considera esencial sólo a los servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida o la seguridad de la población. “Este decreto prohíbe la huelga en sectores donde nunca estuvo en riesgo la vida de nadie. Es una herramienta para disciplinar trabajadores y favorecer a empresarios”, señaló.

La conflictividad se profundiza

El decreto, firmado por gran parte del Gabinete, se suma a una serie de decisiones que han generado malestar y creciente conflictividad social. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que la norma responde a intereses empresariales y multinacionales:

“Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene una finalidad clara: beneficiar a los patrones. Sin derecho a huelga, estamos condenados a volver a la esclavitud”.

GRAVE!!
EL GOBIERNO ATACA EL DERECHO DE HUELGA!!

ESTE DECRETO FUE PEDIDO POR LAS MULTINACIONALES Y LOS EMPRESARIOS MILLONARIOS!!

El Decreto 340/25 es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones.… pic.twitter.com/sEBqyecv0j

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 21, 2025

ATE también alertó sobre la urgencia del Ejecutivo por avanzar con estas medidas mientras mantiene facultades extraordinarias, y llamó a la resistencia activa frente a lo que calificó como un intento de vaciar los derechos laborales conquistados.

Un contexto de creciente polarización

La decisión del Gobierno de avanzar sin debate parlamentario sobre un derecho constitucional profundiza la fractura política y social del país. Mientras sectores empresarios respaldan la medida como parte de una supuesta “modernización” del mercado laboral, el movimiento obrero, amplios sectores sociales y del arco político la consideran una provocación que erosiona el ya frágil contrato democrático.

Con una movilización de la CGT en preparación, y con presentaciones judiciales en marcha, el conflicto promete escalar. La puja entre el Ejecutivo y los trabajadores por el derecho a la protesta y la organización sindical se instala así como uno de los ejes centrales de la disputa social en el país.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de mezquindad y desprecio por la salud pública, el intendente libertario rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido.

En un hecho que indigna por lo absurdo y que pone en evidencia la peligrosa radicalización ideológica de algunos dirigentes, el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, se niega a poner en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente nuevo, construido por el gobierno de Axel Kicillof, solo porque proviene de una gestión política distinta.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de desprecio por la salud pública, Egüen rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido. Una decisión que deja a más de 23.000 vecinos como rehenes de un capricho ideológico.

Inauguramos el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en #25deMayo para brindarles a los vecinos una atención cercana y de calidad, el número 185 que finalizamos para seguir fortaleciendo el derecho a la salud en cada distrito.

Es el primer CAPS del que nos vamos a hacer… pic.twitter.com/pV6PS4cSr6

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2025

El CAPS cuenta con consultorios totalmente equipados, médicos generalistas, odontólogos, ginecología, salud mental, promotores sanitarios y personal de enfermería, todo listo para brindar atención primaria inmediata a la comunidad. Pero el intendente, alineado con La Libertad Avanza, prefirió cerrar las puertas antes que aceptar una obra proveniente de un gobierno que no es de su signo político.

Frente a esta negativa, el Gobierno de la Provincia anunció que asumirá la gestión directa del centro de salud para garantizar el acceso de los vecinos a la atención médica. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, expresó su sorpresa y tristeza:

“Es la primera vez que nos pasa en seis años de gestión. Siempre las diferencias políticas se pusieron a un lado para priorizar la salud. Esto es una pésima decisión de gestión”.

En una mañana con sensaciones encontradas, inauguramos el centro de salud 185 de @BAProvincia en 25 de Mayo. Enorme alegría por que el sistema de atención primaria crezca, amplíe sus prestaciones y garantice más y mejor salud, pero totalmente sorprendido por el rechazo municipal… pic.twitter.com/izGFqUIm5D

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 21, 2025

La actitud de Egüen no es un hecho aislado. El jefe comunal, que abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a las filas libertarias, ya protagonizó otros episodios polémicos, como amenazas a vecinos y despidos masivos de promotores de salud. Su gestión también frenó obras educativas y sociales, en línea con el negacionismo del Estado que pregona el oficialismo nacional.

La negativa a utilizar un centro de salud por cuestiones ideológicas no solo es insólita: es cruel y peligrosa. En un país donde la salud pública sigue siendo un derecho esencial, usar a la población como rehén política es una forma de violencia institucional que no puede naturalizarse ni pasar desapercibida.

Mientras el intendente juega a mostrarse “más libertario que nadie”, son los vecinos quienes sufren las consecuencias. Porque en 25 de Mayo, como en tantos otros lugares, la necesidad no tiene partido político, pero el abandono sí tiene responsables.

El Gobierno nacional bajó el costo de la exportación de productos electrónicos, lo que afecta de manera directa a la actividad industrial en Tierra del Fuego.

Miles de trabajadores de las plantas de ensamblado de Tierra del Fuego marcharon este miércoles para expresar su rechazo a la baja de aranceles a la exportación de productos electrónicos, una medida del Gobierno nacional que pone en peligro los puestos de trabajo en la provincia más austral del país.

Durante la jornada hubo manifestaciones en Río Grande, Ushuaia y otras localidades de Tierra del Fuego, desde donde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la medida del Gobierno de Javier Milei “pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo” en toda la provincia.

Histórico paro total y movilización en Tierra del Fuego. Hay 8000 familias que se quedan sin trabajo y se destruye la economía de la provincia por culpa de Milei pic.twitter.com/jYueWCsbvG

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 21, 2025

A lo largo del día se hicieron virales varios videos de trabajadores en las rutas a pesar de las bajas temperaturas. Además se mantuvo la medida de paro total en toda la provincia, que comenzó hace una semana, cuando se anunció la baja de aranceles a productos electrónicos como celulares.

Juan Carlos Villalba, delegado de la firma metalúrgica Mirgor de Río Grande, ratificó que “el plan de lucha va a continuar hasta que se retrotraiga la medida” anunciada la semana pasada, y afirmó que el octavo día de paro transcurrió “con el acompañamiento multitudinario de todos los compañeros”.

La baja de aranceles fue oficializada a través del Decreto 333/2025, que fue publicado el martes de esta semana en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Según el plan del Gobierno de Javier Milei, los aranceles a la exportación de productos electrónicos serán eliminados de manera total para el 15 de enero de 2026.

Hoy el pueblo de Tierra del Fuego AIAS habló claro. Con frío extremo, pero con la dignidad intacta, marchamos en defensa del subrégimen industrial, de nuestros trabajos, de nuestra soberanía.

Desde Ushuaia hasta Río Grande, miles de fueguinos y fueguinas salieron a las calles… pic.twitter.com/2J62JQoKiN

— Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) May 21, 2025

“Hoy el pueblo de Tierra del Fuego AIAS habló claro. Con frío extremo, pero con la dignidad intacta, marchamos en defensa del subrégimen industrial, de nuestros trabajos, de nuestra soberanía. Desde Ushuaia hasta Río Grande, miles de fueguinos y fueguinas salieron a las calles”, declaró en X el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, al compartir imágenes de una de las protestas.

Ahora le toca el turno al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien había anticipado la semana pasada que demandaría al Gobierno nacional si se hace efectiva la decisión de liquidar el régimen de promoción industrial que beneficia a la provincia.

En medio de un clima de tensión y represión, el gobierno de Javier Milei se niega a aumentar las jubilaciones y amenaza con vetar cualquier iniciativa que busque mejorar la situación de los jubilados.

La situación de los jubilados en Argentina se torna cada vez más crítica, y la represión sufrida por ellos frente al Congreso es un claro reflejo de la política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei. A pesar de las demandas de aumento en las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional, la Casa Rosada presiona a gobernadores y diputados para boicotear cualquier intento de mejora. La oposición, que busca llevar al recinto un aumento del 7.2% en las jubilaciones, se enfrenta a un gobierno que ya ha anticipado su intención de vetar cualquier proyecto que comprometa su objetivo de mantener el déficit fiscal en cero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha dejado en claro que Milei no permitirá modificaciones al régimen previsional, argumentando que cualquier aumento se traduciría en un mayor déficit. Esta postura no solo ignora las necesidades básicas de los jubilados, sino que también refleja una falta de empatía hacia un sector de la población que ha sido históricamente vulnerable. Mientras el 27% de los jubilados percibe la mínima, que se encuentra congelada en 70 mil pesos desde que Milei asumió, el gobierno se niega a reconocer la urgencia de una solución.

La falta de quórum en la Cámara de Diputados se ha convertido en un obstáculo significativo para la oposición, que intenta avanzar con proyectos que beneficien a los jubilados. La estrategia del gobierno es clara: boicotear el quórum para evitar que se discutan iniciativas que incomoden a la administración de Milei. Esta táctica no solo demuestra la falta de voluntad política para abordar las necesidades de los jubilados, sino que también evidencia un desprecio por el proceso democrático y la voz de quienes se manifiestan en defensa de sus derechos.

La responsabilidad de esta crisis recae directamente en Javier Milei y su gobierno, que han optado por un camino de ajuste y represión en lugar de buscar soluciones que garanticen el bienestar de los jubilados. La lucha por un aumento de emergencia y la defensa de los derechos de los jubilados no solo es una cuestión de justicia social, sino también un llamado a la dignidad de quienes han contribuido al país durante toda su vida. La sociedad no puede permitir que la represión y el ajuste se conviertan en la norma; es hora de exigir un cambio y poner fin a esta política que desatiende a los más vulnerables.

Empresarios de EE.UU. nucleados en AmCham marcaron diferencias con el modelo libertario: reclamos por la falta de institucionalidad, blanqueo a delitos financieros y ausencia de reglas claras

En una escena que dejó al descubierto un inédito cortocircuito, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) le bajó el pulgar al rumbo económico de Javier Milei y puso sobre la mesa críticas que incomodaron a la comitiva libertaria. Fue en el marco del AmCham Summit, el evento que reúne a representantes de las principales multinacionales norteamericanas en el país, donde por primera vez se escuchó un reclamo tan directo como inesperado: la falta de condiciones institucionales, la inseguridad jurídica y el aval implícito al ingreso de capitales sin control ni origen claro.

Facundo Gómez Minujín, presidente de AmCham y representante de JP Morgan en Argentina, fue la voz que encarnó la disconformidad. En un discurso que no pasó desapercibido, sostuvo que “Argentina no tiene la calidad institucional suficiente para garantizar inversiones a largo plazo” y cuestionó las señales contradictorias del gobierno, incluyendo su beneplácito hacia mecanismos como el “blanqueo de capitales” sin distinción entre fondos legales e ilegales.

“En ningún país serio se premia el narcotráfico, el contrabando o el delito financiero con un blanqueo”, sostuvo Gómez Minujín ante una sala repleta de CEOs, diplomáticos y funcionarios. El mensaje cayó como una bomba en Balcarce 50, que había apostado a este foro como vidriera internacional para atraer inversiones. La respuesta, sin embargo, fue un llamado de atención.

Además, el banquero apuntó contra el clima de incertidumbre que genera el propio gobierno. Criticó las constantes modificaciones del régimen cambiario, la falta de previsibilidad tributaria, y la asfixia que sufren las empresas por un marco regulatorio difuso y sin horizonte. Fue una enumeración que sonó a reprimenda, justo frente al equipo económico liderado por Luis Caputo y en presencia del propio presidente.

Milei, por su parte, sorprendió con un discurso corto —menos de 20 minutos— y con escasa capacidad de respuesta a las críticas. Evitó cualquier referencia directa al planteo de AmCham y se limitó a repetir sus habituales latiguillos: arengó a los empresarios a “invertir ahora que Argentina está baratísima” y prometió que el país será “una potencia mundial dentro de 30 años”. Cerró con su ya famosa expresión: “Vamos a crecer como pedo de buzo”, pero la frase, lejos de distender el clima, dejó perpleja a gran parte de la audiencia.

Al terminar, el desaire fue evidente: más de la mitad de los presentes se retiraron sin saludarlo, marcando distancia con el presidente y evidenciando que, esta vez, el intento de Milei por seducir al capital extranjero terminó con un portazo. El contraste fue notorio con la exposición de Caputo, que recibió más aplausos y se mostró dispuesto al intercambio técnico con los empresarios.

Lo que quedó en el aire no fue sólo una molestia diplomática, sino una señal política: incluso aquellos a quienes Milei dice defender —el gran capital extranjero— comienzan a tomar distancia ante la falta de reglas claras, el desprecio por los marcos legales y la peligrosa lógica de que todo dinero vale, sin importar de dónde viene.

El sueño del “paraíso libertario” empieza a resquebrajarse cuando ni siquiera sus potenciales beneficiarios lo compran.

La eliminación de aranceles a productos electrónicos importados encendió la protesta en Tierra del Fuego. Los gremios denuncian que la medida destruye el empleo industrial y entrega el mercado a empresas extranjeras.

Tierra del Fuego amaneció paralizada por completo este miércoles en respuesta al brutal ajuste del gobierno nacional sobre la industria electrónica. La decisión de eliminar aranceles e impuestos internos para productos importados desató un paro general encabezado por la UOM, ASIMRA y otros gremios, que advirtieron que la medida pone en riesgo más de 6000 puestos de trabajo.

El epicentro de la protesta se concentra en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde se ubican las principales plantas de ensamblado de celulares, televisores y aires acondicionados del país. En 2024, la producción fueguina superó los 5,5 millones de celulares, lo que da dimensión del impacto que tendría la apertura indiscriminada del mercado.

“Están desmantelando el régimen industrial fueguino”, denunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, al criticar la eliminación del 16% de arancel que protegía la producción nacional. A su vez, la senadora Cristina López alertó que “las medidas responden a exigencias del FMI y no a las necesidades del país”.

La protesta incluye una amplia articulación sindical: además de la UOM y ASIMRA, se sumaron ATE, La Bancaria, ATSA, Judiciales, docentes, remiseros y choferes de colectivos. El único gremio exceptuado fue el de Petroleros, por encontrarse bajo conciliación obligatoria.

La medida oficial fue publicada esta semana en el Boletín Oficial y permite la importación directa y con baja carga impositiva de celulares, televisores y aires. El Gobierno justifica el cambio con el argumento de que hará “más accesible la tecnología” para los consumidores, pero en Tierra del Fuego lo ven como una sentencia de muerte al entramado productivo que sustenta a miles de familias.

“Es una competencia desleal que destruye el empleo”, afirmaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Las empresas más afectadas son Newsan y Mirgor, que concentran más del 87% de la producción local.

El paro incluye un acto central frente a la planta de Mirgor, donde se leerá un documento que convoca a todas las fuerzas políticas y sociales a “defender la industria nacional y el trabajo argentino”.

El gobernador Gustavo Melella también expresó su rechazo: “Esto pone en riesgo no solo la economía fueguina, sino la estabilidad social de toda la provincia. Vamos a estar del lado de los trabajadores”.

Mientras el Ejecutivo avanza con su plan de “modernización” basado en importaciones, Tierra del Fuego responde con una contundente señal de resistencia que pone en evidencia los costos humanos y productivos de las decisiones libertarias.

El gobierno recorta un área clave de memoria, verdad y justicia. La Secretaría será reducida a Subsecretaría y el 30% del personal será despedido. También habrá un golpe contra Cultura y la historia nacional.

En una nueva ofensiva contra las estructuras estatales que preservan la memoria histórica y garantizan derechos fundamentales, el gobierno de Javier Milei anunció la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y el despido del 30% de su planta de trabajadores.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia habitual en Casa Rosada. Con tono celebratorio, el funcionario afirmó que “se recortará un 40% de la estructura” y que los despidos implicarán un “ahorro de 9 mil millones de pesos anuales”. Adorni volvió a cargar contra la función pública, al sostener que la Secretaría pasará a “defender todos los derechos humanos, no los de un sector ideológico partidario”.

La medida es parte de un ajuste sistemático que ya dejó 45 mil estatales en la calle en apenas un año y medio de gestión. En el caso del área de Derechos Humanos, el recorte adquiere un carácter simbólicamente grave: representa el vaciamiento deliberado de políticas ligadas a la memoria, los crímenes de la dictadura y la reparación histórica.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la decisión y sostuvo que “el contexto actual exige medidas urgentes”. Según el funcionario, ya se produjeron 405 despidos en el área, lo que representa el 44% del personal recibido.

Golpe a la cultura y la historia nacional

El ataque no se detiene en Derechos Humanos. En paralelo, el gobierno libertario anunció también una intervención directa en instituciones culturales, con cambios profundos en su estatus jurídico y autonomía.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) perderá su autarquía y pasará a estar bajo control centralizado, lo que habilita recortes directos y despidos. Lo mismo ocurrirá con organismos como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, el Palacio Libertad (ex CCK) y la CONABIP (Bibliotecas Populares).

Además, el Ejecutivo impulsa una reorganización de los institutos históricos, que incluye la disolución de varios organismos clave. Se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que absorberá al Instituto Sanmartiniano, al Evita (transformado en museo), y fusionará al Yrigoyeneano con el Rosas. En tanto, los institutos Browneano, Belgraniano y Newberiano serán directamente eliminados.

Con esta decisión, el gobierno desarma instituciones encargadas de preservar la memoria y construir identidad nacional, mientras avanza en su plan de ajuste sin contemplaciones, incluso a costa de la historia, los derechos y la cultura del país.

Mientras se discute en el Congreso una mejora para las jubilaciones, el presidente Milei advierte que vetará cualquier proyecto que “rompa el equilibrio fiscal”. Las y los jubilados siguen siendo las principales víctimas del ajuste.

Este martes, la Cámara de Diputados comenzó a tratar una serie de proyectos que buscan recomponer los haberes de jubiladas y jubilados, gravemente deteriorados por la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo ya anticipó que, en caso de aprobarse, el presidente vetará cualquier ley que implique una mejora real para el sector.

Los bloques opositores intentan avanzar con una fórmula de movilidad más beneficiosa que la impuesta por el Ejecutivo vía DNU, y promueven además la restitución de la moratoria previsional, eliminada por el Gobierno, y la creación de una jubilación proporcional para quienes no llegan a los 30 años de aportes.

Mientras tanto, el Gobierno de La Libertad Avanza desplegó un operativo de presión sobre los gobernadores y bloques aliados para impedir que se alcance el quórum o se vote en contra de los intereses de la Casa Rosada. Aún así, el descontento por el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables crece también dentro del Congreso.

En paralelo, organizaciones de jubilados se concentran todos los miércoles frente al Congreso para exigir una recomposición de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y el cese del desfinanciamiento del PAMI, que afectó prestaciones esenciales. ¿La respuesta? gases y palos para nuestros abuelos y abuelas mientras la sociedad entera mira por tv en vivo todo lo que pasa frente al Congreso.

AJUSTE A LOS JUBILADOS: EL PLAN DE MILEI EN MARCHA

Desde el inicio de su gestión, Milei avanzó con una serie de decisiones que perjudicaron directamente a las y los jubilados. A continuación, un repaso de las principales medidas que muestran cómo el ajuste recayó sobre quienes más lo necesitan:

• Veto al aumento por ley aprobado en el Congreso: En junio, el oficialismo vetó la ley sancionada por Diputados y el Senado que establecía un aumento por encima del índice de inflación. “No voy a permitir que se rompa el equilibrio fiscal”, dijo Milei al anunciar el veto.
• Eliminación de la moratoria previsional: Mediante el DNU 70/2023, el Gobierno eliminó la posibilidad de que miles de personas sin 30 años de aportes pudieran acceder a una jubilación, profundizando la exclusión de mujeres y trabajadores informales.
• Medicamentos y recortes en el PAMI: El Ejecutivo redujo el acceso a medicamentos gratuitos, afectando especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas. Además, se desfinanciaron convenios con clínicas y prestadores, lo que provocó demoras en turnos médicos, estudios y tratamientos.
• Nueva fórmula de movilidad impuesta por decreto: Milei reemplazó la fórmula anterior por una actualización mensual por IPC, pero sin ningún tipo de aumento compensatorio por la pérdida acumulada durante los primeros meses del año. Como resultado, las jubilaciones mínimas perdieron más de un 20% frente a la inflación.

Lejos de ofrecer soluciones, Milei redobló la apuesta y ratificó que vetará cualquier ley que implique un aumento del gasto previsional. En su habitual tono provocador, aseguró que la oposición quiere “reventar el país” y repitió que “el déficit cero no se negocia”.

La amenaza de veto presidencial no solo ratifica el rumbo del ajuste, sino que expone el desprecio del Gobierno por los sectores más castigados por la crisis. Las jubilaciones mínimas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, mientras la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo.

En este contexto, la sesión en Diputados pone en evidencia el contraste entre el cinismo del oficialismo y la urgencia de millones de personas que apenas sobreviven. Por más que a Milei y su junta les moleste, la pelea por los derechos de los jubilados sigue viva.

Un conductor fue apuñalado durante un intento de robo en La Tablada. Sus compañeros iniciaron una medida de fuerza y exigen mayor seguridad.

Este miercoles trabajadores de la línea 126 realizan un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras la violenta agresión a un chofer durante un intento de robo en La Tablada.

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando tres delincuentes abordaron el colectivo simulando ser pasajeros. Al quedarse solos con el conductor, lo apuñalaron en la cabeza, brazos y una pierna. El chofer logró defenderse, pero resultó con heridas que requirieron atención médica. Actualmente, se encuentra estable y en observación.**

En respuesta, sus compañeros iniciaron una medida de fuerza que incluye un corte en la rotonda de San Justo, sobre Ruta 4 y Monseñor Bufano. Exigen mayor seguridad y denuncian que La Matanza es una “tierra de nadie”. Julián, delegado de la línea 126, expresó: “Queremos vivir, esto es insostenible. No vamos a esperar a que maten a un chofer para tomar medidas”.**

La medida de fuerza se mantendrá durante toda la jornada y no se descarta que otras líneas se sumen al reclamo. Los trabajadores exigen respuestas concretas de las autoridades para garantizar la seguridad en el transporte público

El economista Ricardo Arriazu es el preferido de Javier Milei. En los 70, fue asesor de la última dictadura militar, en un esquema económico similiar al actual que terminó muy mal. Ahora, Arriazu tomó distancia del gobierno libertario.

El economista compartió un duro diagnóstico sobre el rumbo económico del país durante su participación en la séptima edición del AmCham Summit, donde también le dejó una advertencia directa al presidente Javier Milei: “La destrucción va a ser más rápida que la creación”.

En su exposición, Arriazu evaluó que el programa libertario tiene hoy un 50% de probabilidades de éxito, gracias al acuerdo con el FMI y al respaldo de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que el proceso de transformación económica podría dejar “bolsones de pobreza y descontento” si no se gestionan adecuadamente los desequilibrios sociales.