Aseguran que el ministro “de manera arbitraria y contraria a la normativa” solicitó la renuncia del Consejo Directivo del hospital.
El relato oficial del gobierno contra el hospital Garrahan sufrió un fuerte revés: el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan, en el marco de una denuncia presentada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli.
Según la presentación judicial, Lugones habría exigido la renuncia del Consejo Directivo del hospital “de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente”, con el aval de sus superiores. El hecho no sólo genera alarma por la presunta ilegalidad del procedimiento, sino que pone en jaque uno de los emblemas del sistema de salud pediátrica del país.
La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y se suma al creciente malestar dentro del Garrahan, donde aún persiste un conflicto salarial sin resolver. Mientras tanto, desde el Gobierno optaron por el silencio, en un intento de contener el impacto político de la imputación a uno de los ministros más cercanos al Ejecutivo.
La denuncia, impulsada desde la Coalición Cívica, no sólo apunta al accionar del ministro, sino que expone un preocupante patrón de intervención política en instituciones sensibles. Para la oposición, el caso refleja una contradicción flagrante entre el discurso oficialista y la realidad de su gestión.
Este nuevo frente judicial representa un revés contundente para el Gobierno, que deberá dar explicaciones mientras la Justicia avanza en la investigación y crecen las voces que exigen la suspensión inmediata del funcionario.
