La ministra de Seguridad mantiene con dinero público a su agrupación de militantes “Halcones Republicanos”, acomodándolos en cargos estatales y repartiendo contratos dentro de su ministerio, e incluso organizando encuentros pagos con funcionarios.
Con un discurso inflexible contra la corrupción y la promesa de transparencia como bandera, Patricia Bullrich no ha dejado de repetir que llegó para “ordenar” el Estado. Pero en los hechos, la ministra de Seguridad sostiene con dinero público a su agrupación juvenil Halcones Republicanos, colocándolos en cargos estatales, repartiendo contratos dentro de su ministerio, y hasta organizando encuentros pagos con funcionarios, mientras presenta todo como una cruzada ética.
La estructura política que acompaña a Bullrich desde hace años no es casual ni improvisada: está pensada para ocupar espacios del Estado en cada gestión, no solo para mantener fidelidad política, sino también para sobrevivir en los años de vacas flacas. Así, los Halcones Republicanos, su agrupación juvenil de línea dura, no sólo siguen su trayecto del PRO a La Libertad Avanza, sino que han sido premiados con puestos dentro del Ministerio de Seguridad, sin tapujos. ¿Y la meritocracia proclamada por la ministra? bien gracias.
Su ex vicepresidente en Jóvenes PRO y ahora mano derecha en los Halcones, Iván Velasco, hoy es secretario del Consejo de Seguridad Interior. Le siguen otros miembros de la comisión directiva, como Sofía Dutallaz Piñar, Camille Molina, Francisco Chagnier, Benjamín Larsen, Marcos Casal y más: todos con suculentos contratos estatales, todos con vínculos directos con Bullrich, todos parte de la estructura que se financia desde el Estado, mientras se presentan como “defensores del orden, la república y la libertad”.
🚨URGENTE🚨
— SIDE twitera (@ladoblevara_) May 11, 2025
Patricia Bullrich fue grabada anoche borracha bailando con adolescentes en una muy lujosa fiesta de Puerto Madero
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A esto se suma la rebautizada ONG Ícona —antes Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, intervenido por irregularidades y desvío de fondos— ahora presidida por María Oneto, quien fuera la recaudadora de su campaña presidencial. Lejos de desaparecer, Ícona sigue ofreciendo “conversaciones íntimas” con funcionarios públicos a cambio de entradas que oscilan entre $350.000 y $500.000, otra forma de monetizar el acceso al poder bajo el ropaje de lo institucional.
Bullrich parece seguir al pie de la letra la fórmula que tanto critica: utilizar recursos del Estado para beneficio político propio, financiar militancia con fondos públicos y ofrecer acceso a funcionarios como si se tratara de un producto VIP. Mientras tanto, su relato de “ética republicana” y su prédica contra la “casta política” se desmoronan frente a una realidad que exhibe una red de favores, designaciones cruzadas y captación de recursos estatales para sostener su capital político.
A este escandalo se suma la reciente difusión de un video donde Patricia Bullrich aparece bailando en una fiesta con jóvenes militantes de su espacio político, varios de ellos aparentemente menores de edad, este hecho bochornoso reavivó los cuestionamientos sobre su conducta pública y privada. En redes sociales y en ámbitos políticos, las críticas no tardaron en llegar, alimentadas por la percepción de que la ministra no solo incurre en actitudes impropias de su investidura, sino que además podría haber estado en un estado inconveniente para una funcionaria de su rango. Mientras se muestra como la garante del orden y los valores republicanos, su presencia en este tipo de eventos privados expone una desconexión preocupante entre su prédica moralista y su accionar personal.
¿Es esta la nueva transparencia? No, es simplemente la vieja política de la cual proviene la ministra Bullrich ahora presentada con una nueva careta de meritocracia y lucha contra la casta.