La nueva iniciativa fiscal eleva a $100 millones el umbral de evasión simple y crea un régimen “blindado” para grandes fortunas, mientras jubilados y trabajadores pagan cada vez más y reciben menos.
El Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei presentó oficialmente en Diputados el proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica el régimen penal tributario y que, lejos de combatir la evasión, parece diseñada para legalizarla bajo ciertas condiciones. Lo que se presenta como un esfuerzo por simplificar el sistema impositivo termina siendo, en la práctica, un paraguas legal para quienes acumulan riqueza sin declararla ni pagar impuestos sobre ella .
Entre las principales modificaciones, el texto eleva de $1,5 millón a $100 millones el monto mínimo de evasión imponible para que ARCA pueda investigar como delito de evasión simple . Para ser considerado “evasión agravada” , el límite pasa de $15 millones a $1.000 millones , lo que efectivamente reduce drásticamente la posibilidad de sanción penal en casos de grandes irregularidades fiscales. En la práctica, esto significa que una persona o empresa puede evadir miles de millones y seguir operando sin riesgo de ir presa .
Además, se reducen los plazos de prescripción: de cinco a tres años en obligaciones tributarias generales, y de diez a cinco en materia de seguridad social y obras sociales. Esto deja al fisco con menos herramientas y tiempo para reclamar deudas, muchas de las cuales quedarán impunes por el paso del tiempo.
Otro punto clave es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias , bajo el cual los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre” si cumplen ciertos requisitos. Este régimen tiene un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos , e implica que ARCA solo cobrará impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados , sin analizar variaciones patrimoniales ni consumos realizados. Es decir: una persona puede aumentar su patrimonio significativamente sin que eso sea controlado , mientras declare sus ingresos formales.
Este esquema beneficia claramente a quienes tienen grandes volúmenes de dinero no declarado, permitiéndoles blanquear su situación con mínima fiscalización. Mientras tanto, trabajadores, monotributistas y pequeños empresarios siguen bajo lupa , con controles cruzados, deducciones limitadas y mayores cargas impositivas.
Y hay más: el artículo 39 establece un efecto liberatorio del pago . Si se acepta la declaración propuesta por ARCA y se paga en término, se da por cerrado cualquier análisis previo, salvo que se hayan omitido ingresos. Esto convierte al Estado en cómplice pasivo de quien haya utilizado ese régimen para legalizar activos sin rendir cuentas reales.
Por otro lado, el proyecto también unifica criterios fiscales en todo el país , eliminando facultades locales en materia de prescripción tributaria, y aplica el marco nacional a provincias, municipios y CABA.
En síntesis, la llamada “Ley de Inocencia Fiscal” no solo cambia reglas de investigación y sanción, sino que legaliza un nuevo marco donde el Estado prácticamente renuncia a perseguir evasión real, salvo que esta supere montos estratosféricos. Mientras jubilados y trabajadores enfrentan ajuste, recortes y mayor control en sus ingresos, la norma parece diseñada para proteger a quienes operan en la sombra con grandes volúmenes de dinero no declarado .