En un hecho que genera fuertes sospechas, el juez Jorge Gorini miembro del Tribunal Oral Federal N°2 y uno de los tres magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, habría realizado una discreta inspección a una dependencia de la Policía Federal en Palermo Chico.
En un hecho que genera fuertes sospechas y conmoción política, el juez Jorge Gorini —miembro del Tribunal Oral Federal N°2 y uno de los tres magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad— realizó según filtraciones periodísticas una visita discreta a una dependencia de la Policía Federal en Palermo Chico. El objetivo: enviar un mensaje de amedrentamiento con la visita a un posible lugar de detención para la expresidenta. Lo grave del hecho es que lo hizo antes de que la Corte Suprema siquiera se pronunciara sobre la sentencia.
La visita se produjo en el edificio policial ubicado en Cavia y Figueroa Alcorta, y fue revelada públicamente por el periodista Gustavo Sylvestre en C5N. Lo llamativo no es solo la acción en sí, sino el contexto político en el que se encuadra: Cristina Kirchner acaba de anunciar su candidatura como legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral en Buenos Aires, y el fallo de la Corte aún está pendiente. Es decir, la condena todavía no está firme.
Además, sobre la causa hay múltiples recursos presentados: el Ministerio Público Fiscal reclama endurecer la pena a doce años y aplicar la figura de asociación ilícita, mientras que la defensa solicita la absolución de la exmandataria. No obstante, Gorini ya se estaría moviendo como si la prisión fuera inminente, pese a que legalmente no puede ejecutarse ninguna pena sin el fallo definitivo de la Corte Suprema.
Una Corte Suprema bajo presión
El episodio se vuelve más oscuro al considerar los tiempos políticos. La Corte no tiene plazos establecidos para decidir, pero se especula con que podría pronunciarse antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Este supuesto “apuro” judicial instigado además por una persistente presión mediática, coincidente con los tiempos electorales, despierta inquietud en sectores cercanos a la expresidenta.
Como presidente del TOF 2, Gorini es el encargado de ejecutar la eventual detención si la condena queda firme. Y su visita, justo en este momento, no parece un gesto inocente ni propio de una justicia neutral. Por el contrario, para algunos analistas y dirigentes, constituye un claro indicio de que ciertos actores judiciales ya operan en base a un escenario que, en los hechos, aún no existe jurídicamente pero si en los medios que responden a ciertos grupos económicos que obran como tribunales mediáticos y ejercen presión directa sobre las instituciones.
El movimiento de Gorini se suma a un historial ya polémico: su colega en el tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, fue fotografiado jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri durante el juicio, hecho que motivó denuncias por parcialidad.
Este nuevo capítulo reaviva las dudas sobre la neutralidad del proceso judicial contra Cristina Kirchner. La visita a un centro de detención antes del fallo final de la Corte no solo es llamativa: es profundamente sospechosa, y refuerza la idea de que la Justicia, en este caso, podría estar actuando con una hoja de ruta preestablecida y condicionada por los tiempos políticos, en especial cuando la ex presidenta se halla sólidamente posicionada de cara a las comicios a desarrollarse en territorio bonaerense.