Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.
La causa contra Facundo Daniel Aguilar Fajardo, el joven oficial de la Policía Federal que disparó y mató a Thiago Correa, un niño de apenas 7 años durante un presunto intento de robo, dio un giro clave este fin de semana. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios, recaratuló el expediente como homicidio con dolo eventual, una figura mucho más severa que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.
La decisión judicial se basó en nuevos elementos que desestiman la versión inicial de legítima defensa. Según la investigación, Fajardo disparó al menos once veces en tan solo nueve segundos, desde una posición fija y en plena vía pública, sin que mediara una persecución directa. Los disparos provocaron la muerte de Brandon Corpus (18 años) e hirieron gravemente a otros dos jóvenes, uno de los cuales permanece internado en estado crítico.
En su declaración, el oficial alegó que actuó para proteger a su madre, quien habría sido amenazada por los supuestos agresores. Sin embargo, la Justicia determinó que hubo un claro exceso en el uso de la fuerza, descartando la eximición de responsabilidad penal que hubiera implicado la legítima defensa.
Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar del policía, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.
El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado y la peligrosidad de avalar operativos armados en espacios públicos. La combinación de un accionar desproporcionado y un respaldo político explícito vuelve a poner en cuestión el rumbo de las fuerzas de seguridad bajo la actual gestión.
Fajardo continúa detenido mientras se profundiza la investigación. Los próximos días serán clave para determinar si el caso se encamina a un juicio con una condena ejemplar o si el respaldo institucional logra atenuar las responsabilidades del acusado.