A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la sede del PJ con un mensaje fuerte: denunció el rol de la Justicia como garante del poder económico, criticó el modelo de Milei y llamó a reorganizar al peronismo para enfrentar el ajuste.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista Nacional al cumplirse 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. Ante una militancia atenta y movilizada, volvió a cuestionar con dureza a la Corte Suprema por su rol en el armado de causas judiciales y el sostenimiento de un modelo de impunidad para los poderosos. Criticó también el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al que definió como un “experimento anarco-capitalista” con consecuencias devastadoras para las mayorías populares. En un llamado a la reconstrucción del peronismo, convocó a recuperar el sentido colectivo del proyecto nacional y popular y advirtió sobre los desafíos que enfrentan quienes aspiran a representar una alternativa al actual modelo de exclusión.

“La casualidad no es una categoría política”: memoria, historia y proyecto

Desde la sede del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar en público para recordar a los fusilados del 9 de junio de 1956, a 69 años de los crímenes de José León Suárez. En un encendido discurso, vinculó aquel episodio con una historia de persecución que se repite cuando el peronismo accede al poder.

“Fusilaban y asesinaban gente por ser peronista”, recordó, y planteó que la violencia contra el movimiento nacional no es nueva ni casual. “La casualidad no es una categoría política”, advirtió. En su repaso, unió el bombardeo a Plaza de Mayo, la proscripción del peronismo, los fusilamientos del ‘56 y el intento de asesinato que sufrió en 2022. “Siempre está el mismo núcleo detrás: los que no toleran un modelo de inclusión ni de distribución del ingreso”.

Cristina sostuvo que las políticas de memoria no pueden reducirse a lo simbólico. “No es solo rendir homenaje a quienes lucharon: es entender por qué lucharon. Por qué los fusilaron. Y por qué, cuando hay un gobierno nacional y popular, lo combaten con tanta saña”.

Un nuevo partido militar: la justicia como brazo político del poder

Uno de los ejes más duros del discurso estuvo dirigido al Poder Judicial, al que definió como el nuevo partido del poder económico. “Ya no hace falta instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, pero judicial”, ironizó.

Cuestionó duramente a la Corte Suprema por mantener vigente el DNU 70/23 de Javier Milei. “Ese decreto es una verdadera reforma constitucional encubierta”, denunció. Y comparó: “¿Ustedes se imaginan un decreto 70, pero emitido por el campo nacional, popular y democrático, que hubiera tocado intereses de la economía concentrada? No le daban más de 15 o 20 días”.

Para Cristina, el Poder Judicial no actúa como contralor de Milei, sino como garantía de su blindaje: “La Corte es la guardia pretoriana del poder económico”. También cuestionó el avance del Grupo Clarín sobre el mercado de las telecomunicaciones y el rol pasivo del Estado: “A los argentinos les va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Me gustaría verlo con el mismo tono con el que se dirige a los pibes del Garrahan o a los discapacitados, ahora que la Justicia le aprobó a Clarín la adquisición de Telefónica”.

Diagnóstico y futuro: autocrítica, organización y lucha

La expresidenta también habló del presente del peronismo, y planteó la necesidad de retomar el sentido colectivo de la política. “Este es un problema que no es nuevo en el peronismo. Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y alguien se asume como un proyecto personal”, reflexionó. “No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Estamos simplemente describiendo los problemas que atravesó y atraviesa la organización popular”.

Cristina no dudó en calificar al actual gobierno como “un cachivache”, pero advirtió que detrás del caos hay un objetivo claro: destruir toda posibilidad de organización popular. “La historia demuestra que más allá de las persecuciones y proscripciones, finalmente el pueblo se termina organizando, casi en defensa propia”, afirmó.

Y cerró con una consigna que funciona también como advertencia: “Siempre el pueblo regresa. Tal vez con otros nombres, tal vez de distintas formas, pero siempre hay un modo de organización popular”.

El conductor antiK admitió sentirse agradecido por el apoyo del kirchnerismo durante su gestión como presidente de Lotería Nacional, aunque reconoció que hoy prefiere mantener distancia política.

Ángel “Baby” Etchecopar se sinceró en una reciente entrevista con Tomás Rebord y admitió que “nunca le fue tan bien” como durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner , actual candidata a diputada nacional por la tercera sección electoral bonaerense. La confesión, hecha entre risas y bajando el tono de voz, fue contundente: “estuve bien con Cristina, pero no lo puedo decir”.

Durante la conversación, Etchecopar repasó sus elecciones presidenciales del pasado y cómo cada mandatario con quien simpatizó terminó afectándolo en algún plano. “Lo voté a Milei y dice que hay que meter preso a Baby, a De la Rúa no lo voté. Me prohibió en los medios. Lo voté a Alfonsín y me cagó los negocios”, aseguró con ironía. Su reflexión pone en evidencia cómo las posiciones políticas públicas muchas veces no coinciden con las experiencias personales reales .

En otro tramo de la entrevista, Etchecopar también se dirigió directamente al presidente Javier Milei mediante una carta abierta publicada en el Día del Periodista , en la que hizo una defensa de la libertad de expresión y criticó duramente el discurso oficial contra los medios independientes: “Señor Presidente, es muy difícil tener democracia con motosierra, amenazas, que coartan la libertad de expresión y rozan y rayan en el autoritarismo”.

Hoy, fuera del ámbito político directo, Baby sigue siendo una voz reconocida en la radiofonía argentina, aunque prefiere mantener distancia de las batallas ideológicas. “No quiero meterme en eso. Tengo mi trabajo, mis proyectos, y no necesito pelearme con nadie”, dijo. Pero su sincera autocrítica deja en claro que detrás de las etiquetas políticas, muchas veces hay realidades más complejas y contradictorias .

La expresidenta encabezará este lunes un acto en el PJ nacional tras una reunión de urgencia en el Instituto Patria con sectores políticos, sociales y sindicales, en medio de rumores sobre una inminente confirmación judicial de su condena en la causa Vialidad.

En medio de una creciente tensión política y judicial, Cristina Fernández de Kirchner convocó a un encuentro de urgencia este lunes en el Instituto Patria , donde recibirá a diputados, senadores, dirigentes sindicales, sociales y militantes , para coordinar una respuesta colectiva ante la posibilidad de que la Corte Suprema confirme su condena en la causa Vialidad .

El acto está previsto para las 18 horas en la sede porteña del Partido Justicialista , y será una reaparición pública clave de CFK, quien viene denunciando una campaña de persecución judicial y política desde distintos sectores del poder. La cita se da luego de que trascendiera que el máximo tribunal podría ratificar la condena de seis años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y confirmada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024.

“Este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia”, dijeron fuentes cercanas a la exmandataria. Y agregaron: “Si se ratifica la condena, se termina la democracia que supimos construir desde el ’83 para adelante y empieza la democracia con proscripciones, como nos tocó vivir con Perón”.

De confirmarse el fallo, CFK quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos y sería automáticamente baja de las listas electorales , lo que la sacaría de la cancha política precisamente en un año electoral. La semana pasada, anunció su candidatura a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral , decisión que parece haber acelerado los tiempos judiciales.

Según versiones periodísticas, la Corte podría tomar una decisión el martes a las 10 de la mañana . El máximo tribunal tiene tres caminos posibles: rechazar el recurso de queja estrictamente formal y dejar firme la sentencia; aceptarlo y revisar el caso, tal vez incluso ampliando la condena; o pedir el expediente completo para avanzar en el análisis de los recursos.

Desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que detrás de esta movida están Mauricio Macri, Javier Milei y los grandes grupos económicos , y aseguran que “lo que les da miedo es lo que puede llegar a significar una vuelta de Cristina al gobierno”. Además, criticaron duramente al Ejecutivo: “Dicen que no quieren que vaya presa, pero son unos falsos y unos hipócritas. Tienen miedo y por eso la buscan proscribir”.

En ese marco, figuras del peronismo como Leopoldo Moreau , Oscar Parilli y Martín Sabatella expresaron su rechazo al proceso judicial, calificándolo como una maniobra política disfrazada de jurídica. “Quieren tomar una decisión política disfrazada de jurídica, pero no engañan a nadie”, lanzó Moreau. Mientras que Sabatella señaló: “Ya no saben qué hacer porque donde esté y como sea, Cristina es y seguirá siendo la líder popular más importante del presente y el futuro”.

Aunque algunos sectores del PJ nacional y provincial han mostrado cierta distancia con CFK en los últimos meses, el anuncio de su candidatura y el avance judicial podrían funcionar como un factor de unidad. No está confirmada la presencia de gobernadores ni del jefe de Gobierno bonaerense, Axel Kicillof , con quien el clima sigue tenso.

La jornada del lunes tendrá dos partes definidas: primero, una reunión estratégica en el Instituto Patria , abierta incluso a “gente suelta”, según describieron, y luego el acto en el PJ nacional, donde CFK encabezará un homenaje a los fusilados de José León Suárez , hecho histórico ocurrido el 9 de junio de 1956 durante la resistencia peronista al golpe militar.

Este escenario marca un punto de inflexión en la política argentina. O se profundiza la fractura interna del peronismo y el ajuste oficialista, o se activa una respuesta unitaria del campo popular frente a lo que consideran una nueva forma de proscripción política bajo el paraguas judicial .

Si la Corte avanza con una decisión judicial arbitraria, se decretará una huelga general, se saldrá a las calles y se cortarán autopistas en todo el país.

Así lo aseguró el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, en declaraciones a Siempre es hoy, al referirse al escenario que podría abrirse ante un fallo adverso de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos organizándonos con otras agrupaciones, dentro del PJ y fuera de él. Si toman una decisión arbitraria contra Cristina, vamos a hacerlo sentir en la calle. No podemos permitir que un poder del Estado ponga en jaque la calidad democrática de la Nación, sólo por intereses políticos”, advirtió el dirigente sindical, que ratificó el compromiso del movimiento obrero con la defensa de los liderazgos populares y el Estado de Derecho.

Manrique planteó que lo que está en discusión excede a una figura individual: “Todos los laburantes y los compañeros tienen que entender que la democracia es un bien común que debemos cuidar entre todos. Esto no es un tema de Cristina y nada más. Porque hoy puede ser Cristina, pero si esto lo permitimos en silencio, dentro de tres meses le empiezan una causa a otro dirigente, y en 2027 estamos en la misma situación. Así le puede pasar a cualquier representante del campo nacional y popular”.

El diputado confirmó que varios sindicatos ya acordaron una línea de acción ante una eventual medida contra la expresidenta. “Estamos estudiando, en caso de que se cometa una injusticia de esa magnitud —como encarcelar a Cristina con una causa judicial armada— decretar una huelga, salir a las calles, cortar las autopistas. No vamos a mirar para otro lado”, afirmó.

“Muchos gremios ya definimos que si esto se lleva adelante, pararemos, nos movilizaremos y enfrentaremos las consecuencias que tengamos que enfrentar. Esta pelea no es sólo por una persona, es por la democracia argentina”, concluyó Manrique.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

La causa contra Facundo Daniel Aguilar Fajardo, el joven oficial de la Policía Federal que disparó y mató a Thiago Correa, un niño de apenas 7 años durante un presunto intento de robo, dio un giro clave este fin de semana. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios, recaratuló el expediente como homicidio con dolo eventual, una figura mucho más severa que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

La decisión judicial se basó en nuevos elementos que desestiman la versión inicial de legítima defensa. Según la investigación, Fajardo disparó al menos once veces en tan solo nueve segundos, desde una posición fija y en plena vía pública, sin que mediara una persecución directa. Los disparos provocaron la muerte de Brandon Corpus (18 años) e hirieron gravemente a otros dos jóvenes, uno de los cuales permanece internado en estado crítico.

En su declaración, el oficial alegó que actuó para proteger a su madre, quien habría sido amenazada por los supuestos agresores. Sin embargo, la Justicia determinó que hubo un claro exceso en el uso de la fuerza, descartando la eximición de responsabilidad penal que hubiera implicado la legítima defensa.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar del policía, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado y la peligrosidad de avalar operativos armados en espacios públicos. La combinación de un accionar desproporcionado y un respaldo político explícito vuelve a poner en cuestión el rumbo de las fuerzas de seguridad bajo la actual gestión.

Fajardo continúa detenido mientras se profundiza la investigación. Los próximos días serán clave para determinar si el caso se encamina a un juicio con una condena ejemplar o si el respaldo institucional logra atenuar las responsabilidades del acusado.

Mientras miles de familias enfrentan crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna, el gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento del Estado como garante de derechos básicos generando oportunidades de negocio para los privados sin un claro criterio de prioridades sociales.

Esta vez, la medida recayó sobre el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un fondo fiduciario público que desde 2012 había facilitado el acceso a la vivienda para sectores de clase media y trabajadora.

Con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó la disolución del Pro.Cre.Ar, cumpliendo lo establecido por el Decreto 1018/2024 del pasado noviembre. A partir de ahora, la gestión de los créditos será transferida al Banco Hipotecario S.A., una entidad privada, desplazando al Estado de su rol central en la política habitacional.

El Gobierno justifica la medida señalando que el programa representaba una “pesada carga” fiscal y argumentando, sin evidencia concluyente, que su ejecución era deficiente. La auditoría citada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) señala demoras, fallas en la habitabilidad y problemas administrativos, elementos que el oficialismo utiliza como pretexto para abandonar su responsabilidad y delegarla al mercado.

Con esta decisión, Milei profundiza el vaciamiento del Estado y transforma un derecho esencial en una oportunidad de negocio para el sector privado mas preocupado en el lucro y la rentabilidad que en impulsar medidas que satisfagan al conjunto de la sociedad. En lugar de mejorar y auditar el programa para garantizar su transparencia y efectividad, el Gobierno opta por facilitar el acceso de empresarios vinculados al poder a un área estratégica, sin establecer criterios claros de equidad social ni prioridades en la asignación de recursos.

Además de la transferencia de la administración de los créditos, el Ministerio de Economía se reserva el manejo de bienes inmuebles y podrá acordar su venta o cesión a otros organismos, lo que abre la puerta a operaciones inmobiliarias que podrían beneficiar a actores privados más interesados en el lucro que en la función social de la vivienda.

En paralelo, el Ejecutivo justifica esta reestructuración apelando a la Ley N° 27.742, que le otorga facultades para modificar, unificar o liquidar fondos fiduciarios públicos en el marco de la emergencia económica. Sin embargo, lo que se presenta como un ajuste técnico es, en el fondo, una decisión ideológica: desmantelar toda política pública que implique presencia estatal, sin importar las consecuencias sociales.

En un contexto donde la construcción de viviendas por parte del Estado está paralizada y la inflación golpea con fuerza a los sectores populares, eliminar el Pro.Cre.Ar no es solo una medida administrativa: es un retroceso en materia de derechos y una nueva concesión al capital privado, sin garantías de que las necesidades habitacionales de la población sean atendidas.

Convencida de que el máximo tribunal confirmará la condena en su contra en las próximas horas por la causa Vialidad, la expresidenta habla esta tarde en la sede del peronismo en un homenaje a los fusilados por Aramburu.

Aramburu en 1955 será la plataforma de Cristina Kirchner para ensayar este lunes una ofensiva política ante lo que considera una inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia en contra suya.

La expresidenta está convencida de que en las próximas horas los jueces del máximo tribunal validarían la condena en la causa Vialidad y ordenarán su detención de manera inmediata, recogieron varios medios de empresas de distinas fuentes. CFK espera que eso se concrete este martes y en la base del peronismo -agrupaciones, movimientos sociales y gremios- ya se están organizando para evitar esa avanzada de la Policía Federal que haría cumplir la orden judicial.

Cristina buscar reconvertir a su favor el “Día de la Resistencia Peronista”, fecha que conmemora el ataque ilegal perpetrada por el Estado contra doce personas el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez, en el partido de General San Martín. El testimonio de uno de los sobrevientes le permitió a Rodolfo Walsh escribir su emblemático “Operación masacre”.

La aparición de Cristina está agendada para las 17, en la sede del PJ Nacional, Matheu 130. Las distintas tribus peronistas ya están convocando al acto, además de prepararse para lo que podría pasar este martes.

Hoy a la tarde nos vemos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en este Día de la Resistencia Peronista. https://t.co/SqV81JUSOP

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 9, 2025

“Cristina está convencida que la Corte la detiene este martes”, apuntó un operador peronista que suele circular por el Instituto Patria. La hipótesis cobró fuerza durante el fin de semana, cuando se convocó a dirigentes, senadores y diputados a estar en guardia ante la decisión de la Corte. “Es inminente la detención”, dijeron en un despacho de UP en el Senado. El nerviosismo en el PJ se profundizó el sábado en medio del operativo de desalojo el Instituto Perón por parte de la Policía Federal, que se llevó preso sin orden judicial a Juan Grabois. El dirigente recobró su libertad 12 horas después.

Los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti tiene a tiro de firma la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, que ya tiene confirmación de la Casación.

Si la Corte confirma la condena, Cristina no podrá ser candidata en las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La titular del PJ se lanzó el lunes pasado como candidata para la Tercera Sección Electoral, que corresponde al sur del conurbano, bastión histórico del peronismo.

Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 2,9% interanual en mayo, marcando un punto de inflexión tras varios meses consecutivos de crecimiento. Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

El retroceso interanual se suma a una baja del 0,7% respecto de abril, lo que representa el segundo mes consecutivo de caída en la comparación mensual desestacionalizada. Estos datos contrastan con el fuerte repunte registrado a comienzos de año, cuando el sector minorista exhibía subas interanuales de 25,5% en enero y 24% en febrero, que luego se fueron moderando: 10,5% en marzo y 3,7% en abril.

EN MAYO, LAS VENTAS MINORISTAS DESCENDIERON UN 2,9% INTERANUAL

📈 En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un descenso del 0,7% respecto a abril. Con estos valores, el acumulado de 2025 muestra una suba del 11%, en comparación con el mismo período de 2024.

De… pic.twitter.com/OXCNvGV9G5

— CAME (@redcame) June 8, 2025

Desde CAME señalaron que el comercio atraviesa un contexto complejo, con una retracción progresiva impulsada por “una menor disponibilidad de recursos, ajustes de precios y mayores exigencias operativas”. La entidad advirtió que en mayo se observó “una tendencia hacia compras más medidas, una circulación reducida en los centros comerciales y una competencia creciente de canales online e informales”.

En ese marco, varios rubros clave presentan caídas de consumo:

• Alimentos y bebidas: -7,6% interanual.
• Textil e indumentaria: -1,6%.
• Ferretería y construcción: -2,6%.
• Bazar y decoración: sin variación, pero con una baja mensual del 3,8%.

A pesar de ciertos repuntes en sectores puntuales como Farmacia (+1,5%) o Perfumería (+5,2%), el sector comercial en su conjunto muestra señales de alerta: márgenes estrechos, dificultades para sostener la rentabilidad y una fuerte incertidumbre.

Frente a este panorama, desde la gremial empresaria reclamaron “medidas que impulsen la demanda” y mayor previsibilidad para revertir la tendencia. Muchos comercios recurren a liquidaciones anticipadas o reducen sus inversiones como mecanismo de supervivencia.

En cuanto a las expectativas, el 49,2% de los comerciantes encuestados cree que su situación económica mejorará dentro de un año, aunque el 55,9% considera que no es un buen momento para invertir.

La nueva caída del consumo pone en entredicho la narrativa oficial sobre una recuperación sostenida, y refleja que la reactivación económica aún no se traduce en mejoras tangibles para el mercado interno.

Los gobernadores provinciales levantaron su voz en un unánime rechazo al intento del Gobierno Nacional de desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución clave para el desarrollo productivo, tecnológico y científico del país.

La embestida contra el organismo, impulsada sin diálogo y sobre la base de argumentos sin sustento técnico, ha provocado una fuerte reacción en defensa del federalismo y del sistema agroproductivo nacional.

Llaryora: “Desde el Obelisco, y sin diálogo, es imposible comprender la realidad del campo”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los más enfáticos al cuestionar la reforma impulsada desde la Casa Rosada. A través de sus redes sociales, advirtió que el Gobierno “ensucia para vaciar” al INTA, y señaló que pretender suprimir el modelo de gobernanza plural —basado en la participación de universidades y entidades rurales— para concentrar todo el poder en el Ejecutivo nacional, constituye un retroceso peligroso.

“Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores. Desde el Obelisco y sin diálogo, es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo”, sentenció. Llaryora recordó que el INTA es en muchos casos el único sostén tecnológico de las economías regionales, y que desmantelarlo implicaría “cerrar otra puerta al progreso y la innovación”.

Kicillof: “Es un crimen que quieran cerrar el INTA”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó directamente como “un crimen” el intento del gobierno nacional de cerrar el INTA. “No se puede explicar, no se entiende”, declaró durante un acto en General Villegas, donde recibió una nota de preocupación por parte de los trabajadores del organismo.

Acompañado por su ministro de Desarrollo Agrario, Kicillof denunció un verdadero “cientificidio” y acusó al Gobierno de llevar adelante “un plan de liquidación”. “No van a entender nunca que están destruyendo cosas que después no tienen arreglo. El INTA es conocimiento, vínculo con el territorio y aporte constante al desarrollo humano y productivo”, afirmó. Subrayó también la contradicción del oficialismo: “Quieren volver al modelo agroexportador, pero sin agro”.

Pullaro: “El INTA es sinónimo de federalismo, ciencia y tecnología”

También el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su respaldo al INTA durante la inauguración de Agroactiva. Frente al jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, sostuvo: “El INTA es federalismo, el INTA es ciencia, el INTA es tecnología. Es un organismo que tenemos que cuidar y pedimos que así lo haga el Gobierno nacional”.

Pullaro remarcó el rol estratégico del instituto en el desarrollo agroindustrial y la generación de conocimiento aplicado en todo el país, especialmente en las provincias productivas.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un incremento excepcional y de emergencia, equivalente al 7,2%, para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES- y un incremento del bono extraordinario, que se elevaría a $110.000. Además del Plan de Pago de Deuda Previsional y ley 27.260, de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados para restablecer la moratoria jubilatoria.

Se sabe: el gobierno de Javier Milei no quiere nada para jubilados amparado en una motosierra que golpea con fuerza a los trabajadores pasivos. Mientras, se impulsan blanqueos masivos y se bajaron impuestos a los sectores más ricos. Hay prioridades libertarias.

Ahora será debatido en el Senado donde la oposición tendría los números para avanzar con la iniciativa que enoja al gobierno nacional que prometió un veto pero debe asegurarse los números en el Congreso para que el veto no se rechace.