La ministra firmó una resolución interna que permite a la Policía Federal monitorear redes sociales “en tiempo real” bajo criterios ampliamente discutibles. ¿Hasta dónde llega el control estatal?
El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich dio luz verde a un operativo de espionaje digital en redes sociales y firmó una resolución que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a monitorear perfiles y publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, todo ello bajo una autorización judicial previa.
Según se detalla en el texto oficial, “la PFA podrá monitorear las redes sociales en tiempo real cuando exista fundamento legal y orden judicial expresa”. El objetivo declarado era detectar conductas delictivas o eventos de riesgo colectivo. Pero detractores y especialistas advierten que esta medida puede convertirse fácilmente en una herramienta de control político si no hay límites claros.
La implementación de esta política implicó la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real, incluyendo la instalación de un centro de análisis dentro de la fuerza policial. Este espacio contaba con software especializado para mapear usuarios, detectar patrones de comunicación y predecir movimientos de protesta social.
Fuentes cercanas al área de inteligencia confirmaron que se llegó a desarrollar un protocolo operativo para solicitar permiso judicial y comenzar a seguir perfiles en redes sociales bajo el argumento de prevención del delito. Este tipo de prácticas, aunque reguladas por marcos legales, suelen aplicarse con criterios difusos que ponen en jaque el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ya expresaron públicamente su preocupación por el alcance de estas medidas. Para ADC, “la vigilancia digital sin control parlamentario ni judicial efectivo termina convirtiéndose en una herramienta de control político”.
Además, señalaron que el uso de estas herramientas en contextos de protesta social puede generar autocensura ciudadana y represión preventiva, algo que ya se ha visto en otros países donde gobiernos autoritarios utilizaron el pretexto de la seguridad para perseguir opositores.
Desde el oficialismo de aquel momento se defendió la medida como parte de una nueva estrategia de inteligencia moderna, necesaria para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la organización de disturbios callejeros.
Sin embargo, organizaciones sociales y periodísticas denunciaron que en varias oportunidades estas herramientas fueron utilizadas para vigilar a activistas, periodistas independientes y líderes barriales, especialmente en zonas con fuerte presencia de piquetes o protestas sociales.
“No se trata de prohibir el uso de herramientas digitales, sino de garantizar que no sean usadas para criminalizar la protesta”, aseguró un comunicado conjunto de sindicatos periodísticos y defensores de derechos humanos.
Lo que más preocupa a especialistas es que este tipo de decisiones se tomen sin debate público ni participación del Parlamento. La falta de transparencia sobre qué perfiles son monitoreados, cuántas órdenes judiciales se emiten y cómo se usa esa información levanta serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales.
Aunque la normativa establece que debe haber una orden judicial específica, no siempre está claro quién supervisa el uso real de estos datos ni qué mecanismos de control existen.
