El juez Jorge Gorini notificó a Cristina Fernández de Kirchner por Zoom y evitó así una masiva movilización frente a Comodoro Py. Los fiscales Luciani y Mola se habían opuesto al beneficio.

La Justicia federal resolvió este martes que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución , ubicado en San José 1111. El magistrado Jorge Gorini , integrante del Tribunal Oral Federal 2, hizo lugar al pedido presentado por sus abogados y dispuso que la expresidenta inicie el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria , una medida que busca evitar su detención en una cárcel común y que fue recibida como un alivio por el peronismo y sectores kirchneristas.

Gorini notificó personalmente a CFK a través de una audiencia virtual por Zoom, un paso clave para desactivar la movilización prevista para este miércoles frente a los tribunales de Comodoro Py, donde miles de seguidores habían anunciado que la acompañarían en su llegada.

El tribunal impuso además una serie de condiciones que deberá cumplir la exmandataria durante el cumplimiento de la pena. Entre ellas, permanecer en el domicilio fijado salvo excepciones debidamente justificadas , no alterar la tranquilidad del barrio y presentar en 48 horas una nómina de las personas autorizadas a ingresar al lugar, incluyendo familiares, custodia, médicos y abogados.

Además, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica tendrá la tarea de colocar un dispositivo de vigilancia electrónica , mientras que la supervisión del cumplimiento de la pena quedará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con informes cada tres meses.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, principales impulsores del fallo condenatorio contra CFK, se manifestaron en contra de la prisión domiciliaria. Sostuvieron que no existen razones médicas ni de seguridad que lo justifiquen, pese a que la expresidenta cuenta con custodia permanente por parte de la Policía Federal, algo que obliga a cualquier institución penitenciaria a garantizar niveles altos de seguridad que implican costos logísticos y riesgos operativos.

El argumento de los fiscales se repitió en otro caso vinculado: el del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, también condenado en esta causa. A pesar de tener 80 años y un estado de salud delicado, los fiscales se habían opuesto a concederle la prisión domiciliaria sin esperar el resultado de informes médicos, algo que finalmente sí se aplicó a CFK.

En su defensa, el equipo legal de la expresidenta esgrimió múltiples razones. La edad (72 años), la necesidad de custodia permanente, y el hecho de haber sido víctima de un intento de magnicidio durante el proceso judicial fueron algunos de los fundamentos utilizados. En ese sentido, su abogado, Alberto Beraldi, señaló que “lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal”, y recordó que Gerardo Milman, ex mano derecha de Patricia Bullrich, está imputado por presunto vínculo con el atentado .

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, había trabajado en las últimas horas para evitar la marcha prevista para este miércoles. Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo confirmaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , expresó públicamente la idea de que CFK fuera notificada vía Zoom, algo que finalmente ocurrió. También trascendió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio , habría mantenido conversaciones con jueces del TOF 2 con el objetivo de evitar una nueva concentración multitudinaria en apoyo a la expresidenta .

Para el oficialismo, una movilización de gran tamaño frente a Comodoro Py hubiera sido un escenario difícil de gestionar desde la narrativa política y mediática. La imagen de miles de personas respaldando a una condenada en sede judicial hubiera generado un impacto negativo para el gobierno, especialmente en la cobertura internacional.

Con la decisión del juez Gorini, ahora queda en manos de los organizadores decidir si dan por cancelada o modificada la convocatoria original. Mientras tanto, el debate político sigue abierto: ¿fue la prisión domiciliaria una medida de excepción basada en criterios objetivos? ¿O fue una concesión judicial para evitar disturbios y tensión social?

La central obrera repudió la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la calificó de injusta y se sumó a la concentración popular en defensa de la democracia de este miércoles frente al domicilio de Cristina.

A través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner tras la notificación de la sentencia en su contra, y convocó a una concentración popular “que manifieste el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria”.

En el texto, la central obrera se posicionó con claridad: “Los trabajadores y trabajadoras, estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”, afirmaron, en referencia a la expresidenta, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos fue ratificada por la Justicia.

La CGT convocó a todos los gremios y trabajadores y trabajadoras que deseen sumarse a la manifestación como forma de expresar “convicción, pertenencia y solidaridad”, y habilitó a aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones propias a llevarlas adelante. “Quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen”, señalaron.

En su cierre, el comunicado deja una definición contundente: “Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”. La declaración lleva la firma del Consejo Directivo Nacional y está fechada el 17 de junio de 2025.

Los datos, relevados este mes por distintas consultoras, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

La condena ratificada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner provocó un fuerte impacto en la opinión pública, reflejado en los resultados de dos encuestas nacionales realizadas por las consultoras Trespuntozero (Shila Vilker) y CB (Cristian Buttié). Los datos, relevados entre el 11 y el 12 de este mes, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

Según Trespuntozero, Cristina Kirchner alcanzó una imagen positiva del 40%, frente al 36,3% que registraba en la medición anterior. También creció el porcentaje de votantes que podrían llegar a respaldarla electoralmente: del 39% al 43,1%. Estos números sugieren un efecto rebote tras la condena, que logró movilizar a una parte del electorado que percibe la situación judicial como un acto de persecución política.

En paralelo, la encuesta de CB confirma el aumento de la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Al ser consultados sobre si los jueces fallan en base a pruebas o por presiones políticas y mediáticas, el 38,3% de los encuestados respondió que lo hacen por presiones, mientras que solo el 24,5% considera que se basan en las pruebas del juicio. Otro 35,5% cree que influyen ambas razones.

Además, el 49,6% de los encuestados opina que existe una “doble vara” en la Justicia argentina, al considerar que otros expresidentes o actuales funcionarios no son investigados con la misma intensidad que Cristina Kirchner. Solo el 34,3% cree que todos los dirigentes son tratados por igual ante la ley, y un 16% no dio respuesta.

Si bien el presidente Javier Milei mantiene el liderazgo en imagen positiva con un 52,2%, la revalorización de la figura de la expresidenta y el creciente cuestionamiento al accionar judicial ponen en evidencia una polarización cada vez más marcada entre kirchnerismo y antikirchnerismo, profundizando la ya instalada grieta en la política argentina.

El gobernador Axel Kicillof realizó un posteo breve posteo para convocar a la militancia a la movilización en apoyo a la expresidenta.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a movilizarse este miércoles 18 para acompañar a la expresidenta Cristina Kirchner hasta los tribunales de Comodoro Py y luego de regreso a su domicilio, en el marco de una movilización para la que se esperan más de medio millón de personas.

“Este miércoles 18 acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia. ¡Nos vemos ahí!”, publicó el mandatario bonaerense, sumándose al pedido de prisión domiciliaria para la ex mandataria, condenada por la Corte Suprema en la Causa Vialidad.

La convocatoria fue impulsada por el peronismo, funcionarios y agrupaciones políticas como La Cámpora e incluirá una movilización a las 10 desde el domicilio de CFK en San José 1111, con destino a los tribunales federales porteños, donde se haría efectiva la detención.

Mientras tanto, la expresidenta evaluaba por estas horas su estrategia judicial. Su defensa solicitó que la notificación del inicio del cumplimiento de la condena se realice vía Zoom y no de forma presencial, a la espera de que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) resuelva el pedido de prisión domiciliaria.

Este miércoles 18 acompañamos a @CFKArgentina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia.

¡Nos vemos ahí! ✌️#ArgentinaConCristina 🇦🇷 pic.twitter.com/OS2ougIvuM

— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 16, 2025

La Justicia pidió que garanticen la seguridad para detener a Cristina Kirchner

El TOF 2, que condenó a Cristina 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, le pidió al Gobierno nacional y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que arbitren los medios necesarios para garantizar la seguridad durante la inminente detención de la expresidenta y la marcha convocada por el peronismo para el miércoles 18 de junio, desde su domicilio en Constitución hasta los tribunales.

El oficio fue firmado el sábado por el juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, y dirigido a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; y también a las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, responsable del edificio judicial ubicado en la avenida Comodoro Py 2002. En el mismo, se señala que las detenciones de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la Causa Vialidad “se materializarán entre el martes y el miércoles” en la sede del tribunal.

“Se solicita que se sirvan arbitrar los medios necesarios a fin de brindar seguridad suficiente en los alrededores y en las inmediaciones del edificio, y dentro del mismo, en especial en el sexto piso donde tiene asiento este tribunal”, indica el escrito judicial, al que accedió Infobae.

El requerimiento judicial se da en paralelo al fuerte operativo de seguridad que desde el jueves se está diseñando entre fuerzas federales y porteñas. La movilización del miércoles, convocada por organizaciones políticas, sociales y sindicales afines al kirchnerismo, genera preocupación en los distintos niveles del Estado por su dimensión y el clima de tensión que se respira en las calles.

También fueron notificados los responsables de la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ubicada en Comodoro Py, donde podría realizarse el procedimiento de detención de la exmandataria. Si no se le otorga la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner sería alojada allí en una primera etapa.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó públicamente la postura del Gobierno nacional: evitar que Cristina Kirchner tenga que presentarse físicamente en los tribunales. “Me parecería absolutamente lógico que la notificación pueda hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir. Eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales”, advirtió en una entrevista en el canal A24.

La Casa Rosada propuso oficialmente posibles lugares de detención acordes a las características personales e institucionales de Cristina Fernández de Kirchner. La información fue considerada confidencial por el tribunal y se encuentra resguardada en sobre cerrado dentro de una caja fuerte. En el mismo sentido, Francos había declarado que “hay una decisión generalizada de que los mayores de 70 años pueden pedir ese beneficio”, en referencia a la prisión domiciliaria. Pero también remarcó que, de otorgarse, debería implicar ciertas restricciones, como evitar apariciones públicas o saludos desde el balcón, como los que la expresidenta protagonizó en los últimos días.

Expectativa por el dictamen fiscal: ¿domiciliaria sí o no?

Esta jornada será clave. Está previsto que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminen sobre el pedido de prisión domiciliaria presentado por los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. La defensa alegó que la expresidenta, de 72 años, tiene derecho a cumplir su condena en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, por motivos de edad, seguridad y estado de salud. Además, recordaron que fue víctima de un intento de homicidio en septiembre de 2022 y que cuenta con custodia oficial.

Según trascendió, los fiscales estarían inclinados a rechazar el pedido, en línea con sus posturas previas. En dos oportunidades solicitaron la “inmediata detención” de Cristina Kirchner, aun antes de vencido el plazo de cinco días hábiles concedido por el tribunal para que todos los condenados se presenten de manera voluntaria. Dicho plazo concluye este miércoles 18, día en el que la exmandataria anunció que irá a Comodoro Py.

Una vez emitido el dictamen fiscal, el TOF 2 quedará en condiciones de resolver. Fuentes judiciales estiman que la decisión podría conocerse mañana mismo, en un intento de “descomprimir” la marcha planificada. “No es lo mismo movilizarse sabiendo que va a volver a su casa, que hacerlo con la incertidumbre de si irá presa a una unidad del SPF”, explicaron desde el área de Seguridad.

A poco más de 16 meses del inicio de la gestión de Javier Milei, el país enfrenta una pérdida alarmante de casi 200.000 empleos registrados, una señal clara del profundo impacto que ha tenido el ajuste económico sobre el mercado de trabajo formal.

El llamado “efecto motosierra”, lejos de limitarse al gasto público, también alcanzó de lleno a los trabajadores formales. Según los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 195.674 empleos registrados. El derrumbe afecta al sector privado, al empleo público y al trabajo en casas particulares.

Un ajuste que se siente en todos los sectores

• Sector privado: -115.353 puestos
• Sector público: -58.210 puestos
• Casas particulares: -22.111 puestos
• Total: -195.674 empleos registrados menos

La caída del empleo formal no es uniforme, pero sí generalizada. El 59% de la pérdida se concentra en el sector privado, mientras que el 30% corresponde al empleo público y el 11% al trabajo doméstico. El ajuste, por tanto, golpea transversalmente al tejido laboral.

El monotributo como refugio de la precarización

En este contexto de contracción del empleo formal, el monotributo es el único régimen que muestra crecimiento, con casi 75.000 nuevos inscriptos entre noviembre y marzo. El avance de esta modalidad refleja un cambio estructural: muchos trabajadores migran hacia formas de contratación más flexibles, inestables y con menor cobertura de derechos laborales.

Estancamiento, salarios debilitados y un mercado que no se recupera

A pesar de una leve desaceleración en la caída del empleo formal durante el segundo trimestre de 2024, el mercado laboral continúa estancado. Las variaciones mensuales de empleo entre enero y marzo de 2025 fueron mínimas, y los niveles actuales siguen siendo los más bajos en dos años.

A este deterioro se suma el debilitamiento del salario real. Tras una recuperación parcial en el segundo semestre de 2024, los sueldos volvieron a perder fuerza en los primeros meses de 2025. El investigador Luis Campos lo resumió con crudeza: “El empleo formal está estancado en mínimos desde hace meses y la recuperación salarial ya se agotó. El mercado laboral necesita que alguien lo empuje”.

Un comerciante indignado, denunció que policías federales forzaron su kiosco en La Salada, lo vaciaron y destruyeron cámaras y computadoras durante la clausura judicial. Quedaron escrachados por las cámaras.

En un nuevo episodio que pone bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad, un grupo de policías federales —identificados como parte del operativo bajo gestión de la ministra Patricia Bullrich— fue captado por cámaras de seguridad desvalijando un kiosco durante la clausura judicial de la feria de La Salada, en Lomas de Zamora.

Julio, el comerciante afectado, denunció que los efectivos forzaron su puesto, se llevaron mercadería de alto valor, destruyeron cámaras de vigilancia y computadoras, y causaron un daño económico estimado en más de 8 millones de pesos. “Es todo sacrificio. Me quiero reponer, pero me cuesta. Esto me genera bronca e impotencia”, expresó visiblemente afectado.

El hecho ocurrió mientras la feria permanecía clausurada por orden del juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y violación a la ley de marcas que involucra al conocido empresario Jorge Castillo y en donde también hubo fuertes presiones de la propia embajada de Estados Unidos la cual desde hace años presiona por la clausura de la feria. Aunque el predio fue reabierto recientemente, muchos puesteros aún no logran recuperarse de las millonarias pérdidas sufridas.

Agarraron in fraganti a 5 agentes de la Policía Federal de Patricia Bullrich saqueando el local de un laburante. "Los buenos son los de azul" dice Milei mientras financiamos robos y un homicidio a un nene de 7 años pic.twitter.com/7kFRdOSBl0

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 16, 2025

Las imágenes del saqueo, que circularon rápidamente por redes sociales, generaron un fuerte repudio y renovaron las críticas al manejo represivo de las fuerzas federales bajo la conducción de Bullrich. La feria reabrió este fin de semana largo, pero los comerciantes lamentan no haber podido trabajar durante fechas clave como el Día del Padre, una de las jornadas de mayor venta del año.

Este escándalo no solo suma tensión a la ya conflictiva relación entre feriantes y fuerzas de seguridad, sino que vuelve a poner en cuestión los métodos con los que se ejecutan las intervenciones judiciales en espacios populares. La pregunta que muchos se hacen es: ¿quién controla a quienes dicen venir a impartir orden?

La clase media debe destinar una mayor parte de sus ingresos a hacer frente a los aumentos en los precios y tarifas de servicios públicos y privados.

El consumo masivo en Argentina volvió a mostrar señales de retroceso en mayo, con una caída generalizada en todo el país, pero más pronunciada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pesar de una desaceleración inflacionaria en ciertos rubros y tímidos indicios de mejora en los ingresos promedio, la clase media no logra capitalizar este escenario: los fuertes aumentos sostenidos en tarifas de servicios públicos y privados siguen absorbiendo buena parte de sus ingresos.

La baja en las ventas por el Día del Padre —un 1,7% menos respecto al año pasado, según CAME— no fue un hecho aislado, sino una muestra más de la retracción general en el consumo. De acuerdo con Focus Market, en mayo las ventas minoristas cayeron un 0,9% interanual y un 3,2% en comparación con abril. Esta última cifra refleja un deterioro más intenso en el AMBA (con una caída del 3,6% respecto a mayo de 2024), mientras que en el Interior del país la baja mensual fue mayor (4,1%), aunque con una leve suba interanual del 0,6%.

En este contexto, el consumo masivo —alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza— continúa en descenso. Según Damián Di Pace, director de Focus Market, la estabilidad de precios no se ha traducido en una recuperación efectiva del poder adquisitivo. “Aunque la inflación promedio mensual se modera, el alza de precios en servicios, producto de la corrección de precios relativos, resta capacidad de consumo en bienes”, explicó.

La paradoja se desvanece cuando se observa el comportamiento de la clase media: lejos de volver a llenar changos y alacenas, los ingresos adicionales que podrían haber impulsado el consumo se redirigen al pago de tarifas que habían estado subsidiadas en muchos casos y que, en los últimos 18 meses, registraron fuertes aumentos.

Los comercios de cercanía y autoservicios también sienten el impacto. El formato Self-Independiente cayó 2,1% respecto a abril y 0,6% interanual, mientras que los autoservicios grandes mostraron una baja mensual del 3,8%, aunque con un leve repunte del 0,7% interanual.

El consumidor promedio atraviesa esta nueva etapa con extrema cautela. Después de un período de compras anticipadas para proteger el ingreso frente a la inflación, hoy predomina el miedo a no llegar a fin de mes, más que al alza de precios. “El daño al poder adquisitivo fue profundo, y la baja de la inflación, por sí sola, no basta para reactivar el consumo”, concluyó Di Pace.

La ministra firmó una resolución interna que permite a la Policía Federal monitorear redes sociales “en tiempo real” bajo criterios ampliamente discutibles. ¿Hasta dónde llega el control estatal?

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich dio luz verde a un operativo de espionaje digital en redes sociales y firmó una resolución que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a monitorear perfiles y publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, todo ello bajo una autorización judicial previa.

Según se detalla en el texto oficial, “la PFA podrá monitorear las redes sociales en tiempo real cuando exista fundamento legal y orden judicial expresa”. El objetivo declarado era detectar conductas delictivas o eventos de riesgo colectivo. Pero detractores y especialistas advierten que esta medida puede convertirse fácilmente en una herramienta de control político si no hay límites claros.

La implementación de esta política implicó la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real, incluyendo la instalación de un centro de análisis dentro de la fuerza policial. Este espacio contaba con software especializado para mapear usuarios, detectar patrones de comunicación y predecir movimientos de protesta social.

Fuentes cercanas al área de inteligencia confirmaron que se llegó a desarrollar un protocolo operativo para solicitar permiso judicial y comenzar a seguir perfiles en redes sociales bajo el argumento de prevención del delito. Este tipo de prácticas, aunque reguladas por marcos legales, suelen aplicarse con criterios difusos que ponen en jaque el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ya expresaron públicamente su preocupación por el alcance de estas medidas. Para ADC, “la vigilancia digital sin control parlamentario ni judicial efectivo termina convirtiéndose en una herramienta de control político”.

Además, señalaron que el uso de estas herramientas en contextos de protesta social puede generar autocensura ciudadana y represión preventiva, algo que ya se ha visto en otros países donde gobiernos autoritarios utilizaron el pretexto de la seguridad para perseguir opositores.

Desde el oficialismo de aquel momento se defendió la medida como parte de una nueva estrategia de inteligencia moderna, necesaria para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la organización de disturbios callejeros.

Sin embargo, organizaciones sociales y periodísticas denunciaron que en varias oportunidades estas herramientas fueron utilizadas para vigilar a activistas, periodistas independientes y líderes barriales, especialmente en zonas con fuerte presencia de piquetes o protestas sociales.

“No se trata de prohibir el uso de herramientas digitales, sino de garantizar que no sean usadas para criminalizar la protesta”, aseguró un comunicado conjunto de sindicatos periodísticos y defensores de derechos humanos.

Lo que más preocupa a especialistas es que este tipo de decisiones se tomen sin debate público ni participación del Parlamento. La falta de transparencia sobre qué perfiles son monitoreados, cuántas órdenes judiciales se emiten y cómo se usa esa información levanta serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales.

Aunque la normativa establece que debe haber una orden judicial específica, no siempre está claro quién supervisa el uso real de estos datos ni qué mecanismos de control existen.