La Policía requisó micros en la Riccheri, decomisó pertenencias personales y aplicó controles arbitrarios a militantes que se dirigían a la Plaza de Mayo. La ministra Patricia Bullrich volvió a aplicar su “protocolo represivo” con el aval del Gobierno nacional. La Casa Rosada, además, anticipó descuentos salariales a los empleados públicos que se sumen a la protesta.
Con un despliegue propio de un Estado de excepción, el Gobierno nacional activó esta mañana un operativo de amedrentamiento contra manifestantes que se dirigían a la Plaza de Mayo para participar de la convocatoria del PJ en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectivos de fuerzas federales interceptaron micros en la Autopista Riccheri, aplicaron requisas arbitrarias y realizaron controles de alcoholemia a choferes sin ninguna justificación legal.
Testimonios de militantes señalaron decomisos injustificados de objetos personales y retención de vehículos sin orden judicial. “Quieren evitar que lleguemos a la marcha. Nos revisaron todo sin decir por qué, como si fuéramos delincuentes”, denunció uno de los militantes.
La medida forma parte de la aplicación estricta del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bajo la excusa del orden público convierte cualquier expresión política en un acto sospechoso. La Plaza de Mayo amaneció completamente vallada y con un fuerte dispositivo de seguridad, mientras se anticipó también un cerco policial en las inmediaciones del Congreso, donde se movilizan todos los miércoles jubilados y pensionados.
Como parte de la escalada persecutoria, el Ejecutivo anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro y participen de la marcha. La convocatoria, impulsada por el PJ tras conocerse la prisión domiciliaria contra Cristina, denuncia una estrategia de proscripción política y persecución judicial contra la principal figura del peronismo.
La marcha se espera masiva, con epicentro a partir de las 14 horas. Para el oficialismo, sin embargo, el verdadero problema no es el tránsito ni la logística: es que el pueblo vuelva a las calles. Y ese pueblo, pese a las amenazas, volvió.
