La acusan de ordenar detenciones arbitrarias y allanamientos violentos por un hecho que no constituye delito penal. La denuncia ya fue presentada ante el Consejo de la Magistratura.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó en el centro de una fuerte polémica tras ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura por ordenar la detención de cinco militantes en un operativo calificado como “desproporcionado, violento e injustificable” por consejeros y dirigentes de la oposición.
La presentación fue impulsada por los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, quienes acusaron a la magistrada de utilizar la estructura judicial como herramienta de persecución política. “Se trata de un caso de abuso de poder gravísimo. Se allanaron viviendas de madrugada, se detuvo a mujeres y militantes sociales sin elementos que justifiquen esas decisiones, y se las trasladó a cárceles de máxima seguridad como si fueran peligrosas delincuentes”, denunciaron.
Los hechos que motivaron la detención de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes —todas personas vinculadas a espacios del peronismo— no representan, según los denunciantes, ningún tipo penal. “A lo sumo, se trata de una contravención municipal, pero Arroyo Salgado decidió tratarlas como criminales. Eso es persecución política disfrazada de legalidad”, apuntó Recalde.
Siley, por su parte, subrayó la gravedad institucional del caso: “Se usaron recursos del Estado para montar un espectáculo judicial, se las incomunicó, se las maltrató y no se brindó ninguna información concreta porque el expediente permanece bajo secreto de sumario. Es un uso autoritario del poder judicial para amedrentar a la militancia”.
La denuncia ya ingresó formalmente al Consejo de la Magistratura, donde los consejeros esperan un pronto tratamiento. “Tenemos ciudadanas y ciudadanos detenidos ilegalmente por razones políticas. Arroyo Salgado no puede seguir escondiéndose detrás del cargo”, insistieron.
La situación se suma a un clima de creciente tensión en el frente judicial, con denuncias de represión, espionaje, lawfare y un Poder Judicial cada vez más alineado con los sectores más duros del oficialismo. La figura de Arroyo Salgado —exesposa de Alberto Nisman y con historial de intervenciones controversiales— vuelve a quedar bajo la lupa.
